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Cuando el aislamiento social y obligatorio por el coronavirus lleva más de un mes, con un freno casi total de la economía nacional, la Ciudad de Buenos Aires implementará a partir de los próximos días un plan de emergencia económica con el objetivo de disponer de mayores recursos para hacer frente a la pandemia.
Según anunció el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un proyecto de ley que incluye una serie de medidas para «garantizar que los fondos están disponibles para lo que lo necesitamos hoy».
Entre otras cosas, los funcionarios de los tres poderes harán «un aporte solidario» del 25% de sus sueldos; no se iniciarán obras públicas nuevas, «más allá de lo que tiene que ver con hospitales»; habrá «flexibilidad para el redireccionamiento de fondos» y se revisarán o darán de baja «los contratos de servicio que hoy tiene la Ciudad», según lo que dijo Larreta en conferencia de prensa.
«Queremos poner todas las finanzas del Estado para garantizar la atención del coronavirus», afirmó el Jefe de Gobierno porteño.
Respecto al presupuesto, el ministro de Hacienda, Martín Mura, explicó: «La idea es dotar al Ejecutivo de mayor flexibilidad, para poder asignar las partidas a las áreas que están al frente de la pandemia. Esto incluye poder suspender gastos que no son indispensables y no iniciar obras».
Tras la polémica que se generó en el Gobierno nacional por la compra de alimentos con sobreprecios, Mura planteó un nuevo procedimiento para la adquisición de productos en la Ciudad.
«Todo esto lo tenemos que hacer con transparencia y con eficiencia, por eso estamos armando un nuevo procedimiento para las compras que tengan que ver con el coronavirus. Vamos a desarrollar una plataforma que permitirá a los vecinos ver lo que estamos comprando», aseguró.
«Se van a solicitar declaraciones juradas de quienes son los accionistas, con el objetivo de ponerle transparencia al esfuerzo que hacen los vecinos al pagar los impuestos», siguió.
Además, Mura explicó que facultarán a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) a generar beneficios para empresas y contribuyentes que puedan adelantar el pago de impuestos, ya sea ABL o Patentes, entre otros. «Tenemos previsto por cómo se dio la situación un bache grande de recaudación», argumentó.
En sintonía con el aporte solidario del 25 por ciento, el funcionario adelantó otras medidas en épocas de austeridad: «Estamos planteando un congelamiento en la planta de todos los poderes. Vamos a suspender todos los convenios de asistencia y todas las modalidades de contratación de gente nueva«. Y agregó: «Hemos reasignado mucha gente de áreas no esenciales a áreas esenciales, aparte de haber incorporado ya 2.600 personas en las áreas críticas.
JPE
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