La Cámara de Casación ratificó el avance del juicio contra Lázaro Báez por lavado

La Justicia federal ratificó el avance del juicio contra Lázaro Báez por presunto delito de lavado de dinero. El tribunal no hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa del empresario kirchnerista, lo cual hubiera implicado retrotraer el juicio a la etapa anterior.

Según informó el parte oficial, se trata de la causa denominada “M&P” -que es un tramo de la causa conocida como “Ruta del dinero K”– en la que se le acusa a Báez haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos.

En ese sentido, se le imputa a Báez integrar ese dinero negro al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y presuntamente cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron.

Así las cosas, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, no hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa de Lázaro Báez.

La queja se había efectuado contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la ciudad de Buenos Aires.

«En el caso, Báez solicitaba la convocatoria de ciertos testigos propuestos por su defensa y la producción de medidas de instrucción suplementaria, lo que hubiera implicado retrotraer el juicio a su etapa anterior«, concluyó el texto.

En el fallo de la Casación Penal, fechado este jueves 1 de octubre, se lee: «La defensa no ha logrado exponer, ni se advierte, a partir de los fundamentos expresados por el a quo una vulneración al derecho de defensa en juicio del imputado».

Hace semanas que Lázaro Báez cumple su prisión preventiva fuera del Penal de Ezeiza. Permanece en un domicilio bajo resguardo, en una casa prestada en el Gran Buenos Aires.

Dueño de un patrimonio cuya valuación oficial es de US$ 205 millones al contabilizar 1.412 propiedades, Lázaro Báez dejó la cárcel sin afrontar el pago de la fianza impuesta por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). La caución era de $ 368 millones, pero su defensa sostuvo que no podía afrontarla y reclamó un arresto domiciliario que fue concedido por orden de la Cámara de Casación.