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La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) demandaron hoy al Gobierno de Donald Trump, por impulsar una decisión administrativa que podría obligar a los alumnos extranjeros a abandonar el país si las instituciones educativas autorizaran clases a distancia.
Ayer, las autoridades migratorias del país informaron que los alumnos extranjeros que cursan estudios en Estados Unidos podrían quedar sujetos a ser deportados si sus universidades empiezan a impartir exclusivamente clases no presenciales, una decisión que están tomando varias casas de estudios en el marco de la pandemia de coronavirus.
La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, pretende bloquear la directiva oficial con el argumento de que viola la Ley de Procedimientos Administrativos.
«La orden (de las autoridades migratorias) cayó sin previo aviso», dijo Larry Bacow, el presidente de Harvard, que anunció a principios de esta semana que todos los cursos se impartirán bajo la modalidad «en línea», incluso para los estudiantes que viven en el campus, normativa que afectará a aproximadamente 5.000 estudiantes, según informó la cadena de noticias CNN.
La crueldad de la normativa «solo fue superada por su imprudencia» agregó Bacow, quien subrayó que la misma «parece que fue diseñada a propósito para presionar a los colegios y universidades a que abran sus aulas en el campus este otoño (boreal), sin tener en cuenta las preocupaciones por la salud y la seguridad de los estudiantes, instructores y otros empleados de las instituciones.
«Esto llega en un momento en que Estados Unidos ha establecido récords diarios para la cantidad de nuevas infecciones, con más de 300.000 casos nuevos reportados desde el 1 de julio», agregó el académico.
La normativa obliga a los estudiantes que quieran permanecer en Estados Unidos a buscar alternativas que incluyan la matriculación en programas que se impartan de modo presencial.
El mes pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta 2021, con la intención de favorecer el empleo entre los estadounidenses.
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