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Las casillas en tierras tomadas en Guernica y el posterior desalojo con tractores y la Bonaerense volvieron a poner en agenda el déficit de vivienda. Más de la mitad de las personas que viven en ciudades no acceden a algún servicio público, como puede ser agua, gas de red o desagües cloacales, y a lo largo de los años desciende la cantidad de propietarios de una vivienda. Así se desprende del informe condiciones de vida de los hogares, que publicó el Indec para 31 aglomerados urbanos, donde viven 28,6 millones de personas.

“El hacinamiento y la falta de acceso a la vivienda apareció con la pandemia, pero ya estaba desde hace tiempo. No hay grandes cambios en los datos, salvo algunos empeoramientos, lo grave son las condiciones estructurales”, explicó a este diario Eva Sacco, economista e investigadora del Centro de Economía Política (Cepa).

Los datos del Indec, actualizados al primer semestre de 2020, muestran que hay 1,3 millones de personas que viven en hacinamiento crítico, es decir, más de tres personas por cuarto (4,7 por ciento de las personas en los aglomerados urbanos). En el primer semestre de 2018 el hacinamiento alcanzaba al 4,5 por ciento de las personas.

“La situación estructural fue generando una bomba de tiempo, que con la crisis a partir de 2018, y con el agravamiento de la pandemia, hicieron eclosión”, aseguró Sacco. “Las tomas como en Guernica son apenas la punta del iceberg”, agregó la economista.

En cuanto a los servicios públicos, hay 10,8 millones de personas que no acceden a gas en red (37,8 por ciento) y 9,6 millones de personas no acceden a desagües cloacales (33,7 por ciento). El servicio público con mayor cobertura es el del agua, al que acceden el 89,9 por ciento de los hogares. Más de la mitad de las personas en las ciudades (51,5 por ciento) no acceden a algún servicio o red pública. Son 14,7 millones de personas.

En cuanto al régimen de tenencia de vivienda se observa un deterioro. En el primer semestre de 2018, el 66,8 por ciento de las personas eran propietarias de la vivienda y su terreno, cifra que cae al 63,8 por ciento en 2020. Por el contrario, en el 2018 el 27,6 por ciento de hogares en las ciudades era de inquilinos u ocupantes, cifra que sube al 29,5 por ciento de los hogares este año.

De todos modos, los problemas estructurales trascienden en el tiempo. “A pesar de la mejora de los ingresos desde el 2003 en adelante, aumentó la inquilinización y el acceso de forma precaria. Un aprendizaje para la salida de esta crisis es que se necesitan políticas específicas para pensar la vivienda. Los problemas estructurales no sólo se resuelven con ingresos, transferencias y redistribución”, opinó Sacco.

En cuanto a las características de la vivienda, 3,9 millones de personas viven en zonas inundables y 2 millones viven cerca de basurales. Los números se mantienen relativamente constantes desde el 2018.

Donde se observa el mayor retroceso en los últimos años es en acceso a gas en red. En el primer semestre de 2018, accedían el 66 por ciento de las personas, mientras que en 2019 cayó al 64,6 por ciento y este año al 62,2 por ciento. Uno de los motivos que podría explicar esta situación, según Sacco, es en parte el mayor uso de garrafas en villas de emergencias, y las construcciones del mercado inmobiliario que realizan todo de manera eléctrico. Según sectores de la construcción, esto se debe en parte a una búsqueda de abaratar costos, pero también a tendencia en todo el mundo. Para mejorar la falta de acceso a gas en red, existe una línea de financiamiento del programa Procrear, y también el programa de mejoramiento de barrios (Promeba) que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid). 



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