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El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), también del frente llamado «Patria Grande» y del Movimiento de Trabajadores Excluidos» (MTE), el abogado Juan Grabois, no es funcionario del Gobierno Nacional. Pero trabaja como si lo fuera. Tiene razones. Con apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández, y por su cercanía nunca desmentida y real con el Papa Francisco, logró designar a funcionarios y funcionarias de su absoluta confianza en puestos claves para controlar el principal plan gubernamental para empezar a terminar con la falta de viviendas dignas en la Argentina.

Se trata de la acción que sigue los ordenamientos de una Ley, votada en el 2018 con consenso de oficialistas y opositores, y avalada por el Vaticano, que se inició con el registro de los barrios carenciados de todo el país. Se intentará urbanizarlos. Y regularizar la propiedad de esas tierras otorgándoselas a sus actuales habitantes. Los asentamientos que necesitan mejorar su infraestructura son cuatro mil cuatrocientos. Los ocupantes que se instalaron en esos terrenos múltiples y diversos, donde falta todo, desde agua a cloacas, luz y asfalto, podrán acceder a un título registral de sus viviendas. Los «barrios populares» que entraron al censo oficial no podrán ser desalojados por la Justicia por un lapso de cuatro años si es que sus antiguos dueños reclaman esa acción legal. Lo dice la Ley. El organismo que estudió esas tierras con viviendas con necesidades se llama Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Grabois, a través de funcionarias y funcionarios que militaron con él, tiene el manejo real de esta política pública. La funcionaria encargada de censar a los barrios pobres, y de concretar sus urbanizaciones, milita con Grabois hace años y se llama Fernanda Miño. Es la titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana.

En la gran mayoría de los casos, los más de 4.400 barrios registrados por el Estado se erigieron hace años en terrenos fiscales. Pero otros lo hicieron en tierras de privados. El Estado podrá expropiar esos terrenos pagándole lo que le corresponda a sus dueños originales. El presupuesto para lograr el objetivo final es de más de 8 mil millones de pesos. Grabois trabaja sobre esa reconfiguración de la tierra en la Argentina. La legislación que puso en funciones al RENABAP es la número 27.743. Lleva el título de «Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana».

Al mismo tiempo, y también por apoyo de la vicepresidenta, Grabois le presentó al presidente Alberto Fernández, y a distintos ministros, otro plan más ambicioso que va en un mismo sentido a la ley RENABAP, pero al mismo tiempo es más amplio y profundo, y no tiene basamento en legislación alguna. En un principio el proyecto se llamaba «San Martín» pero fue rebautizado como «Plan de Desarrollo Urbano Integral». La idea de Grabois es «repoblar» la Argentina «relocalizando industrias, revitalizando pequeños pueblos y creando comunidades rurales que desarrollen agricultura familiar, campesina e indígena». Para que ese nuevo país funcione se estudió la instalación de un novedoso sistema de transporte interurbano. El proyecto podría darle trabajo a 4 millones de trabajadores hoy excluidos del esquema laboral formal, y a 170 mil empleados que tienen hoy contratos bajo los regímenes legales. Tendría un costo para el Estado de 750 mil millones de pesos. Exorbitante.

Aun así, consiguió el aval del Presidente.

«Hay una necesidad social de gente que necesita un techo y hay que atender», declaró Fernández (Alberto) en Radio 10, y especificó que consideraba que la idea de cambiar el modo de urbanización de la Argentina, entregándole tierras en zonas rurales a nuevos campesinos, «no es descabellada».

Ese proyecto busca modificar la urbanización y la propiedad de la tierra a nivel nacional con magnitudes jamás conocidas hasta ahora.

Grabois da discursos públicos muy radicalizados, afirma estar a favor de la reforma agraria y provocó conflictos que se nacionalizaron, como la toma de sus militantes del campo «Santa Helena», de la familia Etchevehere, donde intentó instalar un proyecto de agroecología llamado «Artigas».

En éste último plan falló.

Pero el día después de que sus militantes fueran obligados por la Justicia a desalojar un campo que se determinó que estaban usurpando de modo ilegal, el propio presidente Fernández confirmó el apoyo que Grabois tiene de parte del Gobierno.

¿Se puede lograr ese objetivo sin alentar tomas de terrenos realizadas de modo ilegal?

La propuesta de Grabois generó sospechas en varios funcionarios porque postula evitar los laberintos burocráticos de las finanzas ejecutando un presupuesto a través de un fideicomiso, lo que escaparía a los controles necesarios para garantizar su transparencia.

Grabois, siempre simbólico para bautizar, le puso a ese imaginario fideicomiso el nombre del sacerdote emblema del peronismo de izquierda: «Mugica», por Carlos Mugica, asesinado en la Villa 31 por movimientos de la derecha del PJ de los 70.

El avance y la influencia creciente de Grabois genera incomodidad en varios de los principales funcionarios del Gabinete.

Pero el dirigente social es muy querido por la vicepresidenta, a quien acompañó en persona a los tribunales en sus últimas presentaciones judiciales en casos de corrupción.

Para impulsar la ley del registro de los barrios carenciados, Grabois logró imponerse a las críticas de la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, de quien dependía ese plan estatal. La Secretaría de Integración Socio Urbana estaba bajo el mando de Bielsa, que luego de discutir fuerte con Grabois por diferencias en sus métodos de control y ejecución de las finanzas estatales, perdió la interna.

EL organismo a cargo del RENABAP pasó a la cartera de Desarrollo Social, de Daniel Arroyo.

Miño, su titular, militante de los movimientos sociales de Grabois, sigue al frente del proyecto.

El viernes pasado, mientras aun se vivían repercusiones de los desalojos en el campo de los Etchevehere y en la localidad de Guernica, la funcionaria Miño firmó un convenio para empezar a urbanizar barrios del RENABAP en la provincia de Chaco.

La polémica podría recién empezar.

Según fuentes del Gabinete, de los movimientos sociales, intendentes y legisladores que están al tanto del tema, el registro de los «barrios populares» que inscribió la funcionaria Miño para urbanizarlos aumentaron de acuerdo al censo original. Ocurre que se habrían incluido también asentamientos que nacieron como usurpaciones de tierras, algunas recientes, y otras que llevarían algunos años en esa dinámica. Como se dijo, con esta inclusión en el RENABAP pasan a ser inmunes a potenciales desalojos dictados por la Justicia durante un lapso de cuatro años.

¿El Estado avalaría entonces usurpaciones de tierras que no habían sido censadas antes como «Barrios Populares» por el RENABAP?

El tiempo dirá. Las fuentes coinciden en que sí.

Grabois logró que el Gobierno de Fernández (Alberto) le cediera parte del poder en la crisis por el déficit de viviendas y tierras, y también en el manejo de cientos de miles de planes sociales que controla la CTEP, porque además de haberse ganado la estima de Fernández (Cristina), tiene un vínculo con el Papa Francisco.

El dirigente social suele citar al jefe de la Iglesia Católica en sus declaraciones públicas.

¿Qué piensa el Papa del problema de la tierras y las expropiaciones a grandes terratenientes o los desalojos de usurpadores según dictamina la Justicia en esos conflictos?

Hace casi exactos seis años, el 27 de octubre de 2014, el Papa habló ante diferentes movimientos populares alineados con el Vaticano. Entre ellos, los de Juan Grabois.

Dijo, entre muchos otros conceptos: «Tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista». Y agregó: «La palabra solidaridad, que no cae bien, es un modo de hacer la historia y eso hacen los movimientos populares».

Y siguió. Elogió a los movimientos populares y dejó flotando un concepto que repitió en el 2015 y en el 2016 en reuniones del mismo estilo: «Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo».

Grabois irrumpió ante la opinión pública con fuerza discursiva. Acciones polémicas y cuestionadas por la Justicia.

Y mucho poder.

Ya lo tenía en la gestión de Mauricio Macri.

Pero ahora aumentó su influencia.

Mucho más.



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