Estado actual del concurso de Vicentín | La deuda e…

Vicentin debe un total de 1350 millones de dólares a 2638 acreedores. Al tipo de cambio oficial, son casi 100 mil millones de pesos de deuda. Se calcula que alrededor de tres cuartas partes de la deuda fue contraída con el sistema bancario, mientras que el resto es deuda de la cerealera con los productores agrícolas, acopiadores y otros actores del agro. Entre los acreedores, sobresale el Banco Nación (18 mil millones de pesos), el Banco Provincia (1800 millones), la compañía holandesa Netherlandse Financerings (9 mil millones) y la AFIP (1400 millones de pesos). La intervención de Vicentin por parte del Poder Ejecutivo y el anuncio de envío de un proyecto de ley para expropiar la empresa es una jugada que amerita ser analizada desde muchas dimensiones. Desde el punto de vista estrictamente financiero, Vicentin pretendía reestructurar la deuda con el Banco Nación con una quita que se esperaba muy alta. La quita promedio de los concursos es del 40 por ciento. Esa operación ruinosa para el Estado se evita mediante la expropiación, ya que permite conservar esa acreencia, que se descontaría del precio total a pagar por la empresa. Sin embargo, la expropiación total de la empresa requeriría una erogación adicional en un contexto de fuerte debilidad económica. 

Los críticos de la medida advierten que hay infinidad de concursos en donde el Banco Nación es acreedor pero el resultado no es la expropiación. No es éste, sin embargo, el argumento que planteará el Ejecutivo en el proyecto de ley. Además, están las objeciones a una intervención dispuesta por el poder ejecutivo a una empresa que ya está en concurso preventivo. Por vía separada, los bancos públicos acreedores, a través del Banco Nación, ya elevaron un pedido al Juzgado civil y comercial de Reconquista (Santa Fe) para que disponga una intervención judicial. 

La deuda con la Asociación de Cooperativas Agrarias asciende a casi 5 mil millones de pesos, la mayor de una larguísima lista de cooperativas acreedoras de todo el país. A la International Finance Corporation (que depende del Banco Mundial) le debe 16 mil millones de pesos. En la nómina de acreedores hay empresarios con nombre propio de peso, productores individuales, empresas de calzado, supermercados, textiles, metalúrgicas, telefónicas y empresas de electricidad, por ejemplo. En el mercado cerealero y de alimentos hay consenso en que la gestión de la empresa fue desastrosa y abundan sospechas de presuntas maniobras para inducir el default.

El concurso de acreedores es un proceso legal mediante el cual la deuda de la empresa se pone a un lado de la operatoria, lo cual le permite seguir trabajando. En paralelo, se desarrolla una reestructuración de la deuda en donde los acreedores sufren quita de capital y extensión del plazo de pago. El concurso de Vicentin está terminando la fase de verificación de los acreedores. Una vez concluida esta etapa, el juez determina cuál es el monto total que entra en la reestructuración. Para que se apruebe la reestructuración de la deuda, la empresa debe conseguir el apoyo de la mayoría simple de los acreedores (51 por ciento) y dos tercios del monto a reestructurar. Si lo logra, la empresa reduce significativamente su pasivo (lo cual equivale a una valorización) y regulariza su situación. El problema financiero se resuelve, porque suele regir un plazo de gracia para el repago. Durante el tiempo en el que se desarrolla el concurso, la empresa mantiene sus autoridades, las cuales son evaluadas por un síndico designado por el juez. Se supone que el síndico debe evitar que se produzca un vaciamiento que permita a la empresa reducir al mínimo su propuesta de reestructuración y así perjudicar a los acreedores.

“Este tipo de concursos por lo general viene más o menos encaminado por parte de la empresa, lo cual implica que siempre termina siendo un negoción para el deudor, en este caso, para Vicentin. El Estado nacional iba a terminar con una deuda pesificada y con una quita del 60 por ciento y a pagar en veinte años, a tasa mínima de interés. Esto es lo que pasó siempre. La declaración de interés público y posterior expropiación permite al Estado transformar el total de su deuda en un activo, más allá de la erogación que tiene que hacer por la diferencia entre la deuda y el valor total de la empresa. Si seguía el proceso concursal, se iba hacia una quita descomunal de la deuda. En cambio, así se hace valer la acreencia que tiene el Estado en Vicentin”, explica Marcelo Spanghero, abogado y docente universitario, especialista en derecho concursal y empresarial. La expropiación total de la empresa requiere de una fuerte erogación de dinero, porque la empresa vale mucho más que la deuda con el Banco Nación y AFIP. De mínima, hay una deuda adicional de nada menos que 1000 millones de dólares que sería necesario atender en caso de una expropiación. Otros especialistas recuerdan que el Banco Nación es acreedor en infinidad de concursos y no por ello el resultado es la expropiación. «La cantidad de plata en juego no puede ser justificativo», dicen.

Por otro lado, está el tema de la intervención del Estado nacional en un proceso que lleva adelante la Justicia. El gobierno justifica la intervención advirtiendo que la empresa ya hizo maniobras comerciales de venta de activos en medio de su disputa con los acreedores. Para otros especialistas, la intervención implica un desplazamiento de la Justicia y será uno de los argumentos de los dueños de Vicentin para defenderse en los tribunales.