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El Gobierno consiguió una votación poco conflictiva del Presupuesto en la Cámara de Diputados. En su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvo -la jugada habitual de las oposiciones cuando quieren que una ley salga-, pero también hubo diputados que votaron en contra del proyecto e incluso algunos a favor. Esa fisura era lo que buscaba el oficialismo, que quería mostrarle a la misión del Fondo Monetario Internacional que llegará a mediados de noviembre que cuenta con el apoyo -activo o tácito- para algunas de sus medidas económicas.

La falta de conflicto habla, en principio de uno de los defectos institucionales de la Argentina. La política ya no considera al Presupuesto nacional como la formulación de un plan económico y tampoco, descendiendo en la escala de las pretensiones, de la promesa de que el Gobierno mantendrá los ingresos y la administración de los gastos viajando por determinados carriles. En momentos en que la predicción de variables tan importantes como la inflación o el precio del dólar quedan en manos de los astrólogos más que de los economistas, los políticos saben que el Presupuesto es más bien un borrador que será modificado una y otra vez por las desventuras que ofrezca la providencia.

Los únicos que sí quisieron ver por escrito las promesas fueron, como siempre, los gobernadores y por eso se amontonaron en las agendas de Wado de Pedro y Sergio Massa. Todos saben que siempre es más barato pedir ahora, cuando el Gobierno necesita los votos del Congreso, que esperar turno para mendigar adelantos de Coparticipación o ATN en unos meses.

Pero la votación incruenta también mostró que la oposición sigue dispuesta a escuchar propuestas del Gobierno. ¿Tomará la decisión el Presidente de atender la invitación de Cristina Kirchner para llamar a un acuerdo lo más amplio posible para buscar alguna salida al tembladeral económico y social?

Hasta ahora, los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández insisten en que el diálogo con la oposición se mantendrá en los mismos niveles que existen hasta ahora, pero la vicepresidenta habló con mucha claridad de una negociación más amplia. La incógnita, además de que todavía nadie sabe quiénes podrían sentarse a la mesa, es qué alcances podría tener una conversación de esa clase.

Massa, De Pedro y Máximo Kirchner son los tres oficialistas que más hablan con la oposición. Dos de ellos hicieron tanteos informales con gobernadores y jefes parlamentarios de la oposición. Les preguntaron qué disposición había en Juntos por el Cambio para entablar un diálogo más profundo que el que mantienen habitualmente. La respuesta fue más o menos la misma en todos los casos: una invitación así sólo puede salir de boca del Presidente de la Nación. Si eso no ocurre, sería el mismo diálogo de siempre. De todos modos, la idea quedó rebotando en la coalición opositora. No hubo un «no» definitivo, ni nada parecido.

En la Casa Rosada todavía no está claro, luego de la frase de Cristina sobre los funcionarios que no funcionan, qué plantel seguirá ocupando los puestos del Gabinete. El Presidente habló con algunos interlocutores en los últimos días de la idea de reorganizar el Gobierno para darle más poder a unos pocos ministros que se encargarían de áreas temáticas de la gestión.

Ese gobierno con «ministros fuertes» le serviría a Fernández para darle alguna dinámica a una administración que no ha conseguido dar buenas noticias en sus primeros diez meses. A Mauricio Macri le ocurrió algo parecido cuando, con la crisis galopando, tuvo que convertir su gabinete de veinte ministros en otro con la mitad de integrantes. ¿Quiénes quedarían en esa mesa chica de Alberto Fernández? ¿Esos pocos ministros fuertes reflejarán el peso de los componentes de la alianza de Gobierno?

Además de la buena noticia que implica la votación del Presupuesto en Diputados y del respiro de esta semana en la escalada de los dólares libres, el Gobierno logró sacarse de encima la duda que habrían sembrado algunos funcionarios sobre la importancia que le asignaba la administración de Fernández a la defensa de la propiedad privada. Aunque son situaciones muy distintas, tanto en Guernica como en Entre Ríos el Gobierno respaldó en forma unívoca y casi sin peros, las decisiones de la Justicia que ordenaron los desalojos de predios tomados. Eso fue, aunque sea ridículo resaltarlo, una novedad.

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