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Espionaje ilegal: ratifican la validez de las pericias realizadas al teléfono del secretario de Mauricio Macri

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El juez federal Juan Pablo Augé ratificó la validez de las pericias realizadas al teléfono celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, ya que no hubo «violación a la cadena de custodia». Y rechazó el pedido para que sean destruidos los registros obtenidos de su celular, por supuestas irregularidades en las pericias realizadas en la causa por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a 24 políticos, periodistas, gremialistas y familiares de Macri, durante la gestión macrista de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

«La defensa no ha demostrado, ni siquiera mostrado, que efectivamente el contenido del teléfono celular de Nieto fue alterado, en qué consistió dicha alteración o, en su caso, que la información alterada hubiese sido utilizada en contra de su ahijado procesal», sostuvo el juez Augé. Y agregó: «Se advierte que, pese a lo que sostiene la defensa, no se ha señalado perjuicio concreto alguno producido por las alegadas irregularidades procesales».

El abogado de Nieto, Gervasio Caviglione Fraga, había presentado un escrito en el juzgado de Augé, en el que aseguró que se rompió la cadena de custodia y se modificaron los datos originales del celular, además de presentarse para las pericias un disco rígido diferente al que se utilizó para extraer los datos del teléfono del secretario privado de Macri.

En su escrito, el abogado Caviglione Fraga sostuvo que no se les permitió participar de las dos primeras pericias que se hicieron sobre el teléfono celular de Nieto, que ambas pericias dieron diferentes resultados y que en la tercera pericia -donde sí pudieron participar- se pudo demostrar que «en la causa se violó la cadena de custodia del teléfono celular» y «más grave aún, se manipuló y fabricó evidencia para incriminar a mi asistido», dijo el abogado defensor.

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide plantearon en la indagatoria a Nieto que parte de la información de espionaje ilegal de la AFI era transmitida al secretario de Macri, a través de Susana Martinengo, la excoordinadora de Documentación Presidencial. Y remitieron a las declaraciones indagatorias realizadas previamente a Martinengo y a exespías de la AFI, así como a los hallazgos encontrados en los celulares de ambos exfuncionarios macristas.

En el pedido de indagatoria, los fiscales le imputaron a Nieto haber sido «jefe de Martinengo. Recibió de la nombrada al menos los informes vinculados a la comunidad Mapuche y a las manifestaciones vinculadas con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, convirtiéndose así en un canal subsidiario de la transmisión de la información producida en violación a la Ley de Inteligencia por los imputados (exespías de la AFI) Sáez y Araque, principalmente», sostuvieron los fiscales Incardona y Eyherabide.

Respecto a esas acusaciones, durante la indagatoria del mes pasado, Nieto dijo: «Jamás Susana Martinengo me dio ningún informe de inteligencia, que no conozco a ninguno de los espías imputados en la causa, que nunca supe de estas supuestas reuniones en Casa Rosada entre Martinengo y los espías, y que nunca Mauricio Macri me pidió ningún tipo de informe de inteligencia».

Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El espionaje a políticos existió, coinciden las fuentes consultadas por Clarín. «Lo que hay que resolver es si se investiga en Lomas de Zamora o en Comodoro Py, así como si esto fue algo organizado institucionalmente o fueron cuentapropistas del espionaje ilegal», dijo una fuente de Juntos por el Cambio, con acceso al expediente judicial.

Según los fiscales Incardona y Eyherabide, los imputados en esta causa «conformaron una asociación ilícita que funcionó y se desarrolló dentro de varios organismos del Estado Nacional y que tuvo múltiples finalidades ilícitas, principalmente la de desplegar operativos de espionaje ilegal».

La denuncia original por esta causa fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien expuso la semana pasada por videoconferencia, durante tres horas, en una reunión secreta de la Comisión Bicameral de Actividades y Organismos de Inteligencia del Congreso, que preside el radical K Leopoldo Moreau.

Allí Caamaño habló de su gestión al frente del organismo oficial y responsabilizó a Gustavo Arribas y a los fiscales Incardona y Eyherabide por la filtración de 3.850 Resoluciones del organismo oficial. Mientras que los legisladores de la oposición le reclamaron que asuma su participación en «la mayor filtración de inteligencia» en democracia, que expuso la identidad de más de 2.000 espías y exagentes de la AFI, así como seis convenios secretos de la AFI con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay.

Pero según fuentes oficiales, lo que más incomodó a Caamaño fue que el periodista Daniel Santoro publicara en Clarín este fin de semana una nota con parte de su presentación en el Congreso, donde se mencionaron algunas de las «actividades de inteligencia estratégica» desarrolladas actualmente por la AFI. Por eso, la interventora difundió este lunes por la noche un comunicado alertando que «la difusión de operaciones en curso por parte de la Comisión Bicameral pone en riesgo al Sistema de Inteligencia Nacional». Y cuestionó duramente a los legisladores que «entregaron la información a periodistas» e «incumplieron con su deber de mantener la reserva», sostuvo Caamaño en el comunicado.

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