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La Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Felix Crous, decidió que no intervendrá como querellante en 32 casos de corrupción. De ese universo de expedientes, 28 involucran a ex funcionarios kirchneristas, y en seis de ellos la principal acusada es Cristina Kirchner. En el caso por el presunto direccionamiento en la obra pública en favor de Lázaro Báez, la OA permanecerá hasta que inicien los alegatos, entonces, no acusaría a Cristina Kirchner y a otros 15 acusados. En el segundo tramo de la investigación, cuyo juicio aún no inició, ya informaron el retiro oficial como querella.
Hace poco más de una semana, el Gobierno disolvió su oficina de Litigios y ya no intervendrá en las causas contra funcionarios y exfuncionarios. La OA fue creada durante el Gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa para prevenir la corrupción y tratar de conseguir condenas a funcionarios, luego del gobierno de Carlos Menem.
Crous dijo que el organismo «debería mantener sólo el desarrollo de políticas públicas y el registro de declaraciones juradas» de bienes de los funcionarios, con lo cual «sobra trabajo», y aseguró que, «cuando corresponda», la OA seguirá «presentando denuncias» ante la Justicia vinculadas a hechos de corrupción en la función pública.
En la resolución que la OA remitió a los Tribunales de Comodoro Py señaló que “habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis (el pleito en disputa), en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”.
Los argumentos de la decisión de Crous son: «falta de personal y limitaciones presupuestarias». Una explicación que no alcanza para justificar el abandono del juicio por la obra pública: si los abogados de la OA permanecen hasta los alegatos, luego de ellos sólo se debe hacer la acusación, escuchar a los acusados y esperar la sentencia. Eso no implica un gasto extraordinario.
En el tramo principal de ese proceso, cuyo debate oral inició en mayo del 2019, Cristina Kirchner está señalada como la jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar 51 contratos viales a favor del Grupo Austral (de Báez) por 46.000 millones de pesos. En etapa de declaraciones testimoniales, las audiencias avanzan de forma virtual para las partes, y presencial para el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Con las indagatorias concluidas en diciembre con las palabras de la vicepresidenta, aún queda un extenso listado de declaraciones testimoniales por escuchar, y después será el momento para que inicien los alegatos de las querellas y de la fiscalía, para dar lugar a las defensas de los 16 imputados para que hagan lo propio.
Según la resolución de la OA, sus abogados permanecerán en el juicio hasta el momento donde comenzarán los alegatos. En tal caso, el organismo que conduce Felix Crous no precisó si eso significa que se abstendrá de formular una acusación, algo que está dentro de sus facultades. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que la letra del documento oficial «no es del todo clara, pero explicitan que hasta ese momento participarán como querellantes en el caso».
Nadie se imagina a esta Oficina Anticorrupción pidiendo una condena contra la vicepresidenta. De todos modos aún queda como querella la Unidad de Información Financiera (UIF). Si el organismo antilavado también se retirara, sólo quedaría la acusación de la fiscalía a cargo de Diego Luciani. En este caso hay embargos y medidas cautelares por más de 70.000 millones de pesos, determinados durante la instrucción por el juez Julián Ercolini como un cálculo aproximado al perjuicio generado por todos los intervinientes en las maniobras delictivas.
Respecto al segundo tramo del caso de la presunta corrupción en la obra pública, la OA ya informó que se retira. Ese juicio aún no inició. La semana pasada, varias defensas pidieron ante el TOF 2 que, al estar relacionados ambos expedientes y siendo que el organismo estatal oficialmente ya quedó fuera de la segunda parte, se retire del expediente «madre». Los jueces no hicieron lugar a ese planteo y rechazaron así que la OA se baje del juicio que está en pleno desarrollo.
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