El termómetro invisible del compromiso social

Instituciones intermedias: el poder de servir o el riesgo de desvirtuarse

En el entramado social de cualquier comunidad organizada, existen actores silenciosos pero fundamentales: las instituciones intermedias. Nos referimos a esos espacios donde los vecinos, comerciantes, cooperadoras escolares, clubes barriales o asociaciones culturales se reúnen para construir, desde lo colectivo, soluciones y propuestas que beneficien al conjunto.
Por definición, estas organizaciones no persiguen fines de lucro, pero sí tienen un propósito claro: servir a una causa o a una comunidad. Esa es su razón de ser. Y esa legitimidad se cimienta, en primer lugar, en su conformación democrática. No alcanza con reunirse o con tener buenas intenciones. Se necesita formalidad, legalidad y transparencia: deben inscribirse en Personería Jurídica, presentar balances, realizar asambleas regulares y respetar los estatutos que ellas mismas redactaron como carta de navegación.
Sin embargo, la realidad nos muestra dos caras. Por un lado, existen ejemplos valiosos y dignos de reconocimiento. Por el otro, se evidencia una tendencia preocupante: el uso desvirtuado de estas instituciones, muchas veces utilizadas como trampolines políticos, como estructuras vacías o funcionales a intereses personales o sectoriales. En estos casos, las organizaciones dejan de ser un medio para el bien común y se convierten en plataformas oportunistas. El daño no es sólo ético: es institucional. Se erosiona la confianza y se resiente la credibilidad.
Porque la credibilidad no se hereda, se construye. Y se sostiene en el tiempo a través de la coherencia, la participación abierta, la rendición de cuentas y la voluntad real de servicio. Cuando los vecinos detectan que un centro vecinal o un centro nucleado actúa como corresponde, cuando ven que los fondos se utilizan para lo que deben, cuando se escucha al conjunto y no a los “amigos del poder”, esa institución se vuelve sólida. Y allí radica su verdadero poder transformador.
No hay datos oficiales actualizados a nivel nacional sobre cuántas instituciones intermedias están hoy en regla, pero en muchas provincias, más del 40% de las organizaciones sin fines de lucro presentan irregularidades formales o no tienen actualizada su personería jurídica. Esto no es un tecnicismo: sin esa inscripción, no pueden acceder a subsidios, firmar convenios, ni garantizar que las decisiones internas tengan validez legal. Lo que comienza siendo una omisión administrativa, termina debilitando todo el accionar institucional.
Uno de los indicadores más visibles de la pérdida de credibilidad en una institución intermedia es la disminución progresiva de la participación. Comisiones que en sus inicios convocan a x cantidad de personas comprometidas, al poco tiempo quedan reducidas a unos pocos nombres repetidos. Esa caída en la asistencia no siempre se debe a la falta de tiempo o de interés de los vecinos, sino muchas veces a la sensación de que no se los escucha, de que todo ya está decidido de antemano, o de que las decisiones no se ajustan a los fines colectivos originales. Cuando una institución comienza a vaciarse, cuando los espacios se vuelven cerrados o funcionales a uno solo, estamos frente a un síntoma claro de que algo se está desvirtuando. Allí es donde se juega su futuro: o se corrige el rumbo y se recupera la confianza, o se pierde toda capacidad transformadora.
Por supuesto que destaco las instituciones que sí cumplen su rol con compromiso y entrega. Las que no se corrompen, no se aprovechan ni se diluyen. Las que organizan eventos solidarios, sostienen comedores, promueven actividades deportivas o culturales, y lo hacen con esfuerzo, a pulmón y de cara a la comunidad. Son ellas las que mantienen viva la esperanza de una sociedad más participativa, empática y responsable.
Porque sin instituciones fuertes, transparentes y al servicio de la gente, el tejido social se debilita. Y cuando eso ocurre, se abren las puertas a la fragmentación, al individualismo y al oportunismo. La tarea entonces es doble: exigir a quienes se postulan como referentes institucionales el cumplimiento estricto de las normas, y acompañar, reconocer y fortalecer a quienes realmente se ponen al hombro el bien común.