El Senado, a un paso de aprobar la vuelta a la Cámara Federal porteña del juez que liberó a Cristóbal López

Casi en silencio, la semana pasada el oficialismo en el Senado dio un paso más en su estrategia judicial. Pasó a la firma el dictamen de rechazo del traslado realizado durante la gestión macrista del juez Eduardo Farah a un tribunal oral federal de San Martín, en el conurbano bonaerense y de escaso peso político. Así, ahora Farah quedó a un paso de regresar a la estratégica Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

De acuerdo con la hoja de ruta del oficialismo, el rechazo del traslado a San Martín de Farah sería tratado en la sesión que Cristina Kirchner convocará para este jueves. El bloque del Frente de Todos tiene votos de sobra para asegurarse el retorno del camarista a los tribunales de Comodoro Py.

En abril de 2018, Farah había acordado con el Gobierno de Mauricio Macri su traslado a un tribunal menos expuesto. Fue tras un fallo que despertó polémica: la liberación del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa, quienes desde diciembre de 2017 se encontraban detenidos en el marco de una causa por fraude al Estado a través de la evasión del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles.

En una aún recordada reacción, Macri salió por televisión en rechazo del fallo: “Desde el Gobierno y la AFIP vamos a apelar y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, en el proceso global de la Justicia».

Farah, también por televisión, defendió su decisión: «Creo que el Presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución. Tiene derecho a dar su opinión, pero tendría que medirse un poco». Y agregó: «No recibí un peso».

En simultáneo, y en medio de la ofensiva del entonces oficialismo, Jorge Ballestero primero pidió licencia y después directamente presentó su renuncia. Era un histórico de Comodoro Py: había sido designado juez durante la administración de Carlos Menem y ascendido a camarista durante el kirchnerismo.

Farah, Ballestero y Eduardo Freiler –destituido en 2017 por «mal desempeño de sus funciones– integraron la Sala I de la Cámara Federal porteña, a la que se tildó de «Sala K» por sus fallos a favor de aquel gobierno.

En julio, el Consejo de la Magistratura aprobó la revisión de los traslados de 10 jueces federales dispuestos por el macrismo.

El Poder Ejecutivo envió entonces al Senado los pliegos cuestionados para su revisión. Tres de esos jueces -Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli- se rehusaron, el pasado 4 de septiembre, a volver a presentarse en la comisión de Acuerdos del Senado. Ahí mismo, el kirchnerismo firmó un dictamen de rechazó a los traslados de los tres magistrados.

Dos semanas después, y con el voto unánime del Frente de Todos, el Senado rechazó los traslados de Bruglia Bertuzzi y Castelli.

Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como «Cuadernos de las coimas«. Castelli se resiste a abandonar el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la vicepresidenta justamente en ese caso.

Los tres magistrados están pendientes del recurso con el que fueron a la Corte Suprema de Justicia. Su titular, el ministro Carlos Rosenkrantz, convocó a un acuerdo extraordinario del máximo tribunal para tratar, ya este martes, sus presentaciones.

La semana pasada, tras esa convocatoria realizada por Rosenkrantz, Alberto Fernández calificó de «escándalo jurídico» los traslados de jueces realizados durante el macrismo. «La verdad lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido en el gobierno anterior«, sostuvo el Presidente.

Además de los de Bruglia, Castelli, Bertuzzi y Farah, el oficialismo cuestionó los traslados de Zunilda Niremberger (jueza Federal del Chaco); Juan Manuel Iglesias (trasladado de un tribunal de Entre Ríos a uno del Chaco); Esteban Hansen (pasó a un juzgado Federal con competencia electoral en Jujuy); Federico Villena (juez Federal 1 de Lomas de Zamora); Enrique Velázquez (de un juzgado de instrucción, a uno de menores) y María Skanata (pasó a un juzgado de Misiones con competencia electoral).

Sobre estos otros 6 magistrados aún no hubo dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado. El juez Villena es el que más divide las aguas en el oficialismo: un sector pretende que siga en Lomas de Zamora y otro presiona para que vuelva a su lugar de origen.

Villena llegó a Lomas de Zamora gracias al apoyo de Silvia Majdalani, número dos de la AFI con Macri. Fue el que inició la causa por supuesto espionaje ilegal por el organismo de inteligencia.