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«Con el hecho consumado», así se enteraron, según aseguran en el Gobierno, el presidente Alberto Fernández y la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, del pedido de la Secretaría de Derechos Humanos para que se conceda a Ricardo Jaime la prisión domiciliaria. El escrito se había presentado el martes pasado con llamativos argumentos y en la Casa Rosada calificaron de «innecesaria» la discusión que abrió el tema, a pesar de que el ex secretario de Transporte está condenado por la Tragedia ferroviaria de Once y él mismo confesó haber cobrado dádivas en otro expediente.
La decisión firmada y plasmada en un escrito de doce páginas por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia, Mariano Przybylski, abrió una discusión interna entre algunos sectores del gabinete, porque la medida se transformó en el primer pedido formal por parte del Gobierno sobre un «preso K», una discusión que el presidente Alberto Fernández ya había pedido zanjar.
«Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime«, arranca el documento, y sigue en la misma línea. «Toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad», sostiene el escrito.
Los argumentos además, fueron más allá. El funcionario de Derechos Humanos, que depende de la ministra Losardo, mencionó al caso de Milagro Sala, presa en su casa por varias causas de corrupción y violencia, para justificar la domiciliaria de Jaime. Pietragalla Corti recuerda que «la Argentina ya fue advertida por el sistema de protección de los derechos humanos» por no haberle dado en su momento la domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru. «La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tuvo que intervenir mediante el dictado de una medida cautelar», dice el texto.
La postura adoptada por el Secretario de Derechos Humanos, aseguran en el Gobierno, no fue consensuada con Losardo. Fuentes oficiales indicaron que la ministra, que trabajó durante años como socia del estudio jurídico del Presidente y es una de sus funcionarias de mayor confianza, se enteró de la existencia del escrito cuando el caso se hizo público. «No es la primera vez que ocurre» algo similar, explicó una fuente del área. Pietragalla ya había hablado sobre «los presos políticos», un planteo al que siempre se opuso el presidente de la Nación.
En el escrito, además, Pietragalla plantea fuertes críticas al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que también depende de Losardo. El secretario de Derechos Humanos planteó «las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluyen precarias condiciones de salubridad e higiene» y sostiene que todo esto puede significar «un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad», como los presos considerados de riesgo por su edad y enfermedades preexistentes, «como el señor Ricardo Jaime».
Pietragalla Corti, además, hizo mención a la supuesta fragilidad de salud de Jaime y la vincula con la pandemia de coronavirus. “Se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”, dijo el funcionario.
El desconocimiento por parte del Ministerio de Justicia sobre este escrito se replicó en las más altas esferas: tampoco estaba al tanto el presisdente Fernández. Incluso, en la Casa Rosada no avalaron que el área de Derechos Humanos se presente como «amicus curiae» (amigos del Tribunal), en una causa de corrupción y con ex funcionario que admitió haber generado al propio Estado un perjuicio millonario con sus acciones. Sin desconocer las repercusiones del caso, en el Gobierno indicaron que el planteo era «innecesario» en estos tiempos.
Este mismo argumento resonó en Comodoro Py cuando jueces de la Cámara de Casacióny de algunos Tribunales Orales, tomaron conocimiento del planteo. «La Secretaría de Derechos Humanos es el órgano encargado de las cuestiones con derechos humanos, lesa humanidad. Pero además, en una causa Jaime confesó haber cobrado dádivas y allí el Estado tiene distribución de funciones en lo que tiene que ver con temas de justicia», explicó un camarista a Clarín.
La sorpresa en los Tribunales Federales fue más allá, al menos tres jueces coincidieron en remarcar que no se entendía «porqué la Secretaría de Derechos Humanos se presenta en una causa por corrupción cuando el Estado a través de la Oficina Anticorrupción como querellante, está representado representando intereses estatales».
La idea del amicus curiae -figura usada por Pietragalla Corti- analizaron en un Tribunal Oral, «es otra» y amplió: «Los témrinos que la Corte asume son cuestiones que hacen ai ntereses colectivos, no particulares, es desnaturalizar todo y la opción de haber ejercido esta acción a favor de alguien con las acusaciones que pesan sobre Ricardo Jaimen es inconveniente», explicó uno de los jueces.
Será la Cámara de Casación la que resuelva si hace lugar o no al pedido del Gobierno representado por la Secretaría que dirige Pietragalla Corti.
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