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Milagro Sala es una de las dirigentes kirchneristas que más tiempo lleva detenida. Desde enero de 2016, ha pasado tiempo tanto en la cárcel como en su domicilio, bajo el régimen de prisión domiciliaria, investigada (y en algún caso, condenada) por distintos hechos de corrupción durante el kirchnerismo.
Cercana a Alberto Fernández (la visitó para fin de año de 2016 en el penal Alto Comedero), la ex líder de la agrupación Tupac Amaru confiaba en que, con el regreso del kirchnerismo al poder, resolviera favorablemente su situación judicial. Pero nada de eso ocurrió y, con el transcurso de los meses, cada vez que puede dejar ver su malestar.
Incluso en las últimas horas hubo un hecho que, indudablemente, no pasó desapercibido para Sala: Fernández estuvo en Jujuy junto a Evo Morales, pero en ningún momento manejó la posibilidad de visitarla.
“Somos presos políticos, si alguno quiere decir que tenemos una detención arbitraria o que le pongan el título que quieran, pero seguimos detenidos. Para mí, seguir detenida en un gobierno nacional y popular es muy doloroso«, sostuvo Sala este lunes, en declaraciones a El Destape Radio.
La dirigente, que el domingo recibió en su casa al ex presidente boliviano Evo Morales, antes del regreso a su país, dijo que «no se tiene que naturalizar la prisión domiciliaria» porque «no es nada agradable».
“Alrededor de mi casa, tengo policías por todos lados, ni a los genocidas los han tratado así. No podés salir a trabajar, a militar o nada”, describió.
El viernes, la Justicia jujeña dispuso el cese de la prisión preventiva de Sala en el marco de la «megacausa» de esa provincia, pero la referente de la agrupación Tupac Amaru seguirá presa en su domicilio por la causa «Pibes Villeros», en la que recibió una condena de 13 años.
La «megacausa» jujeña investigó el supuesto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas en la provincia. En el marco de esa causa hay 23 personas imputadas, entre las que se destacan el ex gobernador Eduardo Fellner, que en 2018 estuvo detenido 36 horas.
Se trata del desvío de más de $ 1.400 millones que estaban destinados para la construcción de 2.000 viviendas, de las cuales 1.680 no se construyeron y unas 320 fueron construidas defectuosamente sin posibilidad de habitarse salvo su destrucción y reconstrucción.
Pese al fallo del juez de Control en lo Penal y Económico Rodolfo Fernández, Sala seguirá presa en su domicilio por la causa «Pibes Villeros», en la que fue condenada a 13 años de cárcel al haber sido considerada culpable de encabezar una asociación ilícita que se quedó con fondos millonarios que el Estado había destinado para viviendas sociales.
En esa causa, a Sala se la encontró culpable de tres delitos: asociación ilícita, como jefa de una banda que desviaba plata de la construcción de viviendas; coautora de fraude a la administración pública, por un total de $ 60 millones que el Estado había depositado para realizar al menos 14 obras de programas lanzados por el Ministerio de Planificación Federal por entonces a cargo de Julio de Vido; y extorsión en concurso real, por las amenazas a cooperativistas.
JPE
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