El impacto social del IFE | Temas de debate: Las en…

Producción: Javier Lewkowicz

Régimen social en crisis

Por Agustín Salvia *

El avance del coronavirus ha obligado en nuestro país -al igual que en muchos otros- a emprender políticas de aislamiento social obligatorio, con efectos regresivos en materia socioeconómica. Es evidente que la actual emergencia sanitaria agrava el estado de crisis estructural de un sistema socioeconómico heterogéneo, desigual y estancado desde hace varias décadas. El nuevo escenario paraliza aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa y a la llamada economía popular, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social. Si la situación social ya era crítica a finales de 2019 (según datos oficiales correspondientes al 4° trimestre de 2019, la tasa de indigencia era de 8,7 por ciento y el porcentaje de población pobre de 38,4 por ciento), es sabido que la situación se ha agravado y que continuará siendo crítica los próximos meses.    

El gobierno implementó en este escenario una serie de medidas de protección dirigidas a los sectores sociales y productivos afectados (empleadores, trabajadores en relación de dependencia, informales y pasivos) por un monto equivalente a casi el 6 por ciento del PBI. Las políticas sociales compensatorias dirigidas a los más pobres se hicieron presentes a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono extraordinario a los hogares con AUH, los refuerzos a la tarjeta alimentaria y los bonos a jubilados y pensionados con la prestación mínima, así como mediante la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores escolares o comunitarios.

Según la Encuesta COVID19_AMBA del ODSA-UCA, el 62 por ciento de hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y 30 partidos del Conurbano) recibió -sin considerar las prestaciones jubilatorias- alguna de estas asistencias sociales en mayo de 2020. Casi el doble que medio año atrás, cuando la cobertura de los programas sociales en la región llegaba al 33 por ciento de los hogares. El IFE tuvo aquí un papel destacado en cuanto a la ampliación de un piso mínimo de ingresos de subsistencia para enfrentar la crisis. Aunque no menos importante, fue la tarjeta alimentaria, alcanzando este nuevo instrumento de asistencia alimentaria directa a más de 1,5 millón de hogares vulnerables en todo el país.

Al examinar el alcance de las medidas se observa que el 48 por ciento de los hogares del AMBA recibieron alguna ayuda social durante el período de aislamiento social obligatorio (IFE, bonos extraordinarios a AUH, bono para jubilados y Tarjeta Alimentar). Asimismo, el 16,8 por ciento de unidades domésticas del AMBA declaró haber recibido algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores escolares o comunitarios. En ambos tipos de ayuda sus principalmente receptores fueron los hogares más pobres, trabajadores informales, jóvenes y mujeres de baja calificación, en fin, los segmentos sociales estructuralmente excluidos de la economía formal.

Pero si bien estas medidas son necesarias para amortiguar el impacto de la caída sobre las condiciones de vida, ellas no bastan para evitar la destrucción de empleos en la economía informal, el aumento de la inseguridad alimentaria y el aumento del empobrecimiento, en especial, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus actividades laborales en el actual contexto. En el caso del IFE, más de 8 millones de trabajadores-hogares quedaron habilitados para recibir este beneficio, dando cuenta no sólo del estado de necesidad económica de la población frente a la crisis, sino también de la limitación estructural del modelo capitalista argentino para darle inclusión a través de empleos plenos al conjunto de los 20 millones de trabajadores potenciales de nuestro país.

De ahí, no sólo la importancia de pensar un plan económico para la emergencia, sino también de comenzar a diseñar políticas orientadas a un cambio estructural postcrisis covid-19. Entre esas políticas, se hace más que urgente comenzar a instituir un nuevo sistema de seguridad social fundado -más que en un ingreso ciudadano que empodere consumidores- en un régimen universal de empleo mínimo garantizado para quienes no tengan un empleo digno y quieran contribuir a través de su trabajo a la producción de riqueza social.

* CONICET-UB/ODSA-UCA.

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Por Pablo Chena** y Alexandre Roig***

La pandemia del coronavirus echó luz, como un golpe de realidad, sobre dos características del mundo que habitamos. Por un lado, un deterioro acelerado de las condiciones laborales de las mayorías y, por otro, un desajuste creciente entre las actividades que los mercados financieros consideran productivas y lo que la sociedad necesita para garantizar una vida decente.

En la Argentina, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue revelador al respecto. El mismo fue concebido desde la política pública como un subsidio temporario para amortiguar las consecuencias económicas del aislamiento preventivo y obligatorio en los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, mostró la precariedad laboral que estructura la vida de la mitad de la Población Económicamente Activa.

La cantidad alcanzada en primera instancia por el IFE fue de 8,7 millones de personas (de un universo de 12 millones que los solicitaron), de los cuales 2.4 millones son a su vez receptores de la AUH o Asignación por Embarazo, mientras que los otros 6,3 millones de beneficiarios se componen en un 82 por ciento de trabajadores informales; 8,4 por ciento por monotributistas de bajos ingresos y 2,4 por ciento de trabajadoras domésticas, según datos de ANSES.

Frente a esta realidad social el campo académico-político reaccionó con tres alternativas de políticas sociales generalizadas.

Masificar una Renta Básica. Una propuesta que parte de la imposibilidad de crear empleo a gran escala en el capitalismo actual. Con esta premisa, la solución pasaría por redistribuir en la ciudadanía parte de la renta concentrada en los sectores más acaudalados. Un ejemplo de este tipo podría ser la perpetuación del IFE financiado con impuestos a las grandes fortunas.

Otra posibilidad es garantizar un Trabajo Mínimo desde el Estado. En este caso la prioridad es el pleno empleo pero, ante la imposibilidad de crearlo desde el sector privado, el Estado se involucra como empleador para garantizar un ingreso mínimo en actividades de valor comunitario. Esta propuesta suele asociarse a un financiamiento inicial público con emisión monetaria que, posteriormente, la recuperación económica y el pleno empleo absorberán. La experiencia que suele mencionarse en este sentido es el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (2002-2005).

La tercera es generalizar un Salario Social Complementario. En este caso se propone que el Estado reconozca, a través de un complemento de ingresos, los trabajos realizados en los márgenes de la economía de mercado pero que son útiles para la sociedad, como puede ser el reciclaje urbano, el trabajo en comedores comunitarios, la agricultura familiar, y/o complemente los ingresos en empleos precarizados-como el trabajo doméstico-. Un ejemplo a pequeña escala es el Programas del Salario Complementario, hoy devenido en Potenciar Trabajo.

Esta discusión parecía encapsulada en la política social. Sin embargo, la crisis de la covid-19 y la cuarentena obligatoria establecieron, desde la práctica concreta, una nueva convención social sobre las actividades esenciales para la sociedad. Allí nos percatamos que una parte importante de las actividades llamadas productivas son socialmente innecesarias y muchas incluso parasitarias. Mientras que otras, que son esenciales para la vida social están subdesarrolladas, mal remuneradas y precarizadas en casi todo el mundo, como es el caso de la salud; la provisión de servicios públicos, la actividad científica y educativas, el cuidado, la producción de alimentos sanos a pequeña escala, entre muchos otros.

En definitiva, la pandemia mostró que el Estado no puede desentenderse del proceso de valorización social del trabajo y su remuneración. El principio de soberanía del consumidor es deficiente para ordenar en forma sustentable la totalidad social. La recuperación pos pandemia requerirá de nuevos criterios que juzguen la productividad y la esencialidad de ciertas actividades trazando nuevas fronteras entre el Estado y el mercado.

** Profesor UNLP-UNDAV e Investigador CONICET

*** Profesor-Investigador UNSAM.