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El Gobierno mantendrá el congelamiento en el ingreso de empleados públicos, con excepciones similares a las que estableció el ex presidente Mauricio Macri en el Decreto 632/18, que vence el 31 de diciembre. Sólo habrá cambios para el personal de nuevos ministerios, nuevos programas específicos o recambio de cargos políticos. Y continuarán con los controles biométricos y los pagos por presentismo.

“El Gobierno va a sacar un decreto que mantiene el cuidado riguroso de los recursos públicos en el contexto de emergencia social y económica en el que nos encontramos, restringiendo todo lo que sean gastos de viajes, viáticos y designaciones”, dijo una fuente del Gobierno a Clarín.

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Alberto Fernández planea dictar un decreto esta semana sobre “Designaciones y gastos en la administración pública”. Sólo se podrán hacer nuevos nombramientos autorizados por Jefatura de Gabinete en los mismos sectores exceptuados por la gestión anterior, como las universidades, Conicet, personal del servicio exterior, Fuerzas Armadas y de seguridad.

Además, podrá contratarse personal en las nuevas estructuras como el Ministerio de la Mujer, en programas específicos como el Plan contra el Hambre o para reemplazar contratos que se den de baja de cargos políticos, aseguró una fuente del Gobierno a Clarín. Y agregó que el plan oficial es mantener la misma cantidad total de empleados, «sin ampliar la planta de trabajadores».

Los funcionarios que monitorean esta cuestión aseguran que el objetivo del Gobierno es mantener el control sobre los gastos del Estado nacional en el empleo público y afirman que no van a repetir el aumento en la cantidad de empleados que hubo durante los gobiernos kirchneristas.

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Es que entre los años 2005 y 2015, se incrementó un 91,2% el empleo en la Administración Pública Nacional, al pasar de 124.409 a 237.889 empleados. Mientras que en el gobierno de Macri se revirtió la tendencia y tuvo una caída del 18,5%, para quedar con 193.804 empleados públicos, según datos de la anterior gestión.

«De todos modos, el macrismo incrementó los cargos en la alta dirección, donde concursó a funcionarios políticos para dejarlos con altas remuneraciones y además aumentó la cantidad de cargos. Eso lo estamos revisando», dijo una fuente del Gobierno. Y remitió al informe del CIPPEC, «GPS del Estado», donde se sostiene que cuando asumió Macri había 669 cargos de directores generales para arriba, frente a los 691 que había cuando dejó el gobierno. Es decir, que aumentó 22 cargos de alta dirección estatal.

Además, el Gobierno está revisando y dando de baja numerosos contratos de coordinadores y directores que concursaron sus cargos en los últimos años. Es el caso de la ANSeS, donde su nuevo titular, Alejandro Vanoli, dio de baja 70 nombramientos de directores que ingresaron durante la gestión anterior.

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Más allá de los cuestionamientos que hubo a los controles biométricos del presentismo, a través de huella dactilar, el Gobierno planea mantener esos mismos controles, para poder pagar los premios por presentismo establecidos en la paritaria estatal.

También se mantendrá la restricción de gastos en viajes y viáticos, así como en la utilización de autos para funcionarios, aseguró una fuente del Gobierno. Y agregó: «Lo que pasó con la rotura de controles biométricos en Cultura fue algo aislado, que no se relaciona con la política general del gobierno en materia de control del presentismo».

El proyecto de decreto ya fue elevado para su aprobación y está en la Secretaría de Legal y Técnica. Otro proyecto que podría salir en estos días es el que reemplaza las restricciones que impuso el gobierno de Macri sobre nepotismo, que prohíbe la designación de familiares en el sector público.

Lo lógico sería que ambos decretos salgan en simultáneo, ya que se refieren a los nombramientos y designaciones en la Administración Pública Nacional. Pero será el Presidente quien defina los tiempos. De hecho, éste último decreto podría demorarse unos días, tal como viene ocurriendo con la mayor parte de las designaciones del nuevo gobierno



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