Joaquín “El Paisa” Aquino, detenido ayer por la Policía Bonaerense en José C. Paz, acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes sospechada de vender la cocaína envenenada que mató a 23 personas fue expulsado del país.
La decisión la tomó el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior. Hoy, por la mañana, tras la lectura de la acusación, Aquino declino responder preguntas.
De nacionalidad paraguaya, “El Paisa” fue imputado de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, ya que se le encontró una pistola Glock con la numeración limada en su domicilio junto con material para cinco mil dosis de cocaína.
El trámite se cumplió por videoconferencia desde el lugar de detención de Aquino en la dependencia de Puente 12 de la fuerza provincial y fue encabezado por el juez federal Juan Manuel Culotta y el fiscal Miguel Blanco. Aquino seguirá detenido y por el momento su defensa no pidió la excarcelación.
Su expulsión se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre él.
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La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, dispuso por la tarde la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Joaquín “Paisa” Aquino, de nacionalidad paraguaya, vinculado a la causa de la cocaína envenenada. La medida se hizo efectiva esta tarde, cuando personal de la DNM entregó la notificación con la que se dispuso la expulsión en la sede de la DDI La Matanza, para ser elevada al juez de la causa.
“La decisión del organismo migratorio se debió a que Aquino tenía condenas por tenencia ilegal de arma de guerra y por tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización”, explicó Florencia Carignano, titular de Migraciones.
En este sentido, la funcionaria precisó que “la Dirección Nacional de Migraciones dictó la expulsión del país y prohibió el reingreso a Joaquín Aquino, ahora de forma permanente, decisión que se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona”.
“Desde Migraciones se había negado la residencia a Aquino y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por 8 años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia”, agregó la funcionaria sobre el acusado.
La Policía Bonaerense y la justicia federal de Tres de Febrero realizaron ayer a la madrugada ocho allanamientos en José C. Paz, Ezeiza y San Martín en los que fueron detenidas ocho personas -luego una mujer fue liberada porque en principio no está vinculada a la investigación- y se secuestraron 16.115 dosis de cocaína, 117 gramos de marihuana, 15 celulares, una pistola Glock calibre .40 con numeración suprimida -en poder de Aquino-; otra calibre 9 milímetros marca Bersa, municiones y $223.400 Pesos. También un VW Fox y un Chevrolet Spin.
Parte de los envoltorios encontrados en esos procedimientos son rosados, muy similares a los que tenían la cocaína adulterada por cuyo consumo ya fallecieron 23 personas -de las cuáles 12 murieron en sus domicilios y dos en la calle, sin recibir asistencia médica- y 30 están internadas, 10 de ellas con asistencia respiratoria mecánica.
La justicia llegó a “El Paisa” y su banda por una denuncia que el 9 de noviembre del año pasado presentó la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, donde daba cuenta de cómo operaba Aquino y otros personas. Se trata de la banda que lideran Max “Alicho” Alegre y Blas “Gordo” Gómez, ambos presos por la justicia federal de Tres de Febrero.
Por las muertes por la cocaína envenenada los investigadores retomaron ese expediente y allanaron los domicilios. La sospecha es que podría tratarse de la misma organización que vendió la droga en “Puerta 8″ y que provocó las muertes. Ahora se analizarán las drogas secuestradas en los dos lugares para determinaron cuál es el contenido tóxico que mató a las personas y si se trata de las mismas.
Por las muertes hay otra causa que tramita la justicia provincial de San Martín en la que hay seis detenidos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y homicidio.
La Justicia de Tres de Febrero avanza en distintas medidas de prueba. Una de ellas será el peritaje químico sobre la droga secuestrada para saber si contenido y si contenía la sustancial moral. También la apertura y el análisis de los teléfonos de los celulares.
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