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Tras fuertes discusiones, el oficialismo dio dictamen en Diputados al proyecto que recorta el porcentaje de coparticipación de la Ciudad y establece un monto fijo -de $ 24.500 millones- para transferirle al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por el gasto del traspaso de la Policía Federal. Desde Juntos por el Cambio denunciaron un “trámite exprés” y una “política de persecución” contra el Ejecutivo porteño.

El oficialismo despachó la iniciativa en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los miembros del Interbloque Federal -que integran lavagnistas y cordobeses, entre otros- no participaron.

Juntos por el Cambio apuesta a conseguir parte de esos votos para lograr bloquear el proyecto cuando se trate en el recinto. Este viernes vencía el plazo para emitir dictamen dentro del plazo de sesiones ordinarias y el Gobierno avanzó con el proyecto justo sobre el filo de ese límite.

“De ninguna manera se trata de perjudicar a la Ciudad, sino tratar de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos que determina la transferencia de servicios y seguridad a la Ciudad”, señaló el presidente del comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Pablo González, y en alusión al decreto de Mauricio Macri de 2016, apuntó: «Muy lejos está lo nuestro de aquel tratamiento arbitrario e intempestivo que le dio a este tema el gobierno de Juntos por el Cambio en 2016».

En esa línea, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, agregó: “Desde 2003, la coparticipación para la Ciudad era del 1,4 %. En enero de 2016, a los pocos días de haber producido el cambio de Gobierno, el Presidente, que había sido jefe de gobierno, lo elevó al 3,75, aunque luego dispuso el 3,5 %. ”Ha habido un aporte que excede a las competencias transferidas y eso es lo que se trata de corregir”, apuntó.

La oposición apuntó que se trata de un acto “inconstitucional”, que la cifra fijada está mal calculada y objetaron que la transferencia no sea automática.

“Establecer en una suma fija el aporte de la Nación, y no en un porcentaje de la coparticipación, es ilegal porque la Constitución exige automaticidad, y también prohíbe al Ejecutivo modificar de manera unilateral, discrecional y sin control la coparticipación de la Ciudad como se está haciendo”, planteó Pablo Tonelli (PRO).

“Es un acto criminal desde el punto de vista fiscal. Se le saca a la Ciudad $ 65 mil millones, que es el 12 % del Presupuesto. Ninguna provincia resistiría esta irresponsabilidad. La Ciudad tiene compromisos asumidas, obras en ejecución, deudas tomadas”, planteó Luciano Laspina (PRO) y advirtió: “Esta vez le toca a la Ciudad, pero mañana le puede tocar a cualquier otra provincia a la que el Gobierno quiera castigar”.

En el arranque, los cruces se dieron por la forma en que surgió el debate. La comisión fue convocada con un día de anticipación y, a diferencia del Senado, no hubo rondas de funcionarios para exponer. «¿Cuál es el apuro? ¿Va a haber prórroga de sesiones, o no? ¿No nos va dejar acceder a nuestro derecho a la información?», planteó la radical Karina Banfi, 

El proyecto se envió al Congreso en septiembre, una semana después de que el presidente Alberto Fernández anunciara el recorte previo de un punto de la coparticipación de la Ciudad -de 3,5% a 2,5%- para destinarlos a la Provincia de Buenos Aires, en el marco del conflicto que el gobernador Axel Kicillof tenía en ese entonces con las fuerzas policiales.

La iniciativa que fija en $ 24.500 millones el gasto anual para la seguridad en la Ciudad y establece que la cifra será actualizada en un 80% por la variación del salario promedio de los agentes de la PFA y otro 20% por el IPC.

En paralelo a la discusión parlamentaria corre la presentación judicial que Larreta presentó ante la Corte Suprema, y que aún no tuvo resolución.

El miércoles, 19 gobernadores del peronismo publicaron una solicitada en la que le cuestionaron a Rodríguez Larreta por haber judicializado la pelea. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, fue el único del PJ que no la firmó.

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