El frente judicial de Cristina Kirchner sigue complicado y aumenta la tensión con el Gobierno

El entramado causas aún sigue en pie. La expectativa era otra para esta altura del año. Las acusaciones en su contra persisten, el juicio por presunta corrupción avanza y continúan vigentes los embargos multimillonarios en su contra. El frente judicial de Cristina Kirchner continúa generando cierta inquietud, porque en los tribunales federal tiene aún ocho causas elevadas a juicio oral, un debate en pleno desarrollo que por más extenso que se torne, concluirá en algún momento. Además, sus hijos están procesados y deberán enfrentar el debate oral posiblemente después del año electoral, y las empresas familiar cumplieron cuatro años de intervención. 

“Esta no es mi reforma judicial”, dijo Cristina Kirchner sobre el proyecto de reforma judicial. Posiblemente, la diferenciación con el proyecto que fue el Congreso fue porque la vicepresidenta pretendía un cambio más radical y a su vez, más efectivo en el tiempo que pudiera impactar en un abanico de causas y procesamientos que aún pesan sobre ella. Avanzó en lugares claves, pero al interior de la Casa Rosada admiten que la tensión va en aumento por las pocas modificaciones en su historial judicial.

Es cierto que hay hombres que responden a la vicepresidente en lugares determinantes: Felix Crous en la Oficina Anticorrupción (OA), Carlos Cruz en la Unidad de Información Financiera (UIF), Ricardo Nissen en la Inspección General de Justicia (IGJ) y Carlos Zannini frente a la Procuración del Tesoro. En cada una de esas instancias se tomaron decisiones claves, se desmantelaron equipos de investigación, no se avanzaron en algunas demandas contra Cristina Kirchner que se arrastraban de la gestión anterior, y la OA se retiró de 32 querellas.

Estas iniciativas son un un respiro, pero al mismo tiene un plazo de vencimiento si en las elecciones de 2023 hay un cambio de gestión. La vicepresidenta conoce mejor que nadie que podría cambiar su suerte judicial.

¿Qué genera intranquilidad? A esta altura Cristina esperaba que la estructura que la colocó como principal acusada en un conjunto de causas de corrupción estuviera desmantelada, sin posibilidades de avanzar hacia instancias superiores. Los indicadores muestran lo contrario: el único juicio en su contra, por el presunto direccionamiento en la obra pública, continúa en pleno desarrollo y por más que la OA desista de acusar, la fiscalía sostiene que tiene un caso fuerte.

Pese a la gran cantidad de declaraciones testimoniales que aún quedan por delante, y pese a la pandemia, las audiencia retomaron su ritmo y podría escucharse una sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en poco más de un año, con Cristina Kirchner aún como vicepresidenta.

Si bien ella no es parte del caso, la roza. En febrero de 2021 se escuchará la sentencia en la Ruta del Dinero K donde Báez está acusado de haber lavado U$S 60 millones. La relación entre el empresario K y la vicepresidente es inmediata: fueron socios comerciales durante una década, Lázaro fue uno de sus principales inquilinos, los vinculan 15 operaciones inmobiliarias, préstamos de Austral Construcciones a los Kirchner, un terreno que supieron tener en condominio de valuado en $ 14 millones, negocios hoteleros, entre los más destacado. Pero lo más relevante, es que el caso de lavado de dinero está atado a la causa por la obra pública, ya que la justicia señaló que es este último el delito precedente, de allí provinieron los fondos que se volcaron a operaciones de blanqueo.

En el plano familiar, la ex Presidenta está acusada de lavado de dinero junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Las dos causas, Hotesur SA (firma hotelera) y Los Sauces SA (inmobiliaria), están elevadas a juicio oral y el TOF 5 tiene en calendario el inicio de las audiencias para finales del próximo año, primer trimestre de 2022. Aún con la vicepresidenta en ejercicio. En estos expedientes sus hijos se encuentran embargados y perdieron el control de las empresas que continúan intervenidas y con serios problemas financieros. La Justicia había sostenido que las compañías no tenían fines comerciales reales, sino sólo ser una “pantalla para operaciones espurias”.

Pese a que muchos analizan los cargos claves en manos de personas que responden directamente a Cristina Kirchner como un avance, esto no representan en sus cuentas una mejora sustancial de su situación judicial. La Cámara de Casación debe resolver si considera que la ley del arrepentido es inconstitucional en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Esta podría ser la única buena noticia para Cristina ya que modificaría la situación de los 31 imputados colaboradores. Aunque en Comodoro Py creen -los más optimistas- que esto, sin embargo, no hará caer la causa: consideran que es el mayor caso de corrupción de los últimos 20 años y en tres expedientes la principal acusada es la vicepresidenta.

Si bien ya no están en pie los pedido de prisiones preventivas, ya que fueron revocadas, persisten contra la vicepresidenta, los embargos que acumulados con los del caso de Vialidad y las demás investigaciones, superan los $ 12.000 millones. Esto tampoco genera demasiado alivio en la familia Kirchner cuyas cuentas bancarias relacionadas a sus empresas, siguen inhibidas y los números de los respectivos patrimonios, aún bajo sospecha.