El fiscal Stornelli apeló el procesamiento que le dictó Ramos Padilla por «arbitrario, dogmático, sesgado, conjetural y sin pruebas»

El fiscal federal Carlos Stornelli apeló en duros términos el procesamiento que le dictó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa D’Alessio por “arbitrario, dogmático, sesgado, conjetural, y sin asidero probatorio” y advirtió que el magistrado ni siquiera investigó su denuncia según la cual la presentación de Pedro Etchebest fue un “armado” para perjudicar la causa de los cuadernos de las coimas.

En un escrito de 170 páginas, presentado el lunes por su abogada Raquel Pérez Iglesias, Stornelli afirmó que “pareciera que a fuerza de repetición pretende suplir la orfandad probatoria reinante. Lo que claramente resulta inaceptable” en referencia a la narrativa del magistrado que cita una y otras vez sus supuestas conjeturas.

Luego, Stornelli sostuvo que el juez “intenta además introducir sospechas de tipo políticas aseverando una inexistente relación de mi defendido con Mauricio Macri”, al sostener que el caso Irán interesaba al último gobierno. Stornelli vio por última vez a Macri cuando éste era presidente de Boca. El kirchnerismo, en las últimas semanas, está fogoneando abrir causas contra ex funcionarios macristas.

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La semana pasada, Ramos Padilla –miembro de “Justicia Legítima”- procesó a Stornelli como miembro de una asociación ilícita por los supuestos delitos de inteligencia ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público en los los casos identificados como “GNL”, “Brusa Dovat-PDVSA”, “Terrorismo-Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín-Talevi”. En su apelación, el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas y otros casos que afectan a ex funcionarios K, sostuvo que de los 37 casos que investiga ninguno ocurrió en jurisdicción de Dolores y le pidió a la Cámara Federal de Mar del Plata, luego de 11 meses de investigación que termine con la competencia provisoria del magistrado y entregue la causa a un juez de la Capital Federal, como dicta la ley.

“Ello así sin perjuicio de que el Dr. Ramos Padilla hasta la fecha no ha cumplido de manera expresa con lo ordenado por la Cámara Federal de Mar del Plata que determine el objeto procesal y el lugar de comisión de los hechos que lo integran a fin de resolver de manera definitiva la arrogación de competencia en la presente causa”, dijo.

El fiscal sostuvo que “la arbitrariedad de la resolución atacada, están dadas por los siguientes puntos: ausencia de motivación por sustentarse en afirmaciones dogmáticas y análisis erróneo, ilógico e insuficiente del material probatorio”. “La sentencia arbitraria conduce tanto a la violación del principio de racionalidad de los actos de gobierno (art. 1 C.N.), como también a la violación de las exigencias constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 C.N.)”, agregó.

La doctora Pérez Iglesias afirmó que “existen pruebas objetivas que demuestran que mi asistido ha sido víctima de un plan orquestado para afectar importantes investigaciones -de público conocimiento- que se llevan adelante en la Fiscalía a su cargo, como así también a su propia persona”, en alusión a la causa del Operativo Puf que investiga el juez federal Claudio Bonadio y que muestra cómo ex presos K, como el ex secretario de Planificación, Roberto Baratta, armaron -por lo menos diez días antes- la denuncia “espontánea” de Etchebest y afirmaron que el juez Ramos Padilla conocía con antelación la presentación del caso.

“Stornelli puso en conocimiento al juez instructor de dichas circunstancias, presentó prueba en que las sustenta, como así también -días después- se solicitó la producción de una serie de medidas probatorias con el fin de profundizar la investigación en este punto. Todo esto, sorpresivamente, ha sido soslayado por el a quo, a pesar de la las extensas explicaciones brindadas por mi defendido” durante nueve horas de indagatoria, añadió la letrada. Seguidamente, puntualizó que por lo menos “ameritaba que el Dr. Ramos Padilla investigara dicha hipótesis, ya sea para corroborarla o descartarla, máxime teniendo en cuenta que no se trataba de un tema menor, sino del armado y falsedad de la denuncia que se presentó ante su juzgado. Nada se hizo en tal sentido”.

En general, indicó que “se advierte la metodología de formular enunciaciones genéricas como si se trataran de prácticas habituales debidamente constatadas, lo que no son sino un hecho individual conjeturado por el juzgador a partir tan sólo de una línea de chat unilateralmente enviada por D’Alessio a Stornelli. Partiendo entonces de un mensaje privado vertido por D’Alessio, con su particular modo de expresión que trasciende lo efusivo para incurrir en desmesuras, extravagancias y falsedades de un megalómano –lo que ha quedado evidenciado de manera unánime en todo el proceso-, se ha construido de allí en más toda una secuencia de conjeturas de supuestas prácticas endilgadas como procederes compartidos dolosamente con mi defendido y generalizados como prácticas habituales de su actividad funcional, lo que definitivamente no responde ni en un sentido ni en otro a la realidad de los hechos”.

Luego, el escrito de Stornelli advirtió que la ley de inteligencia nacional es para sancionar a agentes del sistema de inteligencia y no a fiscales u otros particulares, en consonancia con la advertido en una nota periodística por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez Criticó que, por un lado, Ramos Padilla exprese la necesidad de “profundizar la investigación” y, por otro, “en una abierta contradicción entre ello y las variadas consideraciones de tinte asertivo realizadas a lo largo del fallo para pretender fundar el procesamiento”.

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Advirtió que Ramos Padilla critica el intento de uso de cámaras ocultas por parte de D’Alessio y funda su procesamiento en “la prueba aportada por el propio Etchebest grabándolo (a escondidas) a D’Alessio, el hijo de Etchebest obteniendo fotos de la reunión llevada a cabo entre D’Alessio y Stornelli (en Pinamar), la grabación que Pablo Barreiro efectúa de la charla con su propio abogado Vila”.

Después analiza caso por caso. Destacó que el ex directivo de PDVSA Gonzalo Bruza Dovat haya sido llevado al juzgado “sin dar su consentimiento por un sujeto al que se le ha conferido la reserva de su identidad, siendo que la supuesta víctima dice haber sido grabado de manera ilegal por este sujeto cuya identidad fuera reservada que presuroso concurrió a la ciudad de Dolores”. Frente a “ese panorama y con los mismos parámetros con que juzgó el caso, el Dr. Ramos Padilla debió haber omitido la recepción de la denuncia de Brusa Dovat, cuya motivación para acercarse hasta su Juzgado habría provenido del hecho antecedente de haber sido grabado por el sujeto cuya identidad en cambio el magistrado optó por resguardar”. Se sospecha que el testigo protegido es un militante ultra K, lo que muestra otra vez al kirchnerismo impulsando estas denuncias en Dolores. Luego de dar cuatro entrevistas periodísticas y declarar como testigo ante Stornelli, Brusa Dovat denunció que había sido coercionado.

En cambio, el juez Ramos “en su perverso rompecabezas, (rechaza) la declaración de Rolando Graña o la de Aníbal Degastaldi o el propio Daniel Santoro, Berg, Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmann, Gabriel Iezzi, Goldberg, y las declaraciones de todos los empleados de la Fiscalía a los que injustamente” quienes comprobaron la intención de Brusa Dovat de exponer su caso ante la persecución del servicio de inteligencia de Venezuela. “Omite decir que, en su declaración en Dolores, Brusa Dovat no lo mencionó al Dr. Stornelli como partícipe de ninguna maniobra en su perjuicio”, agregó.

En cuanto al Operativo Puf contra la causa Cuaderno, Stornelli dijo que “más allá de su insistente negativa, hecha a través de sus distintas resoluciones, de que ninguna relación tiene esta causa con la “causa Cuadernos” y otras causas de corrupción, desde la más tierna infancia de este expediente, ya desde la declaración de Pedro Etchebest, este propósito aparece de manera inocultable”.

“El accionar llevado a cabo por D’Alessio no fue más que una mise en scene desplegada para lograr intimidar a su víctima de un modo más efectivo. Allí utilizó la reunión que mantuvo con el Dr. Stornelli (en el parador CR en Pinamar) a los efectos de mostrarse vinculado a personas con determinado poder para crear una mayor intimidación en la víctima y así obtener el pago espurio que pretendía”, añadió. También, resaltó que “elementos posteriores al primer momento fueron poniendo en evidencia que los horarios referenciados por Etchebest no se compadecían con la prueba técnica de geolocalización de sus celulares, y se vislumbra como más que factible la hipótesis del complot entre D’Alessio y Etchebest. Ello es materia de investigación precisamente en el marco de la causa nro. 1406/2019 del registro de la Secretaría nº 19 del Juzgado Federal nº 10 a cargo del Dr. Ercolini”.

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Y en esa hipótesis inicial, sobre la cual el juez y Horacio Verbistky, Tuny Kollman y otros periodistas K tanto insistieron en febrero, destacó “el delito de Extorsión presuntamente cometido por D’Alesio no ha logrado probarse en lo más mínimo la intervención del Dr. Stornelli”. Los medios K insistieron en que Stornelli había pedido dinero para comprarse una casa en Pinamar, lo que resultó totalmente falso.

“No se ha probado ningún requerimiento concreto que Stornelli hubiera efectuado a D’Alessio para que éste investigara al Sr. Etchebest”, añadió.

En conclusión, para la defensa “no se le brindó ningún dato concreto al Dr. Stornelli que pudiera articularse en la “causa cuadernos” tal como se pretende, cuando precisamente resultaba falso que Campillo lo hubiera mencionado a Etchebest y no fue más que parte del ardid de D’Alessio para cometer la extorsión de la que Stornelli resulta absolutamente ajeno”. Verbistky publicó una falsa resolución del fiscal diciendo que el ex ministro de Economía de Santa Cruz y arrepentido en la causa cuadernos, Juan Manuel Campillo, había nombrado a Etchebest.

En la resolución, el juez incurre en una inversión de la carga de la probatoria al señalar que Stornelli “no ha brindado ningún material digital de cotejo en ningún momento del proceso y, por lo tanto, no ha aportado prueba válida desde el punto de vista técnico que pudiera abonar su postura, más allá de sus propios dichos”. En estos delitos, el juez es el que tiene que demostrar que el imputado cometido delitos.

Por otro lado, el juez desestima “por absurda el descargo de Stornelli en cuanto a la duración de la reunión de Pinamar”. Etchebest afirmó que la reunión del 8 de enero pasado duró 4 horas y la fiscal federal porteña Alejandra Mángano señaló que no fue más de una hora de acuerdo a la geolocalización de los celulares. Además, la mayoría de la reunión fue presencia por el entonces intendente y actual gobernador de Salta, Gustavo Saenz, a quien los medios K presentaron falsamente “como el recaudador” de Stornelli.

En cuanto a la acusación según la cual Stornelli integró una asociación ilícita comandada por D’Alessio, primero resaltó que la mayoría de los procesados no se conocían entre sí. “A lo largo de todo el capítulo no cita siquiera una sola constancia de la causa, ningún elemento objetivo en el que sustente el juicio de reproche, el que luce así como un acto de autoridad construido con afirmaciones dogmáticas que no superan el carácter de conjeturas subjetivas desprovistas de motivación, y no como un auto motivado conforme lo normado en el art. 123 del CPPN”, subrayó. Por ejemplo “el propio D´Alessio y Bogoliuk lo desvinculan en sus indagatorias, aclarando inclusive el propio Bogoliuk que no lo conocía al Dr. Stornelli, pese a que la resolución se empeña en afirmar lo contrario”.

En cuanto al caso sobre la importación irregular de buques con gas natural licuado (GNL), que investiga el juez Bonadio, el fiscal comentó primero que “Ramos Padilla también se entromete en una causa que le es ajena al pretender él efectuar un control de legalidad procesal, cuando no es el juez de la causa e invadiendo las facultades de éste último”.

También cuestiona el carácter supuestamente anónimo en que D´Alessio se habría hecho de la documentación aportada en su declaración testimonial. “Si esa recepción fue anónima o no, en todo caso hará a un falso testimonio del declarante mas no algo atribuible a la fiscalía. La declaración testimonial no implica un control de veracidad de lo declarado. Para eso está en todo caso la posterior etapa de corroboración o análisis jurisdiccional”, explicó.

Además, tal como dijo la Cámara Federal porteña, “el aporte de D´Alessio no tuvo efecto procesal alguno”, en la causa en que están procesados Baratta y su jefe Julio De Vido, entre otros. Los kirchneristas quieren hacer caer la causa GNL, que es la madre de la causa de los cuadernos de las coimas.

Sobre el caso llamado Irán que el juez construye en base a una cámara oculta que D’Alessio le había hecho a un empresario uruguayo que habría querido vender de Irán a través de empresas rusas, el fiscal aclaró que no hizo nada con ese comentario del falso abogado y sin embargo lo procesó. “La simple supuesta recepción en su teléfono del video que se dice enviado por D´Alessio, sin requerimiento previo alguno de su parte, o la simple y convencional respuesta “me interesa” a la pregunta sobre si le interesaba un caso de terrorismo (que ni siquiera aún sabemos si existe o no), reitero y destaco, formulada a un Fiscal de la Nación, no pueden jamás colocar a este último en una situación delictiva como la que el fallo le achaca, ni en ninguna otra”.

Al efecto, “desconoce esta parte que a dicho Fiscal le haya sido exhibido y/o aportado ese supuesto documento en power point que se menciona en el resolutorio y/o los restantes documentos y/o capturas de pantalla a los que también se alude. El propio Ramos Padilla admitió ante el Congreso de la Nación que el tema de Irán, cuando fue tratado por el magistrado, que no se trataba de una operación de terrorismo, sino de una operación comercial de Irán con la Argentina”. El tema, luego de los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1992 es un tema de interés para cualquier fiscal o juez de la Nación. Un representante de la DAIA pidió en Dolores saber de qué se trataba este tema.

“Puede advertirse entonces que la orfandad probatoria y la falta de precisiones de circunstancias de tiempo, modo y lugar de dos hechos ilícitos que se le imputan –casos Brusa Dovat e Irán-, no tienen otro objeto que el de tornar aplicable la Ley de Inteligencia Nacional, intentando encuadrar en vano tales hechos en la específica descripción que trae dicha ley”, añadió.

El escrito de Stornelli señaló que “la resolución de Ramos Padilla desconoce asimismo que D’Alessio no es ni fue agente de ningún organismo del Sistema de Inteligencia Nacional, ni tampoco de la DEA ni de la Embajada de EEUU.

Luego el fiscal negó haber pedido realizar una cámara oculta al abogado del ex titular de Yacyretá, Oscar Tomás, José María Ubeira. “Paradójicamente y tal como surge de la página 247 del fallo atacado, el único que resultó tener contacto y vinculación directa con la Embajada de los Estados Unidos finalmente no fue D’Alessio sino el abogado José Manuel Ubeira, Evidentemente la hipótesis que plantea el abogado es una artificiosa construcción pergeñada con la clara intención de preparar nulidades y cuestionamientos en causas en donde se investigan hechos de corrupción en las que él y otros letrados se encuentran presentados como defensores”.

En cuanto al caso del ex esposa de la mujer de Stornelli, Castañón. El fiscal sostuvo que solo “consultó a D’Alessio fue acerca de si él sabía, si los pilotos de líneas aéreas americanas poseían pasajes gratuitos ilimitados, ya que por una cuestión familiar le preocupaba que Castanón viajase de manera constante a la Argentina, en ocasiones dos veces a la semana”. “Aclaró Stornelli que no recordaba si le dijo a D’Alessio o no el motivo de su inquietud. toda la averiguación que efectivizó D’Alessio fue al sitio web Chart Org, en el cual es posible consultar organigramas de empresas y listados de empleados, en este caso, de una línea aérea. Concretamente, no hace ni a la Defensa Nacional ni afecta el orden constitucional”, añadió el escrito de la defensa de Stornelli, que reiteró el pedido de privacidad de este caso por ser de carácter familiar.

Sobre el caso del financista Alejandro Talevi, quien quebró una financiera y D’Alessio lo vinculaba supuestamente con De Vido y con un hijo del diputado Leopoldo Moreau, Stornelli señaló que “el juez asocia el supuesto comienzo de las presiones hacia (su ex novia) Munin (esta última lo sitúa entre octubre y noviembre 2018) con el período en el cual se constató un trato fluido, habitual y casi cotidiano entre D´Alessio y Stornelli. En primer lugar, “en octubre D´Alessio y Stornelli no se conocían” y el fiscal jamás dispuso medida alguna sobre el financista solo dijo en un chat a D’Alessio que si tenía “merca” iba a analizar el caso, lo que corresponde por ley a todo fiscal y funcionario público.