El fiscal ante la Casación se opuso al pedido del Gobierno para excarcelar a Ricardo Jaime

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, dictaminó en contra del pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para que al ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime, le concedan la prisión domiciliaria. Según Pleé, no existen argumentos suficientes para hacer lugar a la solicitud. Jaime está condenado por administración fraudulenta en la causa por tragedia de Once, y acusado de dádivas y enriquecimiento ilícito.

Al tribunal llegaron también sendos escritos de la querella de los familiares de las víctimas de Once, firmado por Leonardo Menghini -tío de Lucas Menghini Rey- en el que pide rechazar el recurso del gobierno; y del abogado de Jaime, que por supuesto solicita que lo acepten. 

Hace poco más de una semana, la Casación había declarado la «inadmisibilidad» de un planteo similar de por parte de los abogados de Jaime. Luego de ese rechazo, el martes pasado el ex funcionario inició una huelga de hambre en reclamo a que le permitan cumplir el arresto en su casa.

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Ese mismo día, un escrito con la firma del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, se presentó ante la Cámara de Casación bajo la figura de Amicus Curiae, solicitando que Jaime pueda continuar cumpliendo su condena con prisión domiciliaria.

El escrito fue rechazado por el fiscal general Raúl Pleé, que este lunes se opuso a que se conceda la morigeración de la detención a Jaime. El ex secretario cumple una condena a ocho años de prisión, y es protagonista de varias causas por corrupción. Ante el tribunal que lo iba a juzgar por dádivas, por ejemplo, admitió haber cometido ese delito, como parte de un acuerdo judicial.

Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, la figura utilizada por el secretario de Derechos Humanos, que depende de la ministra de Justicia Marcela Losardo, «es una medida de acción colectiva no para intereses particulares». Por otro lado, señalaron que «es llamativo que la Secretaría de Derechos Humanos se presente en un caso de corrupción donde el Estado ya está representado por la querella».

En el escrito presentado por Pleé, al que accedió Clarín, ​se señaló que más allá de que Jaime integra el listado de presos de riesgo, los informes médico encargados han mostrado que «no se trata de un enfermo terminal y que sus afecciones podrían ser tratadas adecuadamente intramuros». El fiscal indicó que los informes del Cuerpo Médico Forense «constituyen el asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está garantizada».

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Como el ex funcionario K inició una huelga de hambre la semana pasada, al respecto se señaló ahora que, según se desprende del seguimiento médico del Servicio Penitenciario Federal, «su estado de salud no ha presentado variaciones sustanciales con respecto al estado evaluado oportunamente por el Cuerpo Médico Forense».

La Secretaría de Derechos Humanos había manifestado que tenía «un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime», pues «en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad».

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En otra parte, Pietragalla hace mención a la supuesta fragilidad de salud de Jaime, y la vincula con la pandemia de coronavirus. “Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”, dice el funcionario.

El fiscal general sostuvo que tales argumentos «no bastan per se para modificar el estado de encierro, en la medida en que no se han aportado elementos concretos que permitan suponer que el nombrado no encuentre garantizado su derecho a la salud» y que al momento «no obra informe oficial elaborado por los organismos gubernamentales que de cuenta de que algún interno se halla infectado con COVID-19, por lo que el riesgo anunciado por la defensa se traduce en uno meramente potencial y abstracto».

Finalmente, Pleé se ocupó de resaltar «la gravedad de los ilícitos» cometidos por Jaime. En primer lugar, condenado por administración fraudulenta y estrago culposo en la tragedia de Once, con confirmación de la Casación: «no puede soslayarse su participación en delitos cometidos en carácter de funcionario público y que han tenido, entre otros resultados, la muerte de más de medio centenar de personas».

En este mismo sentido, indicó el fiscal que la pena de efectivo cumplimiento «impuesta en esos términos, comprensiva de otras dos condenas por aceptación de dádivas y sustracción de pruebas, constituye un parámetro que no puede ser desatendido aún cuando la misma no se encuentre firme, dada la presunción de validez y certeza respecto de los hechos allí analizados».

Todos estos aspectos derivaron en la oposición al pedido de prisión domiciliaria que avaló el Gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos. La Sala III de la Cámara de Casación resolverá en los próximos días si hace lugar o no al pedido.