El Estado salió al rescate de empresas y trabajador…

“Los subsidios al salario tienen efectos positivos sobre la recuperación económica y previenen despidos que, de realizarse, desembocarían en una mayor crisis. Pueden ser costosos, pero permiten conservar el empleo”, indicó la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en un informe dedicado a estudiar los programas de subsidio del Estado a las empresas para pagar los sueldos en el contexto de las medidas de aislamiento social. 

El documento muestra que este tipo de políticas se adoptó a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque con diferentes matices dados por los requisitos para acceder, el monto pagado al trabajador, la forma de pago y la duración del beneficio. 

En la Argentina, el Estado nacional pagó alrededor del 50 por ciento de la carga salarial de las empresas a través del ATP en los sueldos de abril y mayo y se analiza su extensión a junio. Abarca a más de 300 mil empresas que emplean a 2,5 millones de personas.

Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Italia, Holanda, Marruecos, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay son las experiencias estudiadas por la OIT en materia de programas de subsidio al salario del empleo privado. Se trata de medidas extraordinarias, impensadas en otro contexto que son adoptadas por países con diferente tradición política y gobiernos de distinto signo ideológico ante los fuertes riesgos de destrucción del tejido laboral.

La crisis económica derivada de la pandemia emerge como una crisis de oferta, porque el confinamiento obligatorio retrae la producción y las ventas de manera masiva. Pero rápidamente se transforma en una crisis de demanda, porque la caída de la actividad reduce ingresos y ello vuelve a impactar negativamente en el consumo y la inversión. Uno de los mecanismos que los gobiernos encontraron para contener ese círculo vicioso es el pago de los salarios del sector privado. “No se trata de un nuevo instrumento, pero en la escala utilizado en esta crisis, es algo sin precedentes”, explica el informe de la OIT.

En los Estados Unidos, se lanzó una línea crediticia de hasta el 50 por ciento de la nómina salarial. Para las pequeñas y medianas empresas, el empresario puede transformar ese crédito en un subsidio si demuestra que lo utilizó para pagar salarios. En Nueva Zelanda y Australia, todas los tipos de empresas son elegibles para recibir el subsidio, incluyendo ONG y trabajadores independientes. En Francia también se incluye a las empleadas domésticas. En Brasil los trabajadores deben estar registrados, al igual que en Túnez, que permite que las empresas registren trabajadores para obtener el beneficio, como estímulo a la formalización.

En Tailandia, el subsidio al salario sólo está disponible para las pequeñas y medianas empresas. Mucho más restrictivo es el beneficio en Bangladesh y Camboya, en donde se orienta solamente al sector textil y a los exportadores. En la Argentina, el ATP está disponible para todas las empresas del sector privado que hayan experimentado una suba de las ventas en términos nominales no superior al 5 por ciento en abril frente al mismo mes de 2019, que implica una fuerte caída en términos reales teniendo en cuenta la inflación del 50 por ciento.

También en otros países las empresas deben mostrar que están en dificultades para poder acceder al beneficio. En Holanda, el beneficio se otorga a las firmas cuyas ventas hayan caído al menos un 20 por ciento. En Australia, la merma de ventas debe ser superior al 30 por ciento para las pequeñas empresas y del 50 por ciento para las grandes empresas. En Malasia, las firmas deben mostrar una caída del 50 por ciento en sus ingresos. Argentina, como Suecia, impuso restricciones para que las firmas beneficiadas distribuyan dividendos. En otras experiencias no se aplicó ese criterio.

En Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido, entre otros, el subsidio lo recibe la empresa. En cambio, en Argentina, Chile y Uruguay, el beneficio lo cobra directamente el trabajador, aunque en los últimos dos casos, el pago se canaliza a través del seguro de desempleo. Según la OIT, el subsidio llega hasta el 75 por ciento del salario, aunque operan a veces restricciones nominales. El pago es muchas veces proporcional al salario (Francia, Alemania, Reino Unido, Tailandia y Singapur, por ejemplo), pero en otros consiste en una suma fija, como en Nueva Zelanda, Brasil y Malasia.