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Luego de casi cinco horas, la jueza María Carolina Castagno decidió pasar a un cuarto intermedio para mañana jueves a las 10 de la mañana en el caso que la Cámara de Apelaciones de Paraná titula «Etchevehere Leonor VM/ Denuncia». Con la resolución, se conocerá si la jueza ratificará, ordenará la revisión al juez de primera instancia o revocará el fallo de Raúl Flores que no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva. La apelación fue presentada el último viernes por los v(b)arones Etchevehere apenas conocido el fallo.
Los oradores a los que escuchó Castagno para decidir qué camino tomar en este caso que se convirtió en un hecho político a punto tal de que el propio presidente emitió opinión al respecto fueron, por el lado de los denunciantes, el fiscal Oscar Sobko, el abogado Ruben Pagliotto en representación de Las Margaritas S.A. (sociedad anónima propietaria del predio), ambos trabajando desde el primer día con el caso; y la novedad es la presencia de Mónica Carmona por el Ministerio Público Fiscal: desde el Proyecto Artigas, alertaron que la presencia de Carmona significaba un peligro para la seguridad integral de Dolores Etchevehere porque «desde el Ministerio Público Fiscal «no tienen perspectiva de género ni hicieron la capacitación de ley Micaela, aunque Micaela fue asesinada en su provincia por justicia corrupta/inoperante».
Por el lado de la parte defendida, se esgrimieron la Dra. Daniela Verón, defensora y querellante, del Cuerpo de Abogadas de Víctimas de Violencia de Genero del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacion y Lisandro Mobilglia, defensa técnica del denunciado.
Denunciantes
El primero en hablar fue el fiscal a las 9.20 Sobko, que repasó los motivos por los que acusa a Dolores Etchevehere y a lo que ella denomina como su «nueva familia» del Proyecto Artigas. Por un lado, por delito de engaño a los trabajadores de la estancia, utilizando su apellido sabiéndose titular de un porcentaje de acciones de Margaritas S.A.
La querella acusa a Dolores Etchevehere de ingresar de manera violenta a la estancia, por delimitar espacios donde circulan los trabajadores y cambiarles las tareas. «Les dijeron que les iban a triplicar su sueldo, pero a cambio de que respondan a todo lo que ellos les pedían», explica Sobko. Y agrega: «No discutimos que ella sea heredera. Pero si es accionista, tiene que manejarse como está previsto en el estatuto: si pretende cambiar la forma de producción u ocupar una parte del campo, tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad, la asamblea».
Tal como adelantaron desde el Proyecto Artigas, a su turno, Mónica Carmona hizo foco en los «supuestos actos intimidatorios» que dieron lugar a la sanción de una serie de medidas de protección para Dolores, que incluyen el cese de actos violentos y la prohibición de acercamiento a cualquier lugar público o privado en el que se encuentre por parte de sus hermanos varones. La fiscal Carmona confirmó que, en el caso de que se revoque el fallo y se restituya el inmueble a los varones Etchevehere, el MPF evaluará cuáles son las medidas que se mantendrán y cuáles se modificaran.
Finalmente Pagliotto reforzó los argumentos antedichos por Sobko aunque, en carácter de abogado de la Sociedad Anónima, hizo un especial foco en la titularidad de la estancia por parte de las Margaritas Sociedad Anónima.
Noticia en desarrollo.
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