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El Banco Central se presentó este viernes ante la Corte Suprema para pedir la inconstitucionalidad de las leyes porteñas que gravan con impuesto a los ingresos brutos a los títulos públicos y actividades reguladas por la autoridad monetaria.
La Ciudad busca embolsar nuevos ingresos con estos gravámenes, mientras que el Central no sólo considera inconstitucional la medida sino que plantea que debe frenarse para evitar problemas de coordinación de la política monetaria.
“La Ciudad de Buenos Aires al gravar los títulos y operaciones reguladas por el Banco Central se ha atribuido poderes en materia financiera, pues tales tributos impactan directamente en el sistema monetario”, advirtió el Banco Central.
La entidad agregó que “es por ello que corresponde y así se solicita, la intervención de ese Alto Tribunal de Justicia en el conflicto suscitado respecto de la interpretación de la normativa federal involucrada, la que se ve obstaculizada por el accionar de la Ciudad de Buenos Aires”.
La autoridad monetaria pide la inconstitucionalidad específicamente sobre los artículos de la Ley Tarifaria 2021 y Presupuesto 2021. “Ambos prevén la imposición efectiva del impuesto a los ingresos brutos a las actividades consistentes en operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales y operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central”, indicaron en el organismo.
El argumento legal presentado ante la Corte para frenar el intento de la Ciudad de subir los gravámenes se concentra en distintos frentes. Uno de los más importantes es que para el Central “se requiere un pronunciamiento por el cual se declare la inconstitucionalidad de las normas locales debido a que afectan la política monetaria, cuya ejecución le compete por disposición expresa de la Constitución Nacional al Banco Central”.
Desde la entidad monetaria buscan conseguir la inmediata suspensión de las normativas porteñas. El objetivo planteado es que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de llevar adelante la aplicación del gravamen hasta que haya un dictado de la sentencia definitiva y firme.
Las preocupaciones de la autoridad monetaria tienen que ver en gran parte por los efectos nocivos que puede tener la decisión del Gobierno porteño sobre la coordinación de la política económica y principalmente monetaria.
“Se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional”, consideró el Central. En su presentación advirtió que “el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”.
Detalles del conflicto
El conflicto entre el Central y la Ciudad se explica por dos leyes que impulsa el gobierno porteño y son incompatibles con el derecho federal y la constitución. En un comunicado difundido este viernes a última hora el Central ofreció detalles para entender la disputa y para justificar el pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema.
“La Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del Banco Central resultan la materialización de los artículos constitucionales, de modo tal que las disposiciones de carácter local no pueden interferir en las misiones y funciones del Banco Central”, se indicó en el comunicado del BC.
En ese documento se precisó también que la autoridad monetaria es un banco federal sobre el que recaen importantes funciones como las de sellar la moneda nacional, fijar su valor y el de otras monedas extranjeras, adoptar un sistema uniforme de pesos, entre otras medidas con alcance a nivel nacional. Esto se encuentra contemplado en distintos artículos de la Constitución.
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