Dormida desde febrero, la causa por supuesto fraude en Vicentin se reactivó con el avance del gobierno sobre la firma

El Vicentazo -como crecientes actores de la política y la empresa llaman al sorpresivo anuncio de la expropiación de la cerealera Vicentin- apoya su frágil argumentación sobre dos patas: la supuesta imposibilidad de refinanciar y afrontar la enorme deuda de corto plazo de la firma, y las oscuras sospechas de que el último tramo de esa deuda fue contraído de modo ilegal con el Banco Nación gracias a la complicidad de las autoridades de la institución durante el macrismo. Sólo la consolidación de esas dos razones podrán disimular mejor la tercera: se trató de una decisión política del gobierno, inspirada en un objetivo de estratégico y oportunamente sincronizada con la crisis de Vicentin.

Dos tribunales argentinos analizan qué pasó en la empresa exportadora de aceite y granos. En la justicia comercial de Santa Fe -sede de la firma- el juez Fabián Lorenzini lleva adelante el concurso de acreedores, herramienta legal concebida justamente para proteger los activos de una compañía y los derechos tanto de sus dueños como de sus acreedores. Agotadas las instancias de inyección de capital y renegociación de deudas, el concurso es el único camino legal para «salvar» a una empresa.

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Lejos de los silos, camiones y plantas procesadoras de granos asentados en Avellaneda y Reconquista, junto al Rio de la Plata y en el edificio de la avenida Comodoro Py 2002, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini investigan si los directivos de Vicentin Gustavo Nardelli y Alberto Padoán se complotaron con el ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, para acordar préstamos oficiales a la empresa por un total de 18.500 millones de pesos. Estos giros se autorizaron luego de las PASO de agosto pasado, que iniciaron el camino de salida del poder de Mauricio Macri, de cuya campaña el grupo Vicentin fue el principal aportante. Menos de cuatro meses después, a comienzos de diciembre, la firma dejó de pagarlos.

El 30 de enero, horas antes de que los tribunales retomaran su actividad tras la feria judicial, el abogado Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunció a Nardelli, Padoán y González Fraga por supuesta defraudación al Estado. El fiscal Pollicita los imputó y pidió una serie de medidas, que desde entonces quedaron en la nada. En ese momento, ni siquiera se presentó a declarar el autor del informe técnico en el que Miguez había basado su denuncia, el flamante director del Nación Claudio Lozano.

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Hasta que la semana pasada Alberto Fernández sacudió la modorra con la palabra «expropiación», el expediente Vicentin era uno de los tantísimos que permanecen congelados en los tribunales federales, doblemente sepultados bajo la excusa de la feria judicial por el coronavirus. El gobierno no había movido un dedo para sacarlo de esa hibernación, y en los pasillos de Comodoro Py se escuchaba una explicación: así como Nardelli es muy cercano a Mauricio Macri, Padoán tiene conocidos vínculos con la plana mayor del kirchnerismo. Amistosos y de los otros, a punto tal que fue procesado en el marco del caso de los cuadernos de las coimas. Los testigos coinciden en que los jueces cenaba con Julio De Vido, aunque no se ponen de acuerdo respecto a la frecuencia de esas tertulias: semanales o quincenales.

Como fuere, ese elocuente freno a la causa penal es agua pasada. El kirchnerismo cortó con la dulzura con su plan de expropiación, y halló en la amistad entre Gustavo Nardelli y el ex presidente otro camino para tratar de engrillar a Macri en la justicia, como los que de golpe inició en otros tribunales porteños y de Lomas de Zamora.

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El escándalo tambíen despertó al fiscal Pollicita, que sumó nuevas medias a aquellas que había pedido en febrero, sin mayor suerte. Ahora también quiere que se levante el secreto fiscal de la cerealera, y que le envíen datos del directorio del Banco Nación y el detalle de las deudas de la empresa con la entidad. Antes de firmar su escrito, la semana pasada ha tenía sobre su escritorio 70 archivos con información y documentos. Evidentemente no estaban disponibles hasta ahora.

No es todo. La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa con nuevas acusaciones bajo el brazo. Quiere que se investigue a Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a a los directivos de Vicentin por lavado de dinero y fuga de capitales. La oposición respondió con la primera denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, por supuesto abuso de autoridad con su plan de expropiación. La tregua se terminó.