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Después de que el fiscal Diego Velasco requirió que se inicie el juicio del caso por las operaciones con el Dólar Futuro, que tiene entre sus principales acusadas a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, actuales y ex directivos de Banco Central, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) había fijado una audiencia preliminar de cara al inicio del juicio. Sin embargo, haciendo lugar a unos planteos formulados por la vicepresidenta y el gobernador bonaerense ese encuentro quedó suspendido, retrasando aún más el comienzo del debate.

El representante del Ministerio Público Fiscal había rechazado un pedido de sobreseimiento formulado por directivos del Banco Central, y en ese mismo dictamen había pedido «la fijación de fecha de juicio para posibilitar que se ventilen la totalidad de los elementos probatorios y no limitar el juicio de responsabilidad a tan sólo uno, como pretenden los presentantes».

En plena feria judicial extraordinaria por la pandemia de coronavirus, el TOF 1 admitió el pedido de Velasco para que se habilite la feria y se avance en la pericia contable que estaba pendiente. En 2017, Dólar Futuro se convirtió en el primer caso contra Cristina Kirchner elevado a juicio oral.

Durante la investigación se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a otros ex funcionarios, cometieron un fraude descomunal al patrimonio público«, que le habría costado al Estado «55 mil millones de pesos». El delito imputado es el de administración fraudulenta.

Para determinar si el perjuicio fue de tal magnitud, previo al inicio de la feria por el coronavirus se había ordenado la realización de una pericia, como parte de las medidas preliminares antes de fijar fecha de inicio de las audiencias. Ese estudio técnico había sido requerido por los acusados Alejandro Vanoli y Miguel Ángel Pesce, presidente y vice del Banco Central en 2015. Pesce es el actual conductor del Central.

En sus conclusiones a las más de 80 preguntas formuladas, los peritos contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que «las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”. Según esas conclusiones, no existió la defraudación indicada durante la instrucción.

Ante estas conclusiones, los abogados de Vanoli y Pesce, y quienes integraron su Directorio -Sebastián Aguilera, Mariano Beltrami, Pedro Biscay, Bárbara Domatto Conti, Juan Miguel Cuattromo, Germán Feldman y Alejandro Formento- pidieron su sobreseimiento.

​Los denunciados apuntaron a la “sinrazón de judicializar una decisión claramente política, insusceptible de ser revisada, por lo tanto, en esta sede, atenta la absoluta legalidad y legitimidad de los organismos que intervinieron en la toma de decisiones y en la ejecución de todo cuanto incumbe a lo que se ha dado en llamar genéricamente, el dólar futuro”.  También señalaron que la pericia demuestra que desde su ideación hasta su concreción, la política gubernamental desplegada en el tópico dólar libre no constituye ni jamás ha constituido un ilícito penal.

Pero el Tribunal convalidó las objeciones del fiscal Velasco, rechazó los pedidos de sobreseimiento y fijó fecha para la audiencia preliminar. Se consideró que «no se observan argumentos de fondo» y que «no existe ninguna proyección en su exigua extensión sobre el supuesto impacto en la tipicidad objetiva o subjetiva, la antijuricidad, la culpabilidad o inclusive en la punibilidad que pudieran tener las formulaciones periciales. Es más, no menciona cuáles son a su criterio, las consideraciones de los técnicos que respaldan su postura liberatoria».

Por otra parte,consideró que tampoco la defensa explica «cómo inciden esas conclusiones respecto del resto del plexo probatorio existente como para sólo tener en cuenta la pericial y descartar al resto de las pruebas».

Con esta discusión zanjada, las defensas de Cristina Kirchner y la de Axel Kicillof interpusieron otro recurso tildando de «arbitraria la resolución emitida -por mayoría- por estos estrados, el pasado 21 de octubre de 2020» y se quejaron de que sobre la decisión de rechazar los sobreseimientos «no se dio intervención a la totalidad de las defensas actuantes sino que ante el planteo el Tribunal corrió vista a la Fiscalía y luego se resolvió el rechazo del planteo –por mayoría-, sin más. En esencia, cuestionaron el trámite del presente incidente», indica la resolución a la que accedió Clarín.

De esta manera, los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Gabriela López Íñiguez, concedieron los recursos que deberá resolver la Cámara de Casación y en consecuencia, se suspendió la audiencia preliminar del 26 de noviembre. 

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