Desplazamiento de jueces: la jugada de Cristina que puede beneficiar a Cristóbal López, Insfrán y Boudou

La Cámara Federal porteña, responsable de revisar los fallos y decisiones de los jueces de instrucción, está conformada por dos salas, de tres jueces cada una. Con la remoción de dos de sus magistrados que habían intervenido en el caso Cuadernos confirmando la mayoría de los procesamientos contra Cristina Kirchner, hasta que haya una resolución de la Corte, ese tribunal funcionará sólo con dos jueces. En tanto, de la sala de la que fueron corridos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había dos fallos que estaban por salir: uno vinculado al caso Ciccone (por el que está procesado Amado Boudou) y otro relacionado a Cristóbal López.

Las opciones para cubrir esos lugares vacantes son varias. La Corte Suprema de Justicia -que el martes próximo tratará el reclamo por los desplazamientos- puede decidir que se sortee algún juez subrogante hasta que falle respecto del destino de Bruglia y Bertuzzi, pero también puede ocurrir que el Consejo de la Magistratura -con mayoría kirchnerista- avance en los concursos para cubrir esos cargos antes de que haya un pronunciamiento de los cortesanos.

Hasta que algunas de esas posibilidades se concrete, la Cámara Federal porteña funcionará solo con dos jueces, Martín Irurzun (Sala II) y Mariano Llorens (Sala I). Cada uno firmará por la otra sala y así, serán ellos dos los que resuelvan sobre procesamientos, embargos, prisiones preventivas, entre otras medidas adoptadas en instrucciones y apeladas, por ello llegan a esa instancia.

No es la primera vez que la cámara de apelaciones se queda con dos de sus seis magistrados. En 2018, cuando los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero la abandonaron tras haber excarcelado a Cristóbal López -uno renunció y el otro fue trasladado al fuero Penal Económico- durante varios meses estuvieron resolviendo sólo Bruglia e Irurzun.

Ahora hay otro telón de fondo, que es la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar diez traslados de jueces realizados durante el gobierno de Mauricio Macri, medida que se concretó en el Senado que preside Cristina Kirchner y que se consumó con el decreto del presidente Alberto Fernández. Bruglia y Bertuzzi fueron corridos de sus cargos como integrantes de la Sala I.

Los jueces vinculan esa movida con las causas en las que intervinieron. El expediente de mayor envergadura sobre el cual les tocó resolver es el de los Cuadernos de las Coimas. También fueron quienes confirmaron los procesamientos de la vicepresidenta en causas conexas: subsidios a los trenes, subsidios a los colectivos, el uso de los aviones presidenciales para trasladar diarios y muebles a Santa Cruz y la cartelización de la obra pública, como otras dos relacionadas donde entendieron que no había pruebas suficientes para acusar a Cristina Kirchner.

Pero quedaban otros casos pendientes de resolución en la Sala I. Uno de ellos se encuentra vinculada al caso Ciccone. Bertuzzi y Bruglia eran los responsables -hasta la semana pasada-, de decidir si se debe desdoblar la investigación enfocada en la renegociación de la deuda de Formosa con una consultoría -que se corroboró fue simulada- realizada por The Old Fund, firma del señalado testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, y dueña tiempo después de la imprenta.

El juez Ariel Lijo decidió que ese cuestionado contrato por más de 7 millones de pesos, por el que está imputado el gobernador Gildo Insfrán, sea investigado en Formosa. El fiscal federal Jorge Di Lello apeló esa medida. Debían definir los camaristas desplazados.

Durante la instrucción de la causa se determinó que se «simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera». El objetivo, según determinó Lijo, fue el «cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa».

La remoción de los camaristas también podría ser favorable para Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa. El año pasado, el fallecido juez Claudio Bonadio los procesó por defraudación por una obra que su empresa CPC recibió en Chubut. Esa acusación fue apelada y se debe resolver si se confirma, si se deja sin efecto o se ordena continuar investigando, que sería una falta de mérito. El gobierno de Mauricio Macri lo denunció por percibir fondos injustificados en el marco de la licitación para una obra hídrica y por no concluir la obra. López dijo que sólo se lo imputó «por ser accionista» de CPC, y que como tal «no soy responsable de las decisiones de la firma».

Según la imputación, el perjuicio generado se perpetró contra el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que había contratado a CPC para mejorar el abastecimiento de agua potable por medio de un acueducto que toma agua del Lago Munster, que se ubica en la provincia de Chubut y que finaliza en la ciudad de Caleta Olivia (Santa Cruz). La obra se realizó entre 2013 y 2017.

Según el informe de la SIGEN, se pagó a CPC 13.141.942 pesos por «obras incompletas que el ENHOSA certificó como culminadas», detallando una cantidad de obras que figuraban en la certificación. La imputación contra el empresario K y su socio sostiene se detectaron diversos faltantes de piezas y trabajos incluidos en el contrato.

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