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Un total de 31 imputados colaboradores, aguardan por la resolución de la Cámara de Casación para que defina si la ley que los amparó hasta el momento es inconstitucional o no. Esa normativa determinaba que si alguno de los arrepentidos mentía, no sólo perdía todos los beneficios del acuerdo que firmaron con la fiscalía, sino que además se los acusaba de un delito mayor: falso testimonio agravado. Si la ley se llega a considerar inconstitucional, quienes confesaron podrán retirar sus testimonios como cualquier otro imputado, debilitando la causa que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner. En cambio, en los tribunales de Comodoro Py reiteran que las actas de los arrepentidos «no son la única prueba» del expediente y que el caso seguiría en pie.

Transcurrieron dos años y medios desde que inició la causa. La misma parece estar en una suerte de “parate”. El fallecido juez Claudio Bonadio elevó todo a juicio oral. Según su esquema, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por la importación irregular de gas natural licuado (GNL), en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior del ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

La vicepresidenta es la principal acusada, señalada como supuesta jefa de esa asociación ilícita. La Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina Kirchner por no encontrarla directamente relacionada. Sólo quedó imputada en la “causa madre” y en dos más conexas. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.

Por su dimensión, complejidad y gravedad de los hechos investigados, los responsables de la investigación la califican como el mayor expediente de corrupción de los últimos 20 años, pero por un pedido de abogados de ex funcionarios kirchneristas, puede comenzar a tambalear.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que es el responsable de realizar el juicio oral, será quien decida sobre la suerte de los 31 arrepentidos, que algunos entre el temor y la incertidumbre, aguardan la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación. Si la jueza Ana María Figueroa y los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, resuelven que la Ley del Arrepentido es inconstitucional, el TOF 7 será quien determine el status que les otorgará a los imputados colaboradores, que ya no contarán con los beneficios y amparo de la normativa que los condujo a colaborar con la causa. En ese escenario, ya sin ese instrumento legal que los resguarde, y al quedar únicamente como imputados, podrían ellos mismos retractarse de sus dichos.

Pero el tema no es tan simple. Otra sala de la Casación en la causa por narcotráfico en Itatí avaló la constitucionalidad de la ley del arrepentido. Entonces, si la sala de Figueroa dice que la ley es inconstitucional «el fallo valdrá para la causa Cuadernos», explicó una fuente judicial.

«Pero si alguna parte se siente agraviada por el fallo Sala I puede pedir lo que se llama un recurso de inaplicabilidad de ley por contradicción con otra sala», agregó la fuente. Este mecanismo supone un pedido de un plenario de todas las salas del máximo tribunal penal para una votación conjunta. «Pero tiene que haber un pedido de algunas de las partes como la defensa, el fiscal o querella», insistió esa fuente.

Los testimonios de los arrepentidos, cuestionados por los ex funcionarios kirchneristas, fueron avalados por el juez Bonadio al cumplirse un año del inicio de la causa, tal como lo exige la ley. Si en ese plazo se detectaba alguna mentira, como direccionamiento de la investigación hacia otro lado, los imputados colaboradores perdían todos los beneficios y si les atribuía un delito mayor: falso testimonio agravado.

“Si se declara inconstitucional la ley, los arrepentidos podrán decir que sus dichos no eran ciertos porque serán declarados imputados y así la causa podría caerse por completo”, afirmó el abogado de un empresario a Clarín. Si la Ley no tiene más vigencia para la causa, ya no se los podrá acusar de falso testimonio agravado y creen que perdería fuerza el expediente.

Los más optimistas en Comodoro Py reiteran que la causa “cuenta con una gran cantidad de pruebas por fuera de los testimonios” y descreen que el expediente llegue a caerse por más que la Casación pueda declarar inconstitucional la ley.

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