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En febrero del 2012 se masificó ante la opinión pública, a través de Radio Mitre y Clarín, que el entonces vicepresidente Amado Boudou influía como si fuera el nuevo dueño en la única imprenta privada del país capaz de imprimir dinero, cheques, acciones, pasaportes o DNI. La planta gráfica se llamaba Ciccone Calcográfica. A las pocas semanas se inició una investigación judicial sobre el caso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esta semana la condena firme a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Según fuentes inobjetables del entorno de Boudou, en mayo del 2012 la presidenta Cristina Fernández dejó de hablarle a su vice, enojada por las derivaciones de esta historia delictual. Solo volvió a cruzar palabras con él el 9 de diciembre del 2015, un día antes de dejar el poder y de la asunción de su reemplazante, Mauricio Macri.
A pesar de que Boudou era invitado a los actos presidenciales, Fernández no solo no le dirigía la palabra sino que además lo alejó de los lugares en los que sentaban los funcionarios con los que aun tenía confianza. A pesar de que ayudó a Boudou a intentar eludir las pruebas en su contra que finalmente recolectó la Justicia, jamás lo defendió en forma directa.
La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la pena de prisión de Boudou, ella continúa en silencio y no dijo nada sobre esta trama. Dirigentes y funcionarios «cristinistas» sí defendieron a Boudou. Incluso lo hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La repentina defensa pública de Boudou es avalada por la hoy vice, Fernández. Aunque ella supo siempre que su segundo en la línea presidencial se había adueñado de la ex Ciccone.
Para que Boudou y su socio y amigo de toda la vida, el millonario súbito José María Núñez Carmona, hizo falta que varios organismos públicos K presentaran escritos ante el juzgado comercial de Javier Cosentino, a cargo del concurso de acreedores en el que había entrado Ciccone Calcográfica para pagar sus deudas. La sede de la empresa había sido alquilada a la firma del juego y el mercado gráfico, Boldt. En julio del 2010, la AFIP pidió la quiebra de la fábrica de dinero. En septiembre pidió ante la Justicia rever esa medida. El magistrado dejó registrada esa singularidad del organismo recaudador. Para que Boldt dejara la planta de Ciccone accionaron en el juzgado de Cosentino la secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno. Y el ente público Defensa de la Competencia. El socio de Boudou ya se había presentado ante directivos de Boldt anunciándoles que debían irse de la empresa que habían rentado. «Hablo en nombre de Boudou», reveló con desfachatez Núñez Carmona.
El Gobierno K logró su cometido.
La sociedad The Old Fund, presidida por el luego acusado de ser representante secreto de Boudou, Alejandro Vandenbroele, inició el manejo de la compañía.
¿Podía desconocer en ese tiempo la entonces presidenta Fernández las acciones estatales de organismos claves que beneficiaron a The Old Fund para que pasase a controlar una fábrica de dinero?
No.
La vinculación de la Presidenta Fernández con The Old Fund se terminó de sellarse cuando el partido de Gobierno, el Frente para la Victoria, contrató a The Old Fund nada más ni nada menos que para imprimir sus boletas electorales que se usarían en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 2010, y que además se utilizaron para los comicios nacionales. La fórmula de la reelección fue Cristina Fernández-Amado Boudou. Vandenbroele debió pedirle ayuda al fundador de Ciccone, el imprentero de alma Nicolás Ciccone, para tercerizar esos trabajos de imprenta en varias empresas del rubro debido a que la planta gráfica no podía confeccionar las boletas K.
A fines del 2010, además, funcionarios de la Casa de Moneda, que estaba bajo supervisión administrativa del ministro de Economía del 2010, Boudou, para probar las máquinas de hacer plata de la empresa ya controlada por The Old Fund.
Vandenbroele, se confirmó después en la Justicia, a lo que se sumó luego su confesión como arrepentido en el juicio oral del caso por el que fue condenado el ex vice, vivía en el departamento que Boudou había declarado como propio y supuestamente había alquilado.
Con la causa Ciccone en pleno impacto político, judicial y mediático, Boudou negaba conocer a quien vivía en su propiedad mientras él rentaba un departamento más grande también ubicado en Puerto Madero.
Vandenbroele había entrado en la Casa Rosada, la Casa de Moneda y en el Instituto de Juego de la Provincia de Buenos Aires. En éste último organismo intentó que The Old Fund sea contratada para imprimir fichas de casino.
En la semana santa del 2012, Boudou abrió el Senado en semana santa para denunciar que el caso Ciccone era un invento creado para perjudicarlo. Acusó a diversos actores de la vida pública de ser los ideólogos de un complot que, se comprobó luego, era inexistente.
Según fuentes que convivían con Boudou como vicepresidente, fue la propia Fernández la que le ordenó que ese día denunciara como si fueran parte de una especie de mafia al primer juez del caso, Daniel Rafecas; al primer fiscal, Carlos Rivolo; y al Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Todos dejaron sus puestos.
La instrucción de la causa Ciccone por la que Boudou fue procesado y llevado a juicio oral fueron el magistrado Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
El Estado K usó su aparato de propaganda para intentar atacar a los testigos del caso, a los investigadores judiciales y los periodistas que difundían noticias sobre ese expediente que se volvió imparable.
En abril del 2012, con la ex Ciccone investigada por lavado de divisas, entre otros delitos, la gestión presidencial de Fernández contrató a la compañía para fabricar 410 millones de billetes de cien pesos. La entonces presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, había negado en público que eso pasaría.
La decisión final la tomó la cúpula gubernamental, liderada por la presidenta Fernández.
Fue en ese tiempo en el que, muy enojada con su vice por el costo político que pagaba el Gobierno por su actuación, dejó de hablarle a su vice.
En agosto del 2012 la Presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de Ley para que el Estado expropiara la ex Ciccone.
El dato era desconocido: el titular del Senado, Boudou, se enteró de la noticia cuando ese proyecto entró en la mesa de entradas del Palacio Legislativo, admiten ahora ex autoridades del Congreso.
La estatización de la ex Ciccone se votó en Diputados y en el Senado con mayoría de votos de legisladores del peronismo gobernante. Un Ley tan polémica y de esa envergadura jamás se hubiese sancionado si la Presidenta no le habría ordenado a los bloques K que aceptasen aprobar esa expropiación escandalosa Boudou sufrió durante horas la sesión en la que se votó ese proyecto en el Senado.
El ideólogo de esa defensa de Boudou, explícita pero no verbalizada por los voceros K fue el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Ese funcionario se transformó en enemigo del vice complicado en la Justicia.
Boudou fue obligado a defenderse en los medios. Sus coartadas cayeron una a una. Fue procesado en funciones.
Las pruebas en su contra se acumularon y sus familiares directos y su socio Núñez Carmona quedaron vinculados de modo directo a The Old Fund.
El caso por todas las instancias judiciales y la instrucción del juez fue ratificada en todos los tribunales del alzada hasta que en el 2018 Boudou fue condenado.
La ahora vice Fernández continúa hasta hoy en silencio. Igual su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Pero aun así Fernández aceptó que su dirigencia atacara la decisión de la Corte de confirmar la cárcel para el ex vice.
¿Es una defensa ideada para Boudou o pensando en posibles condenas de ex funcionarios K, o de la propia Fernández, potenciales de concretarse en el futuro?
El presidente Alberto Fernández, que siendo jefe de Gabinete le había desaconsejado a Cristina Fernández que designara a Boudou como titular del ANSES hizo silencio estos días. Pero habló en favor del ex vice el jefe de Gabinete.
En mayo del 2014, el entonces crítico K, Alberto Fernández publicó en el diario La Nación una columna lapidaria sobre Boudou.
Pero que podría aplicarse a la situación procesal de la actual vice, Fernández (Cristina).
Fernández (Alberto) escribió que «genera cierto escozor pensar que un vicepresidente de la República deba tener que afrontar» una declaración indagatoria.
La vicepresidenta Fernández, en ejercicio de ese mismo cargo, afronta en la actualidad un juicio oral en su contra en la que es la principal acusada de cometer delitos de corrupción con contratos de obra pública en Santa Cruz. Paradojas y vueltas de la vida política nacional.
Amado Boudou fue uno de los funcionarios más cercanos y de mayor preferencia de Cristina Fernández. Esa relación se rompió para siempre por el caso Ciccone.
Aunque la Presidenta supo siempre que su vice había tomado el control de una fábrica de billetes.
Los Presidentes y vices continúan hoy, con nombres y roles distintos, enredados en los complejos camino de las causas judiciales de corrupción.
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