Coronavirus en la Argentina. Deniegan la prisión domiciliaria a un empresario acusado de vender crédito fiscal trucho en la época K

El Tribunal Oral federal 3 (TOF 3) le negó la prisión domiciliaria del empresario Miguel Ángel Lamparelli, acusado de ser el jefe de una banda dedicada a vender crédito fiscal trucho de la AFIP y hacer maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Lamparelli y otro de los procesados pero no condenados, que vivían en Puerto Madero, habían bautizado irónicamente a su grupo QNNF, siglas que significan “que nunca nos falte” plata.

Además, el TOF 3, integrado por Andrés Basso, Javier Feliciano ríos y Fernando Machado Pelloni ordenó a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz que “continúen y extremen los recaudos para la prevención sanitaria y, en su caso, informen de inmediato a esta sede judicial cualquier situación que implique un riesgo concreto para la salud de Lamparelli”. 

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Otro de los acusados por estas maniobras por millones de pesos es su socio Marcal Gago quien se encuentra prófugo desde el 2017 y es buscado por Interpol. Entre los procesados en esta causa que espera ser ventilada en un juicio oral también está el ex presidente de la agrupación K Hinchadas Unidas Argentinas y ex miembro de la hinchada de Quilmes, Marcelo Mallo.

En 2016, el juez Luis Rodríguez –antes de elevar la causa a juicio oral- amplió el procesamiento de Marcelo Mallo y dispuso su prisión preventiva como partícipe necesario del delito de estafa, falsedad ideológica, en concurso de los delitos de asociación ilícita, en carácter de miembro, estafa y falsificación de instrumento público, por los cuales ya fuera procesado. A su vez, Mallo está relacionado con el falso abogado Marcelo D’Alessio en una granja de cría de truchas en Neuquén llamada “Natural Trout”.

Se trata de una causa con más 130 cuerpos de actuaciones y más de 20 personas imputadas, por la conformación de una asociación ilícita supuestamente comandada por el empresario Lamparelli y Gago que estaba “dedicada a estafas millonarias a grandes empresas con la venta de bonos y créditos fiscales apócrifos de la AFIP”. Para el juez, Mallo “participó activamente desde el comienzo en la captación de otros sujetos prestanombres para formar el directorio de sociedades de cartón que pasarían a ser las supuestas vendedoras de crédito fiscal a las compañías damnificadas, entre ellas Crónica, Fargo, Isolux, Boldt y Banco Columbia”. Por otra parte, Isolux es una de las empresas acusadas de participar en las maniobras investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas y en el desvío de fondos a la mina de Río Turbio.

En una causa que tiene la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, también se investiga a Lamparelli y Gago.

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Entre otros hechos, Mallo se presentó a cobrar un cheque ilegal usado por la organización. El juez elevó luego la causa a juicio oral y público en el 2016. Los acusados operaron entre 2001 y 2013 y defraudaron por más de 100 millones de pesos a sus víctimas.

En otro tramo de la causa se llevaron adelante medidas cautelares y se logró la incautación de automóviles de alta gama y una embarcación de más de 20 metros de eslora llamada “Don Miguel”.