Coronavirus en Argentina: Opositores y entidades de prensa piden limitar y controlar el ciberpatrullaje de las fuerzas de seguridad

En medio de la intensa polémica abierta por la admisión de la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, según la cual las fuerzas de seguridad realicen ciberpatrullaje para detectar el “humor social” durante el aislamiento por el coronavirus, diputados de la oposición y entidades periodísticas pidieron algún tipo de control judicial o multipartidario sobre esa sensible tarea.

Los diputados de Juntos por el Cambio Gustavo Menna, Karina Banfi, Waldo Wolff y Álvaro de Lamadrid presentaron este jueves un proyecto de resolución con el objetivo de que la ministra de Seguridad de la Nación informe detalladamente quiénes son los equipos policiales que esa tarea y que se hace con sus reportes dentro del Gobierno.

La falta de controles sobre quiénes hacen ciberpatrullaje es más grave porque provincias como Misiones crearon sus propias unidades para hacer este tarea que, depende como se la use, viola la libertad de expresión y puede provocar miedo y autocensura entre los ciudadanos que usan Twitter, Facebook e Instagram. Además, una corriente de ciudadanos creó un hashtag en Twitter #nonoscallaran porque temen que sectores de gobierno pasen esos datos a militantes K para hostigarlos en las redes sociales.

La confirmación de Frederic del martes pasado en una teleconferencia con diputados en el sentido de que las fuerzas de seguridad federales estaban haciendo ciberpatrullaje para detectar el “humor social”, prevenir saqueos o descubrir casos de grooming provocó el miércoles un amplio rechazo, incluso con un comunicado de todos los legisladores de Juntos por el Cambio.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien creó los equipos de ciberpatrullaje durante su gestión para prevenir delitos comunes o posibles actos de terrorismo, preguntó: “¿Qué código establece que el humor social es delito? Eso se llama espionaje y es un gravísimo delito. El cyberpatrullaje se utiliza contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc. Si quiere medir el humor social haga una encuesta, ministra”.

En un comunicado, ADEPA rechazó el concepto «ciberpatrullaje» para detectar el «humor social» y advirtió que “puede terminar siendo mal utilizado para intimidar la libre expresión o afectar a quienes expresan críticas u opiniones disidentes”.

Por su parte, FOPEA –que reúne a más de 600 periodistas de todo el país- presentará un pedido de precisiones a la ministra de Seguridad de la Nación respecto a sus declaraciones ante los diputados nacionales sobre “ciberpatrullaje” a fin de controlar si afecta la libertad de expresión. La ex presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, Silvina Giudici, pidió consensuar entre el Gobierno, la oposición y la sociedad civil los límites y controles sobre el ciberpatrullaje.

En declaraciones a radio Mitre, Frederic, defendió el «ciberpatrullaje» que realiza el Gobierno con el objetivo principal de hacer cumplir la cuarentena, aunque reconoció, como advirtió Bullrich, que hablar de «humor social fue poco feliz» y negó que se use esa herramienta para hacer espionaje o perseguir opositores.

«El ciberpatrullaje es una modalidad de la ciberseguridad, que puede ser pensado en un sentido análogo al patrullaje físico: a través del monitoreo con cruzamiento de palabras clave, nos permite identificar la posible comisión de delitos para dar intervención a la Justicia, que dispone las investigaciones», sostuvo la ministra en radio Mitre.

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Sin embargo, este jueves un grupo des legisladores fundamentaron el proyecto en la afectación que ese “ciberpatrullaje” puede implicar para la libertad de expresión y de opinión, uno de los derechos esenciales del sistema democrático.

Además de ser integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside Waldo Wolff, Karina Banfi es vicepresidenta primera de la Comisión de Comunicaciones; Menna, vicepresidente primero de Asuntos Constitucionales; y de Lamadrid, vicepresidente primero de la Comisión de Seguridad Interior.

Los diputados piden que se informe, entre otros aspectos, sobre la “normativa y acto administrativo que reglamente la ‘vigilancia y el patrullaje cibernético del humor social’ de los usuarios de las redes sociales”, a la que hizo referencia la ministra, “como actividad que despliega la cartera a su cargo”.

También se solicitó conocer lo “recursos humanos afectados a la labor de ‘vigilancia y ciberpatrullaje del humor social’, indicando la identidad de los que la llevan a cabo, y si pertenecen a la planta permanente del Ministerio de Seguridad, si fueron contratados a ese efecto o si pertenecen a algunas de las fuerzas de seguridad federales”, así como el lugar físico desde el que se realiza.

Los puntos del pedido de información incluyen “equipamiento y características de los recursos técnicos y equipamiento que se emplea para la ‘vigilancia y ciberpatrullaje del humor social’, indicando además dónde fue adquirido y qué inversión se realizó a ese fin”; y la remisión de “copia de los reportes, informes y expedientes generados por los equipos” que llevan adelante la práctica.

Como aspectos legales fundamentales, Banfi, Menna, Wolff y de Lamadrid pidieron saber “si se requirió la autorización judicial contemplada en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 18 de la Ley Nacional de Inteligencia (25.520) para llevar a cabo el ciberpatrullaje sobre cuentas de redes sociales”.

Además, “si se remitió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia la normativa que estructuró la ‘vigilancia y ciberpatrullaje’ y los reportes e informes producidos por el equipo que lleva adelante tal cometido”. Y, de manera complementaria si, “dadas las evidentes y notorias implicancias en términos de tensión con el derecho a la libre expresión que implica esta iniciativa, ha tomado intervención la Secretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el desarrollo de la normativa que estructura” la vigilancia en las redes.

En los fundamentos del pedido de información, los diputados mencionaron que es en las redes sociales “donde en la actualidad se desenvuelve buena parte del debate público en el que se confrontan opiniones políticas, de actualidad, deportivas, sociales, económicas e incluso otras más triviales, así como de índole privada”.

Y observaron que “la libertad de expresión es un derecho fundamental y se encuentra tutelado con especial intensidad por la Constitución en su artículo 14, a punto tal que muchos interpretan que resulta ser el más cercano a un derecho de tipo absoluto que, además, no puede ser objeto de censura previa”.

De manera complementaria indicaron que “la vinculación entre las personas a través de las distintas herramientas que provee la tecnología de las comunicaciones corresponde a esa esfera de intimidad que ninguna autoridad puede franquear, y que se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución”.

También hicieron mención de los tratados internacionales referidos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En este marco, Menna, Banfi, Wolff y de Lamadrid indicaron que “las autoridades públicas no pueden entrometerse para auscultar y mucho menos vigilar y condicionar la opinión de las personas para conocer cuál es el ‘humor social’”, ya que, además, “el solo hecho de haberse montado una estructura de vigilancia da lugar a que los usuarios de redes teman represalias, sanciones o consecuencias de cualquier especie por sus manifestaciones y dichos, y con ello se sientan limitados y condicionados para expresarse libremente”.

“Uno de los valores más preciados de una democracia es la garantía de que en ningún caso el Estado podrá inmiscuirse en la opinión de las personas, y mucho menos si la expresión de sus opiniones forma parte de los asuntos públicos. Y en cuanto al humor social, está formado por la sumatoria de estados de ánimo de cada persona, aspecto vedado absolutamente a la interferencia de los poderes públicos”, agregaron los legisladores nacionales.

En este sentido agregaron que “al disponerse una estructura estatal de vigilancia sobre el pensamiento y la expresión de opiniones de los particulares en el ámbito de las redes sociales, se está incursionando en una actividad de inteligencia que, al no recaer sobre materia que pueda considerarse actividad criminal, constituye materia prohibida en la que no puede incursionarse por estar prohibido en la Ley Nacional de Inteligencia (25.520)”.

Y finalizaron los diputados de Cambiemos: “Esto adquiere mayor gravedad aún si se considera que el reciente DNU 214/2020 modificó la Ley de Inteligencia quitando la fiscalización judicial de tales actividades”, lo cual “da lugar a que se esté llevando a cabo la labor de vigilancia referida por la ministra de Seguridad con intervención de cuentas particulares y sin la correspondiente orden judicial”.