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Tres de cada 10 empleados públicos nacionales trabajan desde sus casas. A un mes del inicio de la cuarentena, la dinámica del home office o trabajo remoto alteró la atención presencial pero no afectó lo administrativo.
Según un informe del Ministerio de Trabajo, la gestión de expedientes se mantuvo o, incluso, aumentó respecto a 2019. En marzo, con 10 días de aislamiento, se gestionaron 15,6% más expedientes que en marzo del año pasado.
El dato refiere al universo de los 196.054 empleados de la administración central pero excluye a los 183.894 de fuerzas armadas y de seguridad que siguen con trabajo presencial por el COVID-19.
El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, al ingresar a la Residencia de Olivos
TÉLAM
Según datos del AFIP, a enero pasado en todo el país, sumando as provincias y los municipios, el sector público suma 3.186.300 trabajadores. No hay datos definitivos, pero se presume que, al igual que a nivel nacional, en esos niveles se repiten los porcentajes de home office.
Por su dimensión, el sector público es uno de los cuatro rubros que en el Gobierno nacional ubica entre los más difíciles y complejos para flexibilizar la cuarentena.
Mientras define la fase cuatro del aislamiento, con segmentación por provincia y ciudad, Casa Rosada analiza qué hacer con esos sectores que involucran mucho personal y, por ende, recarga sobre el transporte público.
Otro rubro donde Casa Rosada ve engorrosa la normalización a corto plazo es la Justicia. Depende de la Corte Suprema pero, hasta acá, el tribunal se alineó con lo que dispuso el Gobierno y redujo la actividad a lo esencial.
Hay un dato que fuentes cortesanas consideran «físico»: en torno al Palacio de Justicia hay una zona de oficinas judiciales y estudios privados donde, según estiman, circulan entre 50 y 80 mil personas por día.
La Corte explora variantes para normalizar áreas y podría, como un modelo focalizado, establecer flexibilizaciones en algunas provincias pero «el problema crítico es el área metropolitana».
Otro ejemplo. En la Justicia bonaerense, sumado el ministerio Público, se desempeñan unas 26 mil personas entre jueces, funcionarios y empleados que mayoritariamente operan de manera remota.
La Corte bonaerense dictó la cuarentena antes que la Corte nacional y fijó turnos en todos los fueros para asuntos urgentes e impostergables. Define la ampliación de expedientes pero de manera remota.
En la provincia, la Corte dispuso que los jueces de más de 60 años o que integran grupos de riesgo, estén eximidos de ir a sus oficinas pero deben estar activos vía home office para lo que se dispuso un sistema encriptado.
Hoy, en la Justicia bonaerense están activos 6.500 enlaces remotos y estiman llegar a 9.000 el fin de semana. A su vez, la Corte define un esquema de teletrabajo que hasta ahora le permitió realizar 557.875 trámites judiciales, según un detalle oficial.
«La apertura es gradual y cada excepción que se incorpora implica más gente en la calle», explican en el Gobierno y plantean la encerrona sobre los rubros que movilizan mucha gente e inciden sobre el transporte público.
El universo de mayor impacto es el educativo. La reducción de usuarios en el transporte público en AMBA, la semana de suspensión de clases, lo grafica: pasó de 4.2424.450 viajes promedio a 2.227.827.
La circulación de estudiantes de todos los niveles, además de docentes y no docentes, supone un universo inmenso. Por eso, en el Gobierno proyectan lejana la normalización de las clases: recién en agosto.
Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, recorrió un obrador en la ruta 8, donde se retomaron trabajos con protocolo sanitario.
El cuarto sector que en el mapa de Olivos aparece en rojo respecto a la apertura es la construcción. Algunos gobernadores e intendentes han pedido que se autorice la construcción privada pero parece lejano.
Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), entidad que la semana pasada estuvo en Olivos con Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a marzo último, el sector empleaba a casi 350 mil personas.
Con la cuarentena que arrancó el 20 de marzo, se suspendió toda la actividad salvo las obras del programa de emergencia sanitaria: hospitales modulares, terminación de otros nosocomios y refacciones.
El 60% de los trabajadores están en la construcción privada que, por ahora, no está en las variables de apertura.
Varias razones. Una: se trata de una actividad de trabajadores que utiliza mayoritariamente el transporte público, vector de alto contagio.
Otro, logístico, se vincula con la capacidad de las empresas para garantizar protocolos sanitarios o de traslado del personal, algo que pueden hacer las grandes compañías que, además, tienen material en stock para retomar obras.
Katopodis visitó este martes un obrador en la ruta 8 donde, como en otros puntos del país, se reactivaron los trabajo pero con requisitos: poca concentración de trabajadores, al aire libre y rígidas medidas de sanidad
El tercero tiene que ver con lo que derrama: una obra privada reactiva varios sectores y gremios, con lo cual resulta compleja la apertura por el efecto sobre actividad relacionas, lo que reduce los controles.
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