Coronavirus en Argentina: la Justicia ya rechazó pedidos de arresto domiciliario de 8 presos por lesa humanidad

La respuesta fue en líneas generales la misma: «Nada corrobora que se encontrarán mejor afuera del Penitenciario». Así, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, rechazó un conjunto de ocho pedidos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias que solicitaron diferentes condenados en casos de lesa humanidad.

En otros Tribunales Orales aún quedan más de doce pedidos por resolver. El riesgo de contraer coronavirus por el grupo etario al que pertenecen los represores fue el principal argumento de las defensas.

En plena feria judicial dispuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández, el Poder Judicial debe garantizar una guardia mínima. La misma se buscó que sea mayoritariamente vía remota, es decir que los magistrados, fiscales y secretarios usen el programa LEX100, en el que se van registrando los expedientes.

La situación presenta varias dificultades. No todos los expedientes están cargados por lo que, en muchas ocasiones, cuando se trata de pedidos de excarcelación se requiere revisar diferentes actuaciones que son parte de las causas a analizar.

Junto con esto, los jueces no tienen habilitada la firma digital con lo cual, cada cosa que resuelvan, incluso en la modalidad online, no concluye hasta que no se firme la misma.

Con este telón de fondo se comenzaron a resolver varios pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria que formularon diferentes condenados en causas de lesa humanidad.

Los más conocidos fueron Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz en cuyos casos los respectivos Tribunales solicitaron informes médicos por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF), para evaluar el actual estado de salud de cada uno.

Ante la Cámara Federal de Casación llegaron al menos ocho pedidos en similares términos, aunque su nombre no trascendió. En diversas causas de lesa humanidad, los represores requirieron su excarcelación y como morigeración de la misma, una prisión domiciliaria.

Mirá también

La emergencia sanitaria que atraviesa el país puso en alerta a las prisiones. En aquellas que dependen del SPF se incrementaron los recaudos de higiene, se restringieron las salidas de quienes cuentan con regímenes de semilibertad y, por primera vez, el fin de semana pasado, no se recibieron visitas.

La Sala de feria judicial del Máximo Tribunal Penal analizó ocho casos y sólo en uno avaló una prisión domiciliaria que ya estaba dictada en otra causa. Fue en el caso de Mario Guillermo Ocampo, ex integrante del Ejército y quien estuvo prófugo hasta 2019. Casación rechazó su excarcelación pero consideró que tenía un complejo cuadro preexistente de salud (Linfoma no Hodgkin, EPOC, afecciones digestivas y depresión) se «estuvo por mayoría de acuerdo con la domiciliaria que tenía en otra causa».

Ocampo había sido indagado en 2011 por la desaparición de Félix Ordenes, y al año siguiente fue requerida su declaración por los hechos que alcanzaron a Marco Antonio Valdez y Lucio Olmedo. En esa oportunidad se solicitó su detención, y desde entonces se encontraba prófugo. Estos hechos ocurrieron en el sur de la provincia (San Rafael y General Alvear).

Mirá también

Se retiró como coronel de la Fuerza y en diciembre de 1975 había sido designado en la Compañía de Ingenieros de Montaña de Campo Los Andes y allí estuvo hasta marzo de 1979. Luego se fue a realizar el curso de Técnico de Inteligencia en la Escuela de Inteligencia del Ejército.

Fue una de las ocho resoluciones emitidas por la Casación en los últimos días, pero el argumento que se reiteró en los incidentes resueltos es que pese a la edad avanzada «nada corrobora, ni hay indicios de que afuera estarán mejor», explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Más casos por resolver

En los Tribunales Orales Federales hay radicados más de doce pedidos de diversos represores, como por ejemplo en la causa Vesubio III, el tercer tramo de la causa por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio. Allí se juzga el homicidio de 50 personas y la privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas a otras 370.

Más de cuatro represores pidieron su prisión domiciliaria, sobre la cual no se expidió aún el Tribunal 4.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) también tiene casos por resolver, como el TOF 5 que solicitó que en el caso de Astiz se requiera un informe médico para evaluar su situación, como también en el caso del represor Raúl Guglieminetti quien solicitó dejar la cárcel en medio de la pandemia del COVUD-19.

NE