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Coronavirus en Argentina: la Justicia empieza a evaluar los expedientes de compra de los alimentos con sobreprecios

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Después de la apertura de la investigación por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sobre la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social con sobreprecios, cinco expedientes con el circuito de dichas operaciones ingresaron ayer a última hora a la dependen del ministerio Público Fiscal a cargo de Sergio Rodríguez. Se comenzará este jueves con el análisis técnico «para saber si se cumplieron con los requisitos legales», explicaron fuentes judiciales a Clarín.

A las horas de formulada la denuncia vía online desde la página del Ministerio Público Fiscal, el fiscal cargo de la PIA determinó la apertura de la investigación. Se trata de una etapa preliminar, en la que se evaluó el grado de «verosimilitud de lo denunciado» y «su trascendencia desde el punto de vista económico».

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La causa hoy se encuentra en la PIA, ya que es la responsable de investigar aquellos delitos contra la administración pública, como aquellos casos donde hay involucrado dinero del Estado. Es allí, donde quedó radicada la denuncia que formuló la abogada Silvina Martínez. 

El fiscal Rodríguez evaluó que correspondía abrir la investigación, porque tenía «verosimilitud» la denuncia y porque era «algo trascendente desde el punto de vista económico». «Hay dinero del Estado implicado y esto podría significar que un gran sector de la sociedad podría verse damnificado», explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La denuncia se realizó por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. Martínez además pidió que se haga cuanto antes un allanamiento en la sede del ministerio, «a los fines de obtener toda la documentación necesaria a los fines del progreso de la investigación».

Para clarificar la situación, la PIA ordenó una serie de medidas que incluye pedidos de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre diversas empresas que intervinieron en la venta de alimentos al Estado. También, los antecedentes de las contrataciones a la oficina nacional de contrataciones, y las copias de los expedientes de contrataciones al Ministerio de Desarrollo.

En respuesta a esta primera batería de medidas, la cartera que conduce Daniel Arroyo remitió ayer de forma digital al menos, cinco expedientes de compras. Junto con esta documentación, se remitieron a la PIA copias del sumario administrativo con lo actuado hasta el momento. Tras el escándalo, al menos quince funcionarios dejaron su cargo en el Ministerio pero aún podrían ser parte del Gobierno. 

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El equipo técnico de la PIA comenzó este jueves a trabajar sobre la documentación. En primer término se analizarán los pasos de las compras efectuadas que fueron denunciadas por sobreprecios, trabajo a cargo de los especialistas en derecho administrativo y contrataciones públicas. Además, se hará énfasis en los circuitos administrativos y si los mismo, «cumplieron todos los requisitos legales», señalaron fuentes del caso a Clarín.

También, se estudiarán los respectivos sumarios iniciados para ver si hay algo que se pueda sugerir al respecto desde la Procuraduría que allí tiene competencia, puede sugerir medidas investigativas. 

La denuncia recuerda que el 19 de marzo, a través de la Disposición 48/2020, se aprobó un procedimiento complementario para agilizar la implementación práctica de los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia, entre cuyos cambios centrales el Decreto 287/2020 autoriza la contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos.

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El lunes 6 de abril se publicaron en el Boletín Oficial varias resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social donde se autorizaba la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, los precios que se detallaron «están hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría», advierte el escrito. «Es el caso de las compras de aceite, azúcar y arroz. El Gobierno admitió que pagó precios más altos por estos productos y lo justificó por la urgencia para concretar las compras».

Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. «En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $145,79. Si se compara con los productos de Precios Cuidados, en tanto, la diferencia es aún mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%».

Las diferencias se repiten en el caso del azúcar -se autorizaron compras por 51 millones de pesos a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca, un 25% más caros que el azúcar Ledesma- y el arroz: la resolución adjudicó una compra de arroz en kilo por 69 millones de pesos a las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana, un 17% por encima de los productos de Precios Cuidados. También hay dudas respecto a las compras de fideos semolados, que proveyeron las firmas Sol Ganadera, Copacabana y Forain; y de lentejas, compradas a Copacabana, Forain y M.H. Accurso.

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