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Coronavirus en Argentina: avanza el pago de un bono de $ 5.000 a trabajadores de comedores populares durante la pandemia

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El bono de $5.000 para los trabajadores de comedores populares en los barrios de emergencia de todo el país avanza y podría tener media sanción en los próximos días si la Cámara de Diputados decide sesionar.

La iniciativa del bloque de diputados de los Movimientos Sociales, que fue presentada por Leonardo Grosso (Movimiento Evita) la semana pasada, ya cuenta con el visto bueno de Máximo Kirchner, el jefe de bloque del Frente de Todos, para ser una de las prioridades a ser tratadas cuanto antes.

La proyecto de la “Ley Ramona” –como se la llama porque es en homenaje a Ramona Medina, la militante social de la Villa 31 que falleció el 17 de mayo pasado como consecuencia del coronavirus– también fue presentada ante el presidente Alberto Fernández.

Quien le dio detalles de la iniciativa fue Emilio Pérsico, secretario General del Movimiento Evita, y funcionario del ministerio de Desarrollo Social, en un encuentro informal que mantuvieron días atrás.

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El líder piquetero está a cargo de la Secretaría de la Economía Social, que será la autoridad de aplicación del pago de este bono mensual extraordinario para trabajadores de comedores y merenderos hasta que concluya la emergencia sanitaria por la pandemia.

Desde su presentación hasta ahora, los números y cifras que se manejan para su ejecución se fueron afinando. En total, la iniciativa abarcaría a un total de 8 mil comedores de todo el país, cada uno con un promedio de entre 8 y 10 trabajadores cada uno. Por lo que su costo fiscal sería de 400 millones de pesos por mes, que serían cubiertas con partidas reasignadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que conduce Santiago Cafiero.

Ese bono de $5.000 debería –según se propone– ser incluido junto con el pago individual que ya perciben a través del salario social complementario, que es actualmente de $8.000.

Sin un horizonte claro sobre la salida de la cuarentena en los distritos donde más comedores se nuclean (sobre todo en el Conurbano donde se plantean más restricciones que apertura debido al índice de contagios), ese complemento salarial para las mujeres y hombres que los atienden puede leerse, además de un reconocimiento, como un placebo para evitar que haya conflictividad social.

Otro dato es que si bien el bono podría salir por decreto de necesidad y urgencia (DNU), como varias de las ayudas sociales que se lanzaron en medio de la pandemia, los movimientos piqueteros buscan que sea a través de una ley.

“Las organizaciones quieren que sea Ley, cumplir los procesos adecuados”, confiaron a Clarín desde los movimientos sociales. En otras palabras: que no depende de algo discrecional, sino que este avalado por el Congreso. 

Los grupos piqueteros se reunieron hoy para coordinar las acciones a seguir de cara al tratamiento de proyecto. En la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, cuyo referente es Juan Grabois, dijeron presente los diputados del bloque del triunvirato de San Cayetano (CTEP, CCC y Barrios de Pie), así como los que representan a otras organizaciones.

“Hay una valoración en el discurso de las 70 mil compañeras y compañeros, y esta ley apunta a que se los reconozca de manera práctica, porque al trabajo se lo reconoce con el salario”, sostuvo Grabois. En síntesis: pasar de las palabras a los hechos. 

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Grosso, en tanto, dio un panorama de cómo se vive la crisis económica en los merenderos. “La pandemia empeoró todo. El ministro nuestro (por Daniel Arroyo) dice que de 8 millones que recibían asistencia alimentaria, se pasó a 12 millones. Y esos números que en el ministerio se pueden ver ordenados nosotros los sentimos», dijo.

«Te das cuenta: cuando empezó la cuarentena, a los dos días ya tenías más gente; a los tres más, y así. Y cuando cobran el IFE vienen un poco menos”, resumió el diputado sobre el pulso que arrojan comedores y merenderos dentro de los barrios más necesitados.

Además de él, estuvieron en el encuentro Juan Carlos Alderete, Cristina Álvarez Rodríguez, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Federico Fagiolli, Claudia Bernazza, Itai Hagman y Maria Jimena Lopez, todos firmantes del proyecto.

Por el lado de los movimientos piqueteros fueron Daniel Menéndez, que es Subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social; Gildo Onorato, Dina Sanchez, Silvina Aguirre , Sergio Sánchez y José Verón.

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