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Producción: Florencia Barragan

Mejorar la competitividad

Por Agustina Gallardo*

Argentina se enfrenta a una coyuntura económica compleja: las estimaciones indican que para 2020 el PBI per cápita habrá caído 10 por ciento respecto de 2010. Tanto en su costado restrictivo –las obligaciones derivadas de la deuda– como en los requisitos para crecer–los insumos y bienes de capital importados que demanda la economía productiva–, la escasez de divisas juega un rol central en la reversión de esta tendencia. Aumentar y diversificar las exportaciones argentinas, pensando no sólo en el frente externo, sino también en la generación de empleo y en el fortalecimiento de las cuentas fiscales son los términos de la ecuación que nos desafía en el corto plazo.

Un dato importante para completar el diagnóstico: de acuerdo con un informe de CIPPEC, para que la economía crezca moderadamente en los próximos cuatro años (al 3 por ciento) y la balanza comercial se mantenga equilibrada, las exportaciones deberían sumar unos 25.000 millones de dólares adicionales para 2023. La pregunta es entonces de qué manera se generan esos dólares.

Existe la noción de que una estrategia rápida para mejorar la competitividad (y consecuentemente la exportación) viene de la mano de devaluaciones que abaraten los costos en dólares, pero la evidencia reciente es difícil de refutar: la mejora de las cuentas externas post-devaluciones del año pasado estuvo mucho más determinada por una depresión de las importaciones (-25 por ciento) que por un mayor dinamismo de las exportaciones que, aunque positivo, fue de apenas 5,4 por ciento en el acumulado de 2019.

De hecho, defender la estabilidad cambiaria juega, en realidad, un rol fundamental. Por un lado por los efectos recesivos que las devaluaciones muy acentuadas tienen sobre la actividad (y consecuentemente en la escala), pero también por su fuerte impacto en costos. En noviembre de 2019 –cuando el tipo de cambio estaba 65 por ciento por encima de noviembre de 2018–, el costo promedio de referencia aumentó 41,5 por ciento interanual. Este fenómeno respondió a los aumentos del costo de los insumos importados (+61,5 por ciento), de los costos logísticos (+47,2 por ciento) y de la energía eléctrica (+47 por ciento). Y ese factor externo traccionó el costo de los insumos nacionales (+54,8 por ciento). En este laberinto circular, el beneficio potencial de las devaluaciones impacta rápidamente en los costos, dejando al salario como única ancla, lo que profundiza la dinámica recesiva en el mercado local.

La clave para avanzar en la consolidación de una economía que genere dólares genuinos está vinculada a las herramientas que permitan mejorar “genuinamente” la competitividad de la producción nacional. Lo que fundamentalmente redunda en una reducción de los costos (producir lo mismo reduciendo el valor de insumos y factores productivos) y mejoras en la productividad (producir más con los mismos recursos).

El acceso al financiamiento puede ser un puntapié para dinamizar la actividad productiva y la inversión, del mismo modo que abordar profundamente la cuestión tributaria. Esta última es objeto de múltiples debates, en la medida en la que una política demasiado agresiva por reducir la presión fiscal puede minar las posibilidades de intervención del Estado en materia de promoción e impulso a la actividad, mientras que la carga existente obstaculiza el desarrollo productivo.

En una perspectiva de largo aliento, estos mecanismos son necesarios pero no suficientes para un proceso de expansión sostenible con mayor inserción exportadora. Por eso una política de mejoras en la productividad con mayor incorporación de tecnología y conocimiento debe iniciarse más temprano que tarde. Eso permitiría aumentar al mismo tiempo salarios y beneficios reales, al mismo tiempo generará las condiciones para la competencia con empresas extranjeras prescindiendo de la cuestión cambiaria como único recurso.

Sin dudas se trata de un proceso lento y de gran complejidad, que requerirá de una macro estable y de construcción de consensos con todos los sectores. Solo así, logrará darse una respuesta a la problemática estructural argentina. Una respuesta que incluye la creación de empleo de calidad, el impulso de la inversión productiva, la generación de divisas genuinas y la exportación de valor agregado al mundo.

*Economista de la consultora Contexto.

Demanda y desarrollo estatal

Por Sebastian Kossacoff ** y Tomás Canosa***

Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Japón y México tienen en común que nunca ganaron un campeonato mundial de fútbol. Otra variable que comparten estos países es que cuentan con activos programas de compras públicas para fomentar la producción industrial de sus países. Los dos argumentos centrales para impulsar políticas de compras públicas es aprovechar la demanda del Estado para traccionar la actividad local y en algunos casos impulsar el desarrollo en determinadas actividades estratégicas para el país.

En un contexto de bajo crecimiento del comercio global, limitado margen fiscal para impulsar políticas fiscales expansivas, amplia capacidad ociosa en el entramado productivo, las compras públicas son un instrumento para potenciar la producción de múltiples actividades industriales porque representan más del 4 por ciento del PBI: proveedores nacionales que abastezcan a la industria ferroviaria, compañías locales con capacidades para ser proveedores estratégicos y colaborar en la fabricación de radares, empresas del sector farmacéutico y de biotecnología nacional con conocimientos y recursos humanos para desarrollar respuestas locales, fabricantes de indumentaria, calzado y juguetes con potencialidad de ser proveedores del sector público, son algunos de los potenciales que hay en el país para avanzar en esta agenda y fomentar la creación de empleo con el impacto que genera en el país en términos de recaudación y desarrollo de capacidades locales.

Argentina cuenta desde 2018 con una ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (Ley 27.437) que aumentó el margen de preferencia para la producción nacional (ahora es 15 por ciento para PyMEs y 8 por ciento para grandes), estableció la revisión previa de los pliegos por parte de la autoridad de aplicación en determinados casos, incorporó acuerdos de cooperación productiva para grandes proyectos entre empresas extranjeras y locales, entre otros puntos. Si bien la Ley amplió la cantidad de sujetos obligados, actividades como el transporte de cargas, telecomunicaciones, explotación de recursos no renovables o hidrocarburíferos no fueron incorporados. En este sentido, la agenda de las compras públicas debe concentrarse en tres aspectos.

Por un lado, profundizar la coordinación público-privada para generar espacios de confianza entre los actores y que los fabricantes tengan conocimiento de cuáles serán las principales demandas de los diversos organismos públicos en el corto y mediano plazo, así como pueden prepararse para estar en condiciones de proveerlos y competir con productos de buena calidad y a precios competitivos una vez que el Estado vaya a realizar esas compras. Carlo Ferraro y Sofía Rojo en el artículo de la OIT “Las MIPYMES en América Latina y el Caribe: Una agenda integrada para promover la productividad y la formalización” destacan que la agenda de las compras públicas tiene que complementarse con actividades para aquellas empresas que no logren cumplir con los requisitos.

Por otro lado, la agenda de las compras públicas tiene que fomentar que esta vinculación se complemente con una adecuada gestión del instrumento al interior de los diferentes espacios que impulse el desarrollo de acuerdos por cadena de valor tanto a nivel nacional como provincial. Un ejemplo es lo que sucede en Chile con la plataforma chilecompra.cl que contiene tanto la demanda de los compradores públicos, como la oferta de los proveedores. Otro caso es el de Estados Unidos en el cual hay técnicos encargados de impulsar esta agenda en cada una de las áreas del sector público. El tema está presente en la agenda de los países más avanzados e incluso Organismos Internacionales habilitan a que se agreguen cláusulas de compre nacional en los contratos si se acuerda de forma previa.

Finalmente, la agenda de las compras públicas tiene que avanzar en el “compre de innovación” para el desarrollo de sectores estratégicos. Las autoridades de las diversas áreas del Gobierno, como Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, son quienes conocen cuáles son los desafíos centrales que se enfrentan en cada una de estas esferas. La vinculación con el entramado productivo local permitirá ver qué respuestas locales se pueden impulsar para resolver los problemas del hoy y del mañana del país.

** Director Ejecutivo de ADIMRA; Economista.

***Director de Estudios Económicos de ADIMRA; Economista.