Caso Vicentin: el concurso preventivo cumple cuatro meses y acumula planteos cada vez más diferentes

El concurso preventivo de acreedores del Grupo Vicentin, está próximo a cumplir cuatro meses. Fue en este marco que la compañía buscó resolver sus problemas financieros desde sus inicios y que se traducen en una deuda con 2.638 acreedores por unos $ 100.000 millones. Desde que el Gobierno Nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el expediente radicado en el juzgado de Reconquista, acumuló una gran cantidad de pedidos de inconstitucionalidad, revocatorias, apelaciones. Además, se abrió un incidente para tratar un planteo de la provincia de Santa Fe, mientras el Estado también apeló. Un concurso plagado de reclamos que el juez Fabián Lorenzini debe atender.

Todo está bajo análisis y a la espera de varias resoluciones que debe adoptar el juez en lo civil y comercial, Fabián Lorenzini. Desde el 10 de marzo instruye un concurso preventivo de grandes dimensiones, en primer término por la envergadura de la compañía, reconociendo 1.287 empleados. En el concurso, Vicentin presentó 2.638 acreedores, por una deuda de $ 99.345,26 millones.

Hasta hace dos semanas el trámite concursal se remitía a analizar las propuestas de la compañía para sanear los pasivos con sus acreedores, el reclamo de los mismos en este etapa en la que aún se deben verificar lo créditos, plazo que vence en agosto, sera cuando se fije el pasivo de Vicentin.

El expediente tomó otro tono cuando el Gobierno firmó la intervención de la firma concursada a través de un DNU. El propio juez al analizar la situación habló de la «interrupción de la administración mediante la intervención presidencial en la sociedad concursada». Esto fue revertido hace una semana cuando Lorenzini decidió reponer a los dueños de la firma frente a la administración y a los interventores los circunscribió a veedores controladores.

Así, el concurso empezó a acumular planteos de diferentes partes. En primer término ante la decisión del presidente Alberto Fernández de firmar el DNU, varios acreedores se presentaron pidiendo que dicha medida se declare inconstitucional. Vicentin reclamó lo mismo. A algunos acreedores el magistrado no les aceptó el reclamo, ya que consideró que no son parte para tal pedido. Sí se lo aceptó a la cerealera, pero dijo que él no era el juez adecuado para expedirse al respecto.

Otra ventana de recursos se abrió: Vicentin apeló ese argumento y este viernes insistió en que Lorenzini debe ser quien determine si el DNU presidencial es o no inconstitucional. Pero por otro lado, se presentó el Estado diciendo que el juez tiene razón al decir que es incompetente para dirimir tal cuestión, y pidió que eso se vaya al fuero contencioso administrativo.

Es uno de los temas que el juez, que debe llevar adelante el concurso de acreedores, debe resolver en los próximos días. Si hace lugar a dichas apelaciones, las partes deben presentar sus argumentos que después serán analizados. Y finalmente, será la Cámara Civil y Comercial de Reconquista la que decida. Trámites que llevan tiempo y que si bien no interrumpen el proceso concursal, son varios los que sostienen que el juez tiene que responder a esta cantidad de recursos atravesados por una discusión política.

Por otro lado, la decisión de convertir a los interventores en veedores también generó algunos planteos que Lorenzini debe atender. La abogada de Luciano Zarich -uno de los hombres designado por el Gobierno-, pidió que el juez revise su decisión y que sean repuestos en sus funciones con poder pleno, es decir, desplazando una vez más a los dueños de Vicentin frente a la administración.

La provincia de Santa Fe también se manifestó, y reclamó que se repongan a los interventores y que se anule la resolución del juez. Esto devino en un expediente conexo al principal. La semana próxima el gobierno de Omar Perotti debe presentar documentación que funde sus acusaciones contra Vicentin, y los tres síndicos como el directorio deben opinar sobre lo que se llamó «el Plan Perotti». 

En tres días, el expediente acumuló más de media docena de planteos que no responden propiamente al concurso donde deben analizarse las propuestas del Grupo frente a sus acreedores y los reclamos de pasivos. El juez debe expedirse en los próximos días sobre pedidos de inconstitucionalidad, su competencia o no, reclamos del oficialismo para desplazar a los dueños de la empresa, entre otros.

Desde Vicentin sostienen que la intervención del Gobierno fue trabando el concurso. En la Casa Rosada insisten en que el grupo no debe seguir administrando al ser responsable de la crisis financiera que afronta. Varios abogados, exigen que el expediente respete su naturaleza: un concurso preventivo de acreedores.