MULTIMEDIOS PRISMA 24

IDENTIDAD EN COMUNICACION

Avanza la causa paralela de Vicentin e investigan si hubo un delito penal

https://images.clarin.com/2020/06/25/la-planta-de-vicentin-en___cBl65jL3h_1200x630__1.jpg

«Inspección General de Personas Jurídicas C/Vicdentin SAIC Intervención de la Administración», es el nuevo incidente que se creó vinculado al concurso de acreedores de la compañía cerealera por decisión del juez Fabián Lorenzini. Ese expediente tiene como finalidad dar tratamiento, sin detener el proceso concursal, a los planteos de la IGPJ santafesina que pidió la intervención de Vicentin y además que se anule la decisión del magistrado a través de la cual se repuso a los dueños frente a la administración y se redujo el rol de los interventores del Gobierno, a veedores controlantes.

Las nuevas decisiones adoptadas y volcadas en un escrito de nueve páginas al que accedió Clarín, incluyen: tres días para que el organismo provincial aporte pruebas que funden sus acusaciones, 10 días a los síndicos y al Grupo para que opinen sobre los planteos y se le dio intervención al Fiscal General de Santa Fe para que investiga si corresponde realizar una denuncia penal. 

Mirá también

Después de una semana de la primera presentación de la IGPJ ante el juez que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de Vicentin, pidiendo que se intervenga nuevamente a la compañía sumando una interventor de la Provincia a los que había dispuesto el presidente Alberto Fernández, el juez decidió que el análisis de ese pedido, como el de la nulidad de su resolución con la que repuso al directorio en su rol de administrador, debe tratarse aparte, tal como contó Clarín.

«Los hechos informados y las situaciones jurídicas traídas a conocimiento de este Juzgado Civil y Comercial por parte de dicha funcionaria (la directora de la IGPJ), constituyen un acontecimiento jurídico procesal hasta ahora inexistente en el expediente concursal, razón por la cual deberán ser cuidadosamente examinados», sostuvo en su resolución el juez Lorenzini.

Lo que se analizará en este incidente es el pedido de la IGPJ de intervención especial del Grupo Vicentin. El «Plan Perotti» como se lo llamó, tras conocerse horas después de la decisión del magistrado de restituir a los dueños frente a la administración, sostiene «la existencia de un complejo entramado societario que requiere control, la eventual falta de idoneidad empresaria por parte de los actuales integrantes del órgano de administración de la sociedad concursada, los posibles perjuicios al interés general», entre otros puntos.

Mirá también

No fueron las únicas denuncias formuladas por el gobierno de Perotti. La IGPJ sostuvo que «la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión. Y también varios de ellos están siendo investigados”. Indicaron igual que desde que Vicentin interrumpió los pagos de sus deudas, «varios integrantes del directorio -incluido el presidente-, comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios». El escrito apuntó a Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular), y Bettina Padoan (directora suplente).

A raíz de estas acusaciones, el juez Lorenzini para determinar si hubo delitos durante la gestión de los dueños de la empresa, le dio intervención al Ministerio Público «para que, si lo considera necesario, inicie las investigaciones correspondientes en sede de la Justicia Penal». 

Mirá también

El gobierno de Perotti, ante todas las denuncias hechas, pidió el desplazamiento «inmediato de la totalidad de los directores estatutarios naturales y la designación, en su lugar, de los Sres. Roberto Gabriel Delgado, Luciano Zarich», que habían sido nombrados a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y que se sume a «Alejandro Alberto Bento, para administrar y representar a la sociedad».

El juez del concurso fue quien decidió que para preservar el giro comercial de la empresa, sus activos, como el resguardo de las fuentes de trabajo y la adecuada gestión «que asegure el flujo de fondos a los fines de propiciar la continuidad y exitosa negociación del pasivo por parte de la concursada», la administración debía estar en manos de sus dueños.

Como decidió abrir un incidente para tratar estos reclamos, Lorenzini le fijó un plazo de tres días para que la Provincia, «presente aquellas pruebas de las que pudiera pretender valerse para sustentar sus dichos». 

Mirá también

En lo que respecta al manejo de Vicentin, el juez le respondió a la IGPJ que no se está ante una «sociedad sin vigilancia con respecto a su administración: Antes bien, desde el comienzo del proceso concursal se dispuso la conformación de una Sindicatura Plural (3 funcionarios), quienes aceptaron el cargo y se encuentran desarrollando sus actividades de control y vigilancia de la administración». 

Hasta el momento, en el marco del concurso, dijo Lorenzino, los responsables de la vigilancia de la firma «no advirtió a este Juzgado, en modo alguno hasta el presente, que los administradores de la sociedad hubieran podido realizar actos reñidos con la normal administración». 

En respuesta a las sospechas planteadas por la Provincia sobre la administración de Vicentin en manos de sus dueños, el juez dijo que si la misma cometiera cualquier hecho revelador de peligro, «podrá disponerse un eventual despacho cautelar o la adopción de las medidas conducentes a los fines de preservar razonablemente la continuidad de la concursada y su administración».  

[ad_2]

Fuente

Desarrollo Web Efemosse
/ España: efemossesistemas.com
WhatsApp chat