Avance kirchnerista en el Senado para que se pueda elegir al procurador con menos votos

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En una sesión cargada de denuncias cruzadas y con cambios hasta último momento, el Frente de Todos le dio media sanción al proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y que, de aprobarse en Diputados, le permitiría al oficialismo el desplazamiento del procurador interino, Eduardo Casal.

El texto recorta el mandato del procurador -actualmente vitalicio-, flexibiliza la mayoría de votos necesaria para su designación y si bien mantiene el requisito de dos tercios para su remoción, modifica los mecanismos tanto para el desplazamiento como la vacancia.

La iniciativa contó con 42 votos a favor (del FdT y los dos aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana) y 27 en contra de Juntos por el Cambio y el interbloque federal.

La discusión en el recinto se remontó en el tiempo a la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó -en 2017- y se entrelazó con la posibilidad de que asuma, o no, el candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández: el juez Daniel Rafecas, que había dicho que no lo haría si no era con aval de los dos tercios. Sin embargo, el foco giró en torno en torno al rol del procurador interino.

No se trata de Rafecas sí o no, se trata Casal sí o no. Y hay muchos que quieran que siga el procurador interino porque les conviene a sus intereses. Quieren un procurador presionable, sin estabilidad y con las atrocidades que está haciendo”, planteó el presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli.

La oposición, por su parte, consideró que la ley propuesta no busca designar a Rafecas, sino desplazar a Casal y “poner de rodillas” a los fiscales.

“El vértice del proyecto es la remoción y eventual reemplazo del interino y la remoción de los fiscales. Y eso se llama disciplinamiento”, apuntó Ernesto Martínez (PRO) y en alusión a los artículos que le dan mayor injerencia a la bicameral del Ministerio Público Fiscal señaló: “Como la oposición no transa y al oficialismo no le convence el candidato del Ejecutivo buscan jugar con fuego propio, desde el Senado”.

El texto estipula que el cargo de procurador durará cinco años, que puede ser reelecto una sola vez y que su selección no puede coincidir con un año de elección presidencial. Ese fue el único punto en que todo el arco político coincidía.

Pero el núcleo de la iniciativa, está ligada a las formas de elección y remoción del procurador y también de los fiscales y defensores.

Por un lado, termina con la mayoría agravada de dos tercios de presentes en el Senado para la designación del cargo y lo rebaja a una mayoría absoluta. Se trata de una instancia intermedia entre la mayoría simple y los dos tercios, que en lo concreto significa 37 votos positivos – en vez de 48- del total de 72 senadores. El bloque K supera los 37 votos, pero necesita de la oposición para llegar a los dos tercios.

Por otra parte, elimina la remoción por juicio político, hecho que implicaba que tanto la Cámara de Diputados como de Senadores avalen el desplazamiento con dos tercios de los votos.

El proyecto del Frente de Todos plantea ahora dos vías: que el Ejecutivo presente el pedido de remoción ante Diputados o que lo haga cualquier diputado. En ambos casos, para que la acusación escale al Senado se requerirá la aprobación por mayoría absoluta en Diputados. En el Senado, la remoción deberá ser aprobada por dos tercios. 

Sin embargo, una vez entrado el pedido en la Cámara alta, el Senado puede suspender al procurador por mayoría absoluta y tendrá 180 días para resolver el proceso.

Pero, por otro lado establece  que en caso de vacancia las funciones “serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal o un/a fiscal coordinador/a de distrito, elegido por la Comisión Bicameral del Ministerio Público” que tiene mayoría oficialista.

La situación de Casal es justamente una vacancia. Ocupa el cargo porque tras la renuncia de Gils Carbó, era el miembro de mayor antigüedad.

Si la ley se aprueba, la bicameral puede designar a que otro entre en vigencia. “La vacancia se puede cubrir con fiscal de distrito. Hay dos: Abramovich –de Cels y Justicia Legítima- y Laura Monti”, denunció la cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado. La oposición remarcó en todo momento el rechazo de Cristina a la candidatura de Rafecas.

El proyecto también le da mayor participación a esa bicameral del Congreso en la integración del Tribunal de Enjuiciamiento encargado de tramitar las remociones de los fiscales. Ese tribunal, de siete miembros, que tenía un vocal en representación del Senado, a raíz de este proyecto se eleva a tres miembros de la Bicameral –dos por la mayoría y uno por la minoría-. A su vez, uno de ellos será el presidente del Tribunal.

“Es un mensaje para Stornelli también. Porque lo que quieren es hacer caer la causa Cuadernos”, agregó Machado.

Además, esa comisión va a tener un rol de control del Ministerio Público Fiscal. “De ahora en adelanto no va a ser solo responsabilidad del procurador la política criminal, va a estar compartida con el poder legislativo”, afirmó Parrilli.

El texto plantea que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Y que esa conducta será considerada causal de remoción.

“En los últimos cuatro años hemos visto cómo se utilizó para perseguir, prohibimos a la procuradora valerse de la AFI para hacer espionaje político interno”, señaló Parrilli.

El texto también crea dos nuevas procuradurías: una de Medio Ambiente y otra de Acción Social y establece paridad de género.

“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República» planteó el camporista Martín Doñate.

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