Aplazo para la Argentina en el combate a la corrupción: sólo respondió bien 5 de las 15 preguntas en el foro ministerial del G20

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A tono con la pandemia, la edición del G20 que organizó este año Arabia Saudita tuvo como gran novedad la virtualidad de la Cumbre de jefes de Estado. Pero no fue la única: hace exactamente un mes tuvo lugar el primer encuentro a nivel ministerial del grupo dedicado a combatir la corrupción. Cada país debió responder 15 preguntas sobre el tema y el resultado para la Argentina fue….aplazado.

En el documento final, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG por sus siglas en inglés) reconoció que «en un contexto de fragilidad social y económica mundial sin precedentes causado por la pandemia Covid-19, la corrupción representa la mayor amenaza para el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la inversión y la confianza de los gobiernos».

Para llegar a esa conclusión se sirvió de la exposición digital de los funcionarios de 22 países (entre miembros permanentes e invitados) y del resultado de una encuesta que debió completar previamente cada delegación representada en el encuentro remoto. La comitiva argentina estuvo encabezada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous. Y según el informe del G20, al que tuvo acceso Clarín, sólo pudo responder correctamente cinco preguntas. Ante otras cuatro no se refirió a acciones concretas del Gobierno y en las seis restantes la respuesta fue nula: en el casillero figura un «not available», es decir «no disponible».

​Las siglas N/A, que indica la imposibilidad de contestar, figura sobre todo cuando se solicita evaluar los resultados del combate a la corrupción durante la pandemia. Son los siguientes casos:

¿Ha evaluado su gobierno los riesgos de corrupción nacional o trasnacional que surgen durante la pandemia Covid-19?

​# ¿Ha realizado su gobierno alguna evaluación previa del riesgo de corrupción que sea relevante para las actividades que se están llevando a cabo, o de los riesgos presentes en la situación de pandemia actual u otros escenarios de emergencia (por ejemplo, una evaluación de los riesgos de corrupción en el sector sanitario anteriores, evaluación de procesos de adquisiciones de emergencia)?

# ​Descripción de 3 a 5 riesgos de corrupción identificados por su país (tanto a corto y largo plazo) que surjan en relación con la crisis del Covid-19 (Se adjuntaba una lista de posibles respuestas, estilo multiple choice que no fue utilizada)

# Si es posible, proporcione ejemplos de casos detectados o presuntos de riesgo o fraude nacional o trasnacional, de acuerdo con las áreas de riesgo claves mencionadas en la pregunta anterior. Incluya un resumen del acto detectado o sospechoso y como se advirtió.

​# ¿Cuáles son los controles, salvaguardas y medidas contra la corrupción que su gobierno ha implementado para abordar los riesgos de corrupción?

​# Si es posible, proporcione una descripción general de como los actores interesados (por ejemplo, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y los medios de comunicación) han apoyado los esfuerzos de supervisión para detectar el fraude y la corrupción a su país durante la pandemia. ¿Existe alguna política y práctica específica que tenga su país para facilitar estos esfuerzos?

​Un análisis a fondo de la presentación argentina, realizado por la Fundación Alem –brazo técnico de la UCR-, destaca que en otros cuatro casos se dieron respuestas tales como «la eficacia de las medidas anticorrupción durante la pandemia aún no se ha evaluado»; «el análisis de las medidas adoptadas en 2020 se llevarán a cabo en 2021» o «el impacto del procedimiento de contratación pública será realizada ex post por las autoridades nacionales competentes».

«En muchas respuestas la Oficina Anticorrupción tuvo la oportunidad de lucirse, señalando simplemente cuáles han sido – en caso de existir– las actuaciones llevadas a cabo por la misma, por cuanto ostenta facultades de investigación, que la habilitan a formular denuncias penales por posibles delitos contra la Administración Pública o constituirse en querellante en causas penales ya iniciadas», indica la minuta confeccionada por la Comisión de Relaciones Internacionales de esa fundación, a cargo de Valentina Delich, secretria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Luego coloca como ejemplo de caso modélico «el escandaloso episodio de las contrataciones por el Ministerio de Desarrollo Social de alimentos para sectores vulnerables con sobreprecios que culminó con el apartamiento de varios funcionarios de esa cartera que aun continuaría , o el supuesto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por funcionarios estatales, y que pudieron haber originado su intervención».

En su discurso, Crous apuntó genéricamente a «resaltar las estrategias adoptadas para reducir el impacto del Covid 19 en todos los niveles de la Administración Pública Nacional, sobre todo en lo referido a la transparencia en los procesos de compras y contrataciones», con especial atención al sector de Salud» y destacó la reformulación del Plan Nacional Anticorrupción, «promoviendo su ampliación en concordancia con los principios de alto nivel para el desarrollo de la implementación de estrategias nacionales anticorrupción adoptadas».

Las cinco respuestas que se ajustaron al cuestionarios fueron:

# La Oficina Anticorrupción realiza regularmente estudios, prepara diagnósticos, interviene en varios procedimientos de contratación, propone políticas generales para mejorar la transparencia en los procesos públicos de adquisiciones y contrataciones. No se desarrolló ningún mecanismo específico para emergencia pública, ya que las funciones de este organismo gubernamental pueden realizarse con la misma eficacia que en un contexto normal.

# Los países del G20 podrían fortalecer su cooperación en los foros, fomentar las sinergias ente Estados, organizaciones internacionales y grupos de trabajo, con el fin de evitar una superposición de esfuerzos en cuanto a la presentación de informes, especialmente en contextos de pandemia.

# La pandemia ha demostrado la importancia de contar con fuertes controles anticorrupción y salvaguardas preventivas, y que las futuras medidas deberán tomar en consideración su aplicación a través de instrumentos digitales y / o remotos.

# Creemos que todos los temas definidos como “prioritarios” por el ACWG en 2020, son relevantes para la prevención de la corrupción en el contexto de una crisis pandémica global.

# Lineamientos para la publicidad de información sobre contratos en trámite o ejecutados.

# Ley de Ética Pública, decretos y resoluciones que rigen el proceso de contratación de la Administración Pública Nacional.

En el último ítem, la Oficina Anticorrupción se extendió en los detalles de sus «recomendaciones para fortalecer la integridad y transparencia en las contrataciones públicas realizadas en el marco de la emergencia por Covid-19» que publicó en mayo y recomiendan «la limitación del uso de procedimiento de emergencia».

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