Alertan sobre «un debilitamiento inconstitucional de la autonomía» de los fiscales

Las asociaciones FORES y Será Justicia expusieron su «preocupación» por los «nuevos avances en el Senado de la Nación contra la Procuración General de la Nación», para «lograr procesos de designación y remoción del Procurador General más laxos». Clarín consignó este viernes el proyecto del senador rionegrino aliado del oficialismo Alberto Weretilneck, para elegir y desplazar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta de los votos de esa Cámara, una instancia intermedia entre la mayoría simple y los dos tercios que se requieren hoy. El plan también elimina el juicio político y cambia la forma de desplazamiento de fiscales.

«De ser aprobado el proyecto, el oficialismo de turno podrá designar y remover libremente y por simples razones políticas a las cabezas del Ministerio Público sin la necesidad de generar acuerdos ni consenso, esenciales para asegurar su independencia, y su idoneidad técnica y moral objetivo claro fijado por el constituyente de 1994», advierten las organizaciones FORES y Será Justicia.

«En esa línea, el proyecto también elimina la exigencia de que la decisión de remoción de estos funcionarios se realice a través del juicio político, afectando así seriamente la estabilidad, autonomía funcional e independencia que la Constitución Nacional asegura a las máximas autoridades del Ministerio Público. El proyecto inclusive incorpora la posibilidad de suspensión de oficio de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.»

Para las ONG vinculadas a cuestiones judiciales, «más dañino aún a la independencia prevista por la Constitución al Ministerio Público es la pretensión del proyecto de ampliar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento encargado de remover a los fiscales, incorporando a éste a 3 integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso. De este modo, el proyecto procura asegurar la mayoría política oficialista en el tribunal sobre los restantes estamentos, lo que se ve agravado por el requisito de que este siempre sea presidido por un representante del Congreso.»

«De este modo se pone en riesgo la garantía de estabilidad en el cargo de los fiscales, garantía imprescindible para que los fiscales puedan investigar de manera independiente y objetiva, lo que reviste particular importancia en casos de narcotráfico, trata de personas y corrupción.»

El comunicado conjunto afirma que «el proyecto resulta inconstitucional, toda vez que afecta de manera directa la independencia y autonomía del Ministerio Público, y representa un grave peligro para la división de poderes propia de nuestra forma republicana de gobierno».

«Por todo lo expuesto, advertimos con preocupación este debilitamiento inconstitucional de la autonomía del Ministerio Público y solicitamos al Congreso que tome las medidas adecuadas para contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, sólida, transparente y ágil», cierra el texto.

La advertencia de ambas organizaciones es similar a la que formularon otras ONG especializadas en el diseño institucional y la protección de las garantías constitucionales hace sólo tres años, cuando el gobierno de Mauricio Macri buscó rediseñar el Ministerio Público luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. «Mientras la ley vigente exige dos tercios de los votos del Senado, con la modificación que incorpora el proyecto de ley bastaría con una mayoría absoluta», decía aquel manifiesto.

«El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia. Al disminuir la mayoría necesaria para su designación, el proyecto ya no requiere de la construcción de acuerdos amplios que garanticen la legitimidad de quien eventualmente ocupe el cargo», razonaban las organizaciones con lógica.

«De igual manera, las modificaciones introducidas respecto a la remoción del Procurador y Defensor General de la Nación atentan contra el mínimo de estabilidad necesario para garantizar su autonomía y evitar influencias indebidas de los otros poderes del Estado. El proyecto elimina la exigencia de remoción a través del juicio político y la reemplaza por un mecanismo endeble, al habilitar que ese proceso se realice sólo con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Nación», seguía aquel análisis, en el que también se criticaba la intención de emplazar a los futuros procuradores por un término de cuatro años renovables en una ocasión.

Aquel fuerte comunicado estaba firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Fundación Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP): estas dos últimas de inocultable simpatía por el kirchnerismo.

Aquellas palabras de ayer comprometen la opinión de estas entidades ahora, pero no hubo por parte de ellas manifestaciones actuales. El CELS, por ejemplo, había avalado en enero la postulación para procurador general del juez Daniel Rafecas, alguien muy vinculado con esa organización y su titular, Horacio Verbistky. 

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