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Los compromisos internacionales que el país firmó en la lucha contra la corrupción que involucran bienes y dinero público, referían a la necesidad de extremar como Estado las medidas para perseguir la corrupción sino el recupero de activos provenientes de dicho delitos. Desde 2016 asumieron la querella en un sinfín de casos contra ex funcionarios kirchneristas, donde el dinero cautelado superaba los $ 483.000 millones, fondos que se estimaron en la causa responde a las maniobras cometidas, y que en una eventual condena puede reclamarse. Algo que el actual gobierno ya no hará al retirarse de 32 expedientes por corrupción. Hay más fondos involucrados en bienes que podrían terminar decomisados, el recupero de los mismos tampoco será pedido por la actual gestión.
Dinero embargado en causas por corrupción, bienes cautelados, todos como parte de lo que los jueces durante la instrucción consideraron se asemejaba a las operaciones de lavado de dinero, a las maniobras de defraudación contra el Estado, a las acusaciones por corrupción contra un extenso listado de ex funcionarios de la gestión kirchnerista y la propia vicepresidenta, Cristina Kirchner. Las cifras calculadas son multimillonarias pero el Gobierno de Alberto Fernández, ya no reclamará el recupero de las mismas al retirarse de 32 expedientes, tal como lo confirmó el martes el titular de la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Felix Crous.
La gestión anterior, había manifestado en un informe que busca el reintegro y recupero del dinero involucrado en causas de corrupción. La Oficina Anticorrupción (OA) de la gestión macrista, había sido aceptada como querellante en diferentes expedientes que involucran a Cristina Kirchner y a ex integrantes de su gabinete. Se determinó que desde 2016 hasta este año, los embargos ordenados asciende a 483.115 millones de pesos, equivalentes a casi 3.715 mil millones de dólares. Entre los principales acusados se encuentra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, Amado Boudou, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros.
Esa cifra es sólo una porción. Responde a dinero cautelado que en una eventual condena se puede pedir como indemnización, reparo del daño causado mayoritariamente al Estado con las maniobras investigadas que van desde enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, cohecho, lavado de dinero, entre los que predominan. Ahora que la OA ya no será querellante, no sólo no acusará en los casos cuyos juicios orales están próximos a iniciar, sino que tampoco reclamara el recupero del dinero.
La actual gestión no intervendrá en 32 casos, 28 de los cuales involucran a ex funcionarios K y en 6 de ellos, la principal acusada es Cristina Kirchner y en tres está procesado Amado Boudou, el ex vicepresidente.
Las causas en las que no participará como querellante la OA, son el caso Cuadernos de las Coimas donde la ex presidenta está procesada y enviada a juicio como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales se fijó un embargo -sumando las conexas-, $ 11.721 millones.
A esto debe sumarse las cifras incluidas en los expedientes contra Julio De Vido por desviar fondos que debían aplicar a la mina de carbón de Río Turbio, se trabaron embargos por 3.126 millones de pesos.
Por otro lado, en el caso de Skanska II donde se investigaron los gasoductos a cargo de Odebrecht, las cifras son de $ 4 millones, mientras que en el primer tramo de AySA obras en manos de la firma brasileña con socias locales y donde se investigó el direccionamiento del contrato, se trabaron embargos por 13.676 millones.
En el caso que investiga la ruta del dinero que se aplicó para la compra de la ex calcográfica Ciccone, se ordenaron medidas por $ 2,8 millones.
Respecto a los expedientes donde se investigó a Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Carlos Ben, Oscar Biancuzzo, Carlos Wagner, Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros por direccionamiento de contratos a favor de Odebrecht y el pago de sobornos de la firma, hay embargos trabados por $ 4.073 millones.
Hay más. El informe incluye el dinero cautelado en causas durante 2016 y 2017. En la causa Vialidad y en el supuesto enriquecimiento ilícito de José López ascienden a un total de 75.280 millones de pesos. En las causas de la ruta del dinero K y del supuesto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, las medidas cautelares firmadas llegan a 212.255 millones de pesos.
Som sólo algunos ejemplos. El total de las sumas de los embargos de esos cuatro años asciende a aproximadamente 483,115 millones de pesos, dinero que en caso de existir condenas, el Gobierno no reclamará.
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