«Usan la clave fiscal de gente vulnerable» | Cómo f…

A partir de múltiples denuncias formuladas por pequeños monotributistas y personas en general de condición humilde, a quienes se les había robado la clave fiscal, se llegó a detectar primero y desarticular después una organización dedicada a la fabricación de facturas «truchas» que eran utilizadas con fines de evasión fiscal en la provincia de Córdoba.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal desarticularon un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas. «La primera pista fue la cantidad de denuncias que recibíamos de gente humilde, de condición vulnerable, que denunciaba que le aparecían deudas millonarias por impuestos cuando iban a pedir un subsidio o un plan social», contó a Página/12 uno de los fiscales que intervino en la investigación. «En los últimos tiempos, ese tipo de denuncias, vinculadas al robo de claves fiscales, reemplazó en cantidad a otros delitos comunes habituales, lo que nos llevó a poner en alerta a la AFIP e iniciar la investigación», agregó.

Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos de quienes compraban esos comprobantes.

Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones, entre integrantes de la banda que actuaba como «usina de facturas truchas», empresarios que se beneficiaban con su utilización para simular gastos y hasta un par de funcionarios municipales ligados a estos delitos.

Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta. Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco.

Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2800 millones de pesos, aunque fuentes de la investigación que siguen con el análisis del material secuestrado en distintos procedimientos, asegura que la cifra total ya supera los 3000 millones.