Toma de tierras: ya existe una preocupación diaria en los municipios del GBA

Un audio de Whatsapp de 56 segundos llega al celular de un intendente de la zona Sur del conurbano bonaerense. Se escucha la voz de un hombre que le avisa a otros que unas 20 personas irán el sábado a la noche a medir el terreno que luego lotearán, para que recién de día se acerquen las familias. Aunque no hay coordenadas, el jefe comunal asegura saber a que terrenos se refiere y usa la información para coordinar un operativo de prevención junto a la Justicia y la Policía, y así evitar una de los tantos intentos de tomas que se multiplicaron en el último año y evidencian el drama habitacional del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires.

El crecimiento de los intentos de tomas de tierras, las «micro tomas» (que son de una o dos personas) y la usurpación de viviendas o terrenos, como el de 160 hectáreas en Los Hornos (La Plata), no es nuevo, tampoco entiende de pandemias y preocupa. Solo en el municipio de Moreno registraron 130 intentos de tomas desde diciembre. Muy cerca, en el Partido de General Rodríguez, el propio jefe comunal reconoce que desactivan entre cinco y diez pequeños intentos por fin de semana; al tiempo que en José C. Paz hay zonas que ya son custodiadas por la Policía para evitar usurpaciones. Mientras que pocos dirigentes hablan de vinculaciones político partidarias, en algunos casos ya hay personas detenidas y pedidos de capturas.

La Provincia de Buenos Aires reconoce seis grandes tomas de terrenos con conflictividad social que tienen muchas familias y están judicializados: dos en La Plata, dos en La Matanza, una en Moreno y la de Guernica, en Presidente Perón. Mientras avanzan con mesas de diálogo en esos casos hay abierto un debate en cuando a qué calificar como toma, porque algunos es de solo una persona.

Los vecinos y los intendentes

En la cadena de preocupación los vecinos cercanos a los descampados parecen cumplir el rol de alerta. Dan aviso a los centros de monitoreo de los municipios o a la propia Policía y se activan los protocolos. Más allá de que la mayoría son frenadas, algunas se logran instalar. Esa inquietud va del norte al sur del conurbano porque además de la toma en Guernica (Presidente Perón), se instaló otra junto a la estación Victoria del ferrocarril Mitre (San Fernando), y se suman a otras del último año como la de la Ruta 1001 en La Matanza.

«Los vecinos nos avisan y nosotros no lo permitimos. La preocupación existe porque en el último tiempo evitamos dos tomas grandes. Una en El Pato y la otra en 106 hectáreas donde vamos a construir un parque industrial tecnológico. Llamamos a la fiscalía y a la Policía para evitar que las tomen y ahora lo alambramos. El problema es que esas tomas generan demandas de servicios que muchas veces no se pueden dar y hay que analizar la manera, pero no es con calles de tierra y sin baños», remarca a Clarín el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. El jefe comunal que volvió al poder en diciembre remarca que «es tradicional» que en ese municipio no permiten las tomas y recuerda que la única tuvo ese distrito fue en 1988 y hoy es el barrio 1° de Mayo.

Según el registro de la Fiscalía N°5 de Moreno, desde diciembre en ese municipio desalentaron 130 intentos de tomas de tierras. Las causas judiciales por usurpaciones o tentativa masivas crecieron de 12 a 130 con respecto al mismo período del año anterior y los detenidos pasaron de 10 a 81. «Solo en agosto hubo 24, diez intentos diferentes en el mismo lugar. Ahí se detuvo a tres organizadores que movían a unas 200 personas y se pidió la detención de dos más», informaron en la Justicia. Y sueltan el detalle de que en alguna de las que lograron instalarse hasta capillas evangélicas.

Remarcan que hacen un trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad y autoridades de ese municipio, «Si bien están prohibidos los desalojos, se avanza en los censos de la población que están en los terrenos usurpados, según lo establece el protocolo de la Suprema Corte provincial. Los censos son judiciales pero se realizan con el aporte de recursos humanos y técnicos del Municipio. Las políticas se realizan en el marco de un planeamiento municipal sobre desarrollo urbano y de uso del suelo. Hay un abordaje integral de políticas públicas en relación al acceso a la vivienda y uso del suelo; no solamente la disuasión de intentos de tomas», aseguraron en el municipio de Moreno.  

Las «microtomas» y las usurpaciones

Además de las grandes tomas también están las pequeñas, e incluso las «individuales». «Tenemos registrado que los intentos de tomas se dan más los fines de semana. Nos alertan los vecinos, llaman al COM (Centro de Operaciones Municipales) o a la Policía y los desactivamos. Son de a cinco a diez por fin de semana pero no masivas, sino en algún baldío o de pocas personas. Desde diciembre tuvimos dos de unas 10 a 15 personas en La Fraternidad y en Parque Joly. Es una modalidad distinta a los de los municipios más poblados del conurbano», indica a Clarín Mauro García, intendente de General Rodríguez.

«La acción temprana es clave, sin violencia pero con gran número de policias para abordar de inmediato y cortar el tema en el día y eso puede lleva unas 10 horas de trabajo», detalla uno de los funcionarios judiciales que participó en diferentes operativos para evitar toma de terrenos en el conurbano en los últimos meses.

Pero además de los lotes, también hay usurpaciones de barrios que quedaron a medio construir. En José C. Paz los funcionarios municipales afirman que en lo que va del año desactivaron cinco tomas de entre 100 y 150 personas. «En los últimos dos meses, dos de esos intentos fueron al mismo barrio de viviendas sociales a medio hacer en Lima y Buguetti», comentan y detallan que ahora ese lugar tiene una custodia permanente de la comisaría 2ª de José C Paz. El temor es que se ocupen como pasó con 300 viviendas sociales hace unos años, para que la recién hace un mes salió el desalojo.

En La Matanza, el municipio más poblado del país con 2,2 millones de habitantes, la principal preocupación está en una toma de terrenos sobre la Ruta 1001 en González Catán. Se trata de un predio en el que familias ingresaron en 2018, hubo un violento desalojo y el año pasado volvió a ser tomado. Es llamado «Barrio Acumar» por las 260 viviendas que estaban en construcción y no fueron terminadas. «Desde que llegamos a la gestión se trabajó en un convenio con el Ministerio de Hábitat, para impulsar la construcción de lo que restaba y darle fin a la obra», señalaron desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. La causa está judicializada y hay un censo.

En ese mismo distrito y también en 2018, Rodolfo Orellana, un militante de Organización de Libres del Pueblo (OLP) que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), fue asesinado en Villa Celina en el reclamo por unos terrenos que fueron desalojados.

En el vecino distrito de Merlo el foco está en Pontevedra, donde hay muchas tierras sin edificación. Las espaldas de esa zona de quintas está surcada por la traza de la Autopista Presidente Perón donde el jueves frenaron otro intento de toma. «Dispusimos de cuatro móviles que recorren las 24 horas la zona para alertar cuando hay algún movimiento de intento de usurpar los terrenos», puntualiza Domingo Lippo, subsecretario de Protección Ciudadana de Merlo.

El funcionario agrega que replicaron las recorridas en otras localidades como Mariano Acosta, Agustín Ferrari y Libertad. Mientras que en la zona Sur, evitaron hace tres semanas evitaron un intento de toma en San Francisco Solano, Quilmes.

Más allá del problema judicial sobre si son tierras fiscales o pertenecen a un privado, otra de las dificultades es que la mayoría de los terrenos que intentan ocupar son inundables o están sobre pantanos. Justamente es el argumento que refuerzan las autoridades estatales para que los que tomaron la tierra salgan, en un largo trabajo de intentar convencer. «Hacemos hincapié en que se van a inundar con la primera lluvia en la que crezcan los arroyos porque realmente no son zonas aptas para instalarse. Pero si lo hacen, en algunos de los terrenos no se pueden hacer las instalaciones de los servicios como agua potable o cloacas», agrega un funcionario de un municipio con varios intentos de tomas.

La cuestión política

Un par de dirigentes del peronismo bonaerense le apuntan en algunos casos al Movimiento Evita y en la semana hubo algún cruce entre el ministro de Seguridad, Sergio Berni y el Fernando «Chino» Navarro por esa cuestión. Sin embargo, esa versión contrasta justamente en Moreno, donde la intendenta Mariel Fernández pertenece a ese espacio partidario y coordinó con la Justicia el freno a los sucesivos intentos de toma desde diciembre. Incluso registran un gran desalojo pacífico en diciembre sobre la Ruta Provincial 23. Y lo corrobora la Justicia. Al menos hasta ahora la UFI N°5 de Moreno descarta vínculos políticos y aclaran que uno de los «organizadores» es de Pilar.

«Se esconden abogados, contadores, barrabravas y punteros políticos que utilizan a la gente», dijo Berni en la semana a Radio 10. El dato que apoya su afirmación es el crimen de Martín Miguel Núñez Gioiosa (36), un barrabrava de River que recibió un tiro en el pecho en una pelea por un terreno en La Providencia y Tacuarí,La Providencia y Tacuarí, Moreno.

Donde sí hubo un contacto con la política partidaria fue en las elecciones del año pasado. Frente al vacío de poder tras la derrota de algunas autoridades municipales en las PASO, los organizadores de tomas aprovecharon y se dieron varias. Algunas fueron desalojadas en diciembre.

La inquietud cerca de La Plata

La preocupación crece porque el problema continúa también cerca de la capital provincial. Hace tres días hubo un intento de usurpar terrenos ubicados en 72 entre 190 y 193, en Lisandro Olmos. Detuvieron a 14 personas por el delito de «usurpación en grado de tentativa». Una de las detenidas dijo a un portal de Olmos que unos «punteros políticos nos dijeron que podíamos ocupar esos terrenos porque eran fiscales, cosa que no era así porque resulta que tenían dueño. Cuando los chicos quedaron detenidos no aparecieron, nos dejaron desamparados».

La Policía secuestró cuatro autos, palas, motosierras, masas, picos y demás herramientas utilizadas para desmalezar y delimitar los terrenos. «Los chicos han perdido sus palas, bordeadoras, agujereadoras eléctricas. Perdieron los autos también, porque quedaron autos secuestrados», contó la mujer, quien lamentó que por este motivo a los hombres «los dejaron sin trabajo, porque eran elementos que utilizaban para trabajar haciendo changas y llevar el pan de cada día a su casa».

Hace un mes en Los Hornos, en un terreno de ocho hectáreas ubicado entre las calles 78 y 80 y entre 153 y 155, más de 50 personas ingresaron con intenciones de irrumpir en el lugar para venderlo a través de internet, aunque «por la actuación policial se desactivó la toma y hubo ocho detenidos». Ahora, el lugar permanece custodiado aunque sigue el riesgo de ocupación.

Un caso similar se dio el 13 de agosto en San Carlos, La Plata. Un grupo de personas organizó la usurpación de un terreno en 133 entre 35 y 36, con la intención de comenzar a subdividir el predio para distintas familias en medio de la crisis social y económica, cada vez más profunda a raíz de la pandemia de coronavirus. Por las denuncias de habitantes del barrio se inicio un amplio operativo policial para impedir la ocupación ilegal de las tierras. Los patrulleros y efectivos cercaron la zona y hubo quienes aseguraron que el momento más tenso se dio cuando se escucharon hasta disparos.

Y el viernes a la noche, en 34 entre 158 y 159, de Melchor Romero, intentaron tomar un predio privado. El dueño denunció el episodio llegó la Policía y hubo un enfrentamiento. Detuvieron a cuatro personas y en la pelea tres policias terminaron con lesiones: los atacaron a piedrazos. Tambien hubo disparos. Dos patrulleros recibieron impactos de balas según informo una fuente policial. Intervino la justicia penal de La Plata y ordenó dejar una custodia en los terrenos.

Antiguos métodos vs protocolos

Alejado del poder, hoy un ex intendente recuerda que en 2000, frente al primer intento de toma, fue a pedirle un consejo a un viejo cacique. «Vos tenés que ir con los muchachos, los sacas a palos y después llamas a la policía y a la fiscalía», contó el ex jefe comunal sobre la sugerencia del viejo líder peronista que, junto a sus «abordajes integrales», años más tarde fue derrotado en las urnas.

En la vereda opuesta a esas prácticas ilegales, en abril del año pasado la Suprema Corte de Justicia de Provincia aprobó el «Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad», utilizado para el desalojo en Moreno un mes antes de la pandemia.

Con ese marco legal y ante la preocupación, esta semana varios intendentes fueron a ver a las autoridades provinciales. Desde el gobierno de Axel Kicillof abrieron mesas de diálogo. Hoy hay tres y en todas participan los estados Nacional, Provincial y Municipal, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y una comisión representante de los vecinos que están en la ocupación.

En la de Los Hornos y la Guernica, las encabeza el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini. Hay otra en La Matanza, que la lidera el director Provincial de Hábitat, Roberto Perito. «Realizan censos socioeconómicos para establecer cuáles son las familias que tienen una carencia de tierra y vivienda real y a partir de ahí se avanza con un proyecto de urbanización», explicaron en el gobierno provincial.

Los jefes comunales de la zona Sur, más La Matanza, esta semana emitieron un comunicado en el que hablar de la urbanización como política de Estado. «No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley», señala parte del texto.

SJF

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