Promover la progresividad fiscal | Temas de debate:…

Producción: Florencia Barragan

——————————————————————————————————————————–Federalizar los recursos

Por Maria Eva Bellini *

La importancia de nuestra estructura tributaria ha empezado a recobrar interés en los últimos meses como una de las tareas pendientes luego de atravesar la pandemia. Las miradas se han puesto en dos sentidos: profundizar su progresividad (que paguen más lo que más tienen) y mejorar el esquema de coparticipación entre el poder ejecutivo nacional y las provincias. Esto último se encuentra profundamente ligado a la voluntad política de pretender conformar un sistema donde los principios económicos de redistribución y reciprocidad cobren un mayor peso.

Bajo este panorama resultaría más que interesante, sin que implique un desfinanciamiento a la gestión nacional, volver a pensar en la re-instauración del Fondo Federal Solidario (FFS) y su coparticipación a las administraciones provinciales y gobiernos locales. Recordemos que aun siendo una de las condicionalidades en el consenso fiscal de la gestión Cambiemos, fue eliminado en agosto del año 2018.

El Fondo Federal Solidario fue creado el 19 de marzo del año 2009 mediante el decreto 206/2009 en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Su implementación se dio en un contexto signado por la crisis internacional que golpeaba a nuestro país y que era considerada tan profunda como la de 1930. Esto habilita a pensar en la actual coyuntura un panorama similar, en cuanto a la crisis, incluso con una gravedad probablemente mucho más profunda.

El esquema de distribución de aquel “Fondo Sojero” garantizaba que lo recaudado por derecho de exportación, del poroto de soja y sus derivados, se distribuyera en un 30 por ciento a las provincias, con una participación establecida según el índice de coparticipación federal, y a su vez el 30 por ciento (cómo mínimo) que recibía cada Estado provincial se repartiera a municipios y comunas.

Este fondo se consideraba solidario porque permitiría la federalización de esta renta. A saber: 1- su distribución abarca a todo el territorio argentino, independientemente si los mismos eran productores de alguno de los bienes que comprende; 2- volvía a los territorios que sí producen este tipo de bienes, lo cual permitía que la riqueza generada se distribuyera entre todos los habitantes y no en un pequeño grupo de productores.

Sería muy importante mantener el financiamiento de obras de infraestructura como el único destino del FFS, permitiendo pensarlo como una sumatoria a las políticas contracíclicas que se vienen tomando en nuestro país. La “vuelta” de este fondo permitiría reactivar la obra pública, y con ello mayores puestos de trabajo en cada una de las localidades, pudiendo ser los sectores de la economía popular los más beneficiados. Según los datos del RENABAP más del 40 por ciento de los trabajadores se dedican a la actividad de la construcción.

A partir de la presidencia de Alberto Fernández, los derechos de exportación al poroto de soja, harina y aceite se incrementaron en diciembre de 2019 al 30 por ciento, y a partir de marzo sólo para las exportaciones del poroto se elevaron al 33 por ciento, mientras que en el año 2019 se encontraban en el 25 por ciento. De existir este fondo visibilizaría un crecimiento notable de sus recursos respecto a la composición en la administración de Cambiemos, que producto de la continua disminución de los derechos de exportación fue perdiendo representatividad.

El porcentaje de retenciones no es la única variable que incide en la composición del Fondo, también depende del tipo de cambio, de la demanda del resto del mundo, del nivel de producción local y de su precio internacional, siendo estas últimas tres variables no gobernables para el Poder Ejecutivo Nacional.

Si se tomaran los datos acumulados entre diciembre de 2019 y abril de 2020 la representación del Fondo Federal Solidario respecto al total de recursos coparticipados según la Ley Federal, para todos los distritos, representaría un incremento del 4 por ciento. La importancia de darle continuidad a la federalización de los recursos permitiría mejores herramientas para las administraciones provinciales y gobiernos locales en la implementación de políticas anticíclicas en un contexto en el que la economía – según el FMI – caerá en tan solo un año alrededor de un 10 por ciento, se torna imprescindible.

* Lic. Economía (UNL). Integrante del CEDEBH.

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Aprovechar la oportunidad

Por Sebastián M. Domínguez **

El sistema tributario argentino presenta distorsiones e inequidades que se están acentuando por los efectos económicos y sociales que está provocando la pandemia del Covid-19. En consecuencia, considero que es el momento de comenzar a trabajar en una reforma integral del sistema tributario con diferentes objetivos dentro de los cuales se encuentra la justicia y equidad, la estabilidad, la neutralidad, la suficiencia, la elasticidad, la simplicidad y la certeza, a los efectos de lograr su progresividad y propender al desarrollo inclusivo que requiere la sociedad argentina. Además, se deben comenzar a tomar medidas en materia tributaria para actuar sobre situaciones de inequidad familiar y de género.

Por otro lado, para el desarrollo de la Argentina es muy importante la armonización tributaria a nivel vertical, es decir, en los tres niveles de Gobierno. En consecuencia, se debería llegar a un acuerdo respetando las autonomías, que sea aprobado por el Congreso Nacional y las Legislaturas Subnacionales.

Asimismo, es imprescindible profundizar la lucha contra la evasión utilizando todas las herramientas posibles para lograr que tributen los evasores y evitar el incremento de la presión fiscal sobre los contribuyentes cumplidores. Es importante procurar la eliminación de tributos cuya recaudación es potencialmente baja y centrarse en los tributos relevantes para gravar las distintas manifestaciones de capacidad contributiva.

Respecto a reformas concretas a realizar, el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ante el Ministerio de Economía propuestas que creo esenciales en la búsqueda de los objetivos comentados. A continuación, detallo sólo algunas de ellas debido a la extensión de estas:

Familia Monoparental: Se propone la definición de ese concepto para proponer medidas con el objetivo de resolver problemas de inequidad.

Impuesto a las Ganancias: readecuar el ajuste por inflación impositivo, revisar integralmente todos los topes y deducciones fijando una unidad de medida para su actualización, revisar determinadas exenciones, brindar un tratamiento diferencial a las MiPyMEs y ampliar los tramos de la escala de imposición para las personas humanas. Para familias monoparentales, establecer deducciones incrementadas, admitir la deducción de gastos destinados a la educación de niñas y niñas como a su cuidado y el de adultos mayores. Para incentivar la contratación de mujeres en cargos jerárquicos y de órganos de dirección reducir el impuesto a la distribución de utilidades y permitir una mayor deducción de honorarios.

Impuesto sobre los Bienes Personales: reemplazarlo por un impuesto al patrimonio neto, permitiendo la deducción de las deudas, revisar el mínimo no imponible y los tramos de escala de imposición para que recaiga sobre los sectores de mayor capacidad contributiva.

Impuesto al Valor Agregado: restaurar la devolución del IVA para los sectores más necesitados mediante tarjetas (de crédito, compra, entre otras), minimizar exenciones, unificar la alícuota y disminuirla, readecuar el cómputo de los créditos fiscales de contribuciones patronales, establecer mecanismos de devolución de impuestos al consumo de determinados productos (pañales, leche maternizada, productos de uso exclusivo de la mujer, entre otros).

Recursos de la Seguridad Social: reducción de contribuciones con destino a la seguridad social por 24 meses para incentivar la contratación y registro de empleados y mayor deducción por mínimo no imponible para MiPyMEs y monotributistas.

Régimen del Monotributo: Tratamiento especial para quienes tengan a cargo familias monoparentales y establecer un régimen “puente” para los excluidos del monotributo que deban transitar hacia el régimen general.

Esta es una oportunidad que no debería ser desaprovechada para lo cual se necesita contar con tiempo suficiente para el análisis de las posibles reformas. Durante ese análisis sería relevante escuchar y estudiar las propuestas de todos los integrantes de la Sociedad como las Organizaciones Profesionales, Cámaras Empresariales y demás Organizaciones No Gubernamentales. 

Es muy importante que se debatan detalladamente las propuestas en las diferentes Comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación como así también en el momento de tratar los proyectos de ley en los recintos de las mismas. Esperamos que, esta vez, la Argentina logre una reforma tributaria que fomente su desarrollo en forma integral cumpliendo con los objetivos indicados al inicio.

* Socio de SDC Asesores Tributarios. Miembro de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA.