Juntos por el Cambio plantea un proyecto para quitar subsidios a quienes toman tierras en la Provincia

¿Qué disuade a una persona de tomar con violencia tierras públicas o privadas? En varias décadas, las leyes vigentes y aún la Constitución no impidieron la extensión de 1.800 asentamientos en la Provincia de Buenos Aires. Ante el avance actual del fenómeno, la política, tanto como los demás actores institucionales, reinventa eludir cierta responsabilidad con algunas fórmulas que aparecen tan novedosas como de difícil aplicación.

Surgiría como una especie de resguardo declarativo, desde algún sector del oficialismo, cuánto de la oposición. En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, planteó la quita de planes sociales como el AUH para aquellas personas que usurpen propiedades inmuebles. Previa constancia de hacer cumplir la ley para desalojarlos. Un gambito político en defensa propia mientras el Gobierno, que integra a modo de coalición, sostiene que las tomas no son un problema de seguridad. El objetivo de Massa aparece improbable, y lo enuncia a pesar de esa certeza.

Este martes, la oposición parlamentaria en Buenos Aires también retoma ese camino con un proyecto en Diputados. Propone “las limitaciones de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen de las tomas de terrenos y propiedades”.

La innovación es que reconoce, detrás de estos episodios extendidos, la existencia de movimiento políticos que las sostienen, en muchos casos.

La restricción al acceso a la asistencia, según la propuesta, “tendrá una duración de dos años, una vez que la autoridad de aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.

Para ello, en el artículo primero se establece la creación de un Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales de la Provincia. Es con la intención de “identificar a los destinatarios de planes y/o programas asistenciales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense”.

Como se sabe, la usurpación de tierras está penado con hasta 3 años de prisión.

La iniciativa de Juntos por el Cambio tiene esta argumentación: “Es inadmisible que el Gobierno nacional y provincial esté justificando la toma de tierras que está sucediendo en varios distritos de nuestra provincia: San Fernando, La Plata, La Matanza, Presidente Perón, Marcos Paz, Partido de la Costa, entre otros. La ausencia y abandono del Estado frente a una situación tan compleja y preocupante como ésta no puede, de ningún modo, justificarse como una necesidad habitacional”.

“Esa necesidad no puede omitir un delito que no sólo significa ser cómplices sino aceptar que, frente a la necesidad concreta de los bonaerenses, la respuesta es la absoluta ausencia del Estado promoviendo la inseguridad y el descontrol”, completa el autor.

La otra novedad es que incorporan a los “instigadores”. Es decir, a quienes promuevan las tomas, aunque no se encuentren en el lugar.

¿Cómo se establecerían esas categorías sin un fallo judicial? Resulta complejo. Aún con las evidencias informales del conocimiento de los intendentes, por ejemplo, que conocen la matriz de las organizaciones, políticas o mafiosas, que están detrás de cada delito. Siempre escudados en la necesidad habitacional de miles de bonaerenses.

El proyecto corresponde a Juntos por el Cambio. Lo presentó el diputado provincial Alex Campbell, el subsecretario de Asuntos Municipales en la gestión de María Eugenia Vidal. Tiene un mapeo del problema desde su antigua función. Este lunes, lo antecedieron en la demanda de cumplimiento de la ley los intendentes de ese espacio Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). Habían solicitado a Axel Kicillof que defina una postura sobre el tema.

Apenas consiguieron una respuesta de manual: “Todo el peso de la ley para quien cometa delito”. Pero, rápido, el gobernador advirtió que “hay que ver cada caso en particular. Yo no prejuzgo porque hay que ver cada situación. No se puede generalizar“. Es decir que las tomas de tierras quedarían en un limbo político no punitorio, casi exculpatorio de acuerdo a las circunstancias. Resulta un mensaje, al menos, ambiguo. Poco persuasivo, a juicio de los críticos. «Eso no frena al que está decidido a usurpar», concluyen.  

Kicillof ingresa en el mismo plano de apreciación de la ministra Sabina Frederic. La funcionaria de Nación declaró que las usurpaciones de inmuebles “no es tema de seguridad”. Todo a pesar que la cuarta parte de los terrenos tomados son del Estado provincial o federal. Deberían, llegado el caso, actuar en la Justicia como damnificados. Es un patrimonio de la sociedad que representan.

Algo de eso interpreta el ministro de seguridad provincial, Sergio Berni, que considera apropiado reprimir ese tipo de delitos. Confronta la voluntad con los hechos: es la Policía quien debe intervenir, sobre todo en el momento de flagrancia, es decir cuando está ocurriendo la usurpación. Hasta ahora, la prédica del ministro no funciona.

Quedan sus palabras como intento. «Es un delito que está organizado. Detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho. Hay diferentes tipos de tomas: muchas son por motivos habitacionales, pero otras por motivos económicos, donde basados en la necesidad de la gente toman los terrenos, los venden, empiezan a haber abogados, contadores».

Algunas voces incorporan, además, la letanía judicial. La falta de respuesta de fiscales y jueces, concordantes con la gravedad de los hechos.

«En la provincia de Buenos Aires el derecho a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten», quiere instalar Berni.

Precisamente, es lo que está en discusión. Una pulsión entre la cuestión patrimonial amparada por norma constitucional, y el desamparo social que abre cauces imprevisibles.

Esa pulsión está más latente que nunca, en medio de una pandemia bestial y los niveles de pobreza que alcanzan a la mitad de la población.

Kicillof dice que las respuestas deben ser “ordenadas”. Le sugieren que primero establezca el orden.

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