Córdoba, 27 de junio de 2025 — Un nuevo escándalo sacude a las fuerzas de seguridad de la provincia. En un operativo simultáneo desplegado en la ciudad de Córdoba, Cosquín, La Calera y Unquillo, fueron detenidas siete personas, entre ellas el jefe de la Policía Caminera, Comisario General Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de liderar una presunta red delictiva dentro del propio cuerpo policial.
La investigación, encabezada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 6, a cargo del Dr. Guillermo González, reveló la existencia de una asociación ilícita conformada por efectivos policiales, abogados y civiles que utilizaban de manera ilegal información reservada de las bases de datos policiales, como antecedentes y prontuarios. Con estos datos, según la acusación, extorsionaban a ciudadanos o los coaccionaban para cobrarles honorarios en supuestas gestiones legales.
Entre los detenidos figuran Gastón Miguel Ochoa Roldán —hermano del jefe policial—, Leonardo Javier Torres (vinculado a la asesoría letrada de la Policía Caminera), Martín Darío Heredia, Jorge Gutiérrez, Dante Gabriel Villalba (chofer del jefe), y un civil identificado como Gabriel Élido Burkhard.
Las imputaciones son múltiples y de extrema gravedad: asociación ilícita, coacción, extorsión, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.
Un sistema paralelo de corrupción
Según los investigadores, la banda operaba desde hace tiempo con acceso privilegiado a la información oficial, manipulando causas judiciales, interviniendo en accidentes de tránsito y ofreciendo arreglos extrajudiciales a cambio de dinero. Algunos de los implicados, incluso con título de abogados, utilizaban sus cargos para operar con impunidad.
El Ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Juan Pablo Quinteros, junto al Jefe de Policía de la Provincia, Alberto Viete, convocaron a una conferencia de prensa para explicar las derivaciones del caso. Se anticipa que en los próximos días podrían sumarse más imputaciones y detenciones.
Repercusiones políticas
La reacción política no se hizo esperar. Desde la oposición, la UCR provincial emitió un duro comunicado en el que afirmó: «Este escándalo no es un hecho aislado, es el reflejo de un Gobierno que se está cayendo a pedazos. Se ha permitido el armado de verdaderas mafias dentro del Estado con total impunidad.»
La situación genera conmoción en la ciudadanía y despierta serias dudas sobre el control institucional y la transparencia dentro de las fuerzas de seguridad. En momentos donde la confianza en las instituciones atraviesa un delicado equilibrio, este caso representa un fuerte golpe para la imagen del Ejecutivo provincial y de la estructura policial.
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