El kirchnerismo impulsa un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema

En medio de la creciente presión del Gobierno contra la Corte Suprema, una diputada kirchnerista presentó en el Congreso un pedido de juicio político contra el titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, al considerar que incurrió en “mal desempeño y eventuales delitos” en el ejercicios de sus funciones.

El planteo de enjuiciamiento ingresó a la mesa de entradas de la Cámara Baja el 25 de septiembre, tres días después de que el titular de la Corte hiciera pública su decisión de convocar a un acuerdo extraordinario para que el máximo tribunal analice el pedido de per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados a Comodoro Py fueron anulados por un decreto del presidente Alberto Fernández.

«La Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado», dijo Rosenkrantz tras convocar a los integrantes del CSJ. Finalmente, días más tarde, la Corte declaró que el planteo de los camaristas y del juez Castelli era admisible y decidió analizar el conflicto para intervenir.

El proyecto es de Vanessa Siley, que además de diputada es integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados y secretaria del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

La iniciativa tiene 229 páginas y contiene además de fundamentos, varias sentencias firmadas por el magistrado que conduce el máximo tribunal de Justicia, a quien la legisladora K acusa por mal desempeño.

“El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”, argumenta.

Y agrega que “sin dudas, esta conducta es impropia y contraria a aquella que debe esperarse de un magistrado del más alto Tribunal de la República, más aún tratándose del mismísimo presidente del mismo”. Siley pone como ejemplo las sentencias dictadas en las causas de lesa humanidad en torno a la aplicación del beneficio 2×1 en los casos “Muiña” y “Rufino Batalla”, así como su intervención en el expediente “Ledesma”.

Sobre el caso Muiña, en la que se benefició a un condenado por delitos de lesa humanidad con el 2×1, la diputada esgrime que «los lineamientos jurídicos defendidos en el voto del señor Rosenkrantz resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad. Este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones».

En el expediente Ledesma, sobre el apagón que se produjo an comienzos de la dictadura en el pueblo de General San Martin, Jujuy, durante el cual se secuestraron trabajadores, estudiantes y militantes, y en el cual se dictó la falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. Según la diputada K, si bien la Corte no se pronunció sobre el caso, hay un vínculo entre la esposa del ministro de la Corte y un ex abogado de la azucarera y sobrino del imputado porque ambos forman parte de la ON «Cimientos».

Las gestiones de Siley se enmarcan en las presiones que impulsaron desde la Casa Rosada y hasta de manera pública, para que la Corte no avale los reclamos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, quienes confirmaron procesamientos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos, y del juez Castelli, a quien buscan correr del tribunal que debe iniciar un juicio oral contra la ex presidenta.

Al respecto, recientemente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió que «queda ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución», tal como, aseguró, lo hizo el gobierno al anular los traslados de esos jueces que se efectivizaron durante la administración de Mauricio Macri y que son cuestionados porque se hicieron sin contar con un nuevo acuerdo del Senado.

El Gobierno actuó conforme a la Constitución Nacional, el Senado actuó conforme a la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura actuó conforme a la Constitución Nacional y, ahora, lo que queda es ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución Nacional, que es el procedimiento que está en la Constitución», apuntó el jefe de Gabinete de ministros.

Un primer paso para llegar al Senado

Para prosperar, el pedido de juicio político de Siley debe completar un largo recorrido para definirse en la Cámara de Senadores, que preside Cristina Kirchner y donde el kirchnerismo cuenta con una participación mayoritaria clave.

La acusación contra Rosenkrantz se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que indica que la Cámara de Diputados es la única institución habilitada para ejercer el derecho de «acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes«.

También se aclara que se podrá hacer uso de esa facultad luego de haber convocado a los acusados para conocer su versión. Una vez completado ese proceso, la Cámara baja deberá aprobar con el aval de dos terceras partes de los diputados presentes el pedido de juicio político para elevarlo al Senado. 

Los números de la distribución de fuerzas indican que cumplir con esas formalidades será una tarea compleja en Diputados, donde el Frente de Todos cuenta con 118 bancas frente a las 116 de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

El kirchnerismo necesitará mucho más que el eventual respaldo de sus aliados para alcanzar los dos tercios necesarios que, contemplando la presencia de todos los diputados, sería de 171 votos.

«Es un mamarracho», las críticas contra la avanzada

El diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López fue uno de los primeros en salir a rechazar las gestiones de Siley para iniciar un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema.

En diálogo con Clarín, López consideró que el kirchnerista solamente busca «intimidar a la Corte y a su Presidente por todos los medios posibles».

«Como tienen número en la comisión quieren ver si paseando a Rosenkrantz por ahí lo intimidan. Pero no hay número en el recinto porque se requieren dos tercios y no hay causal. Es todo un mamarracho», remarcó.

Por este tema, López incluso protagonizó un intenso cruce con Silley durante la sesión del 25 de septiembre, que quedará en la historia por el escándalo sexual que protagonizó el diputado del Frente de Todos Juan Ameri.

Aunque aquel día en el recinto se discutían otras cuestiones, Silley pidió la palabra para reforzar las críticas contra los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. «Habían sido trasladados en el 2018 a dedo», afirmó la legisladora kirchnerista.

Poco después, López también solicitó una cuestión de privilegio para advertir que fue el presidente Alberto Fernández el que «arrogó facultades judiciales y violó la inamovilidad de los magistrados». «El Presidente, el Senado y su presidenta, la vicepresidenta de la Nación, anularon, arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que le prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional, el traslado de estos magistrados», se quejó el diputado de la Coalición Cívica.

«Esos decretos del presidente Mauricio Macri que anuló el presidente Fernández habían generado derechos subjetivos y sólo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación», planteó López. 

Mirá también

PJB