El Estado también paga la crisis | Aportes de hasta…

La respuesta estatal orientada a contener los efectos recesivos que produce la pandemia involucra un esfuerzo fiscal que se estima en 3 por ciento del PBI, según un informe elaborado por Cifra-Flacso. Este número asciende al 4,7 por ciento si se consideran las líneas de créditos para el pago de capital de trabajo que, si bien no comprometen recursos públicos de manera directa, el Estado es garante y subsidia tasas de interés.

Este hecho no se trata de una particularidad argentina. Muchos países encararon medidas para proteger la salud, el empleo y los ingresos, más allá del signo ideológico o político. Según la Cepal, en América latina Perú anunció medidas cuyo costo representa poco más del 7 por ciento del PBI, complementadas por garantías estatales de crédito que llegan a un 4 por ciento. Chile anunció acciones por montos equivalente al 5,5 por ciento del PBI, además de garantías estatales para créditos que podrían llegar hasta el 10 por ciento.

El Informe realizó una estimación del impacto fiscal de las principales medidas económicas para atenuar los efectos de la pandemia. Las de asignación de ingresos, entre las que se encuentran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los bonos a jubilados y la duplicación del ingreso de la AUH, AUE y Tarjeta Alimentar, representarían erogaciones por aproximadamente 291.685 millones de pesos, monto que representa un 1,2 por ciento del PBI. El IFE significa la principal medida de este grupo por su magnitud, su alcance y su impacto: el primer pago alcanzó a un universo de 7,9 millones de personas, que ascendió a 9 millones en mayo y junio. Si bien el gasto total alcanzaría los 258.543 millones de pesos (89 por ciento del total de gastos de las medidas de asignación de ingresos), su impacto es indispensable. “El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza», reforzó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Las medidas que procuran atender al trabajo y la producción alcanzan un impacto fiscal estimado de 460.242 millones de pesos, 1,8 por ciento del PBI. Entre ellas se destaca el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) cuyas erogaciones totales se estiman en 404.152 millones de pesos. El Programa, que abarca desde la reducción de contribuciones patronales hasta una asignación compensatoria al trabajo pasando por créditos a tasa cero para trabajadores autónomos, representa la mayor parte del esfuerzo estatal destinado a atenuar el efecto de la covid-19 (62,3 por ciento). El resto de las medidas que acompañan al ATP en pos de mitigar el efecto de la crisis en el sector productivo y el trabajo son la prohibición de despidos y suspensiones, créditos para capital de trabajo, obra pública, fondos para cultura y clubes y bonos para trabajadores de salud, seguridad y defensa.

Ahora bien, la gran pregunta es cómo se financian todas estas medidas y cuál es el impacto que puede llegar a tener para la economía “el día después”. La pandemia encontró a un país signado por fuertes restricciones presupuestarias, sin acceso al crédito internacional y en pleno proceso de reestructuración de la deuda. El financiamiento se realizó a través de la expansión de los billetes en poder del público. Si bien por este motivo aumentó, la base monetaria total cayó al verse más que compensada por una baja en los depósitos de pesos en el BCRA, su tercer componente. El BCRA redujo los encajes para las entidades financieras que otorgaban los préstamos al 24 por ciento. “El saldo entre el 20 de marzo y el 21 de mayo indica que si bien la base monetaria cayó 1,2 por ciento en términos nominales, el circulante en poder del público aumentó 22,2 por ciento, los billetes y monedas en entidades se incrementaron 16,8 por ciento y las reservas bancarias en el BCRA cayeron 33,5 por ciento”, remata el informe.

El financiamiento de las medidas excepcionales a través de la expansión de la base monetaria tiene un límite establecido por la propia carta orgánica del BCRA. Una de las alternativas de financiamiento es la imposición de un gravamen extraordinario a las grandes fortunas, proyecto que presentarán diputados del Frente de Todos.  La iniciativa alcanzaría a 12.000 personas (el 0,2 por ciento de los contribuyentes de bienes personales) con un
patrimonio superior a 3 millones de dólares del total de bienes personales declarados, que podrían
llegar a aportar poco menos de 1 por ciento del PBI.