Doble juego del Gobierno con Venezuela: condenará los derechos humanos y el bloqueo de EE.UU.

El presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá conversan en estas horas sobre cuál será la inminente posición argentina ante los organismos de Naciones Unidas que tienen sede en Ginebra. Ocurre que, entre lunes y el martes próximos, el Consejo de Derechos Humanos del organismo evaluará dos resoluciones sobre la situación en Venezuela.

El Gobierno analiza entonces apoyar la declaración que destaca que en Venezuela se cometen violaciones a los derechos humanos, definiciones que están en la segunda resolución que se debate y que incluye el duro informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentado a mediados de año. Este da cuenta de que en el país caribeño se han cometido miles asesinatos, torturas y otras vejaciones a los derechos humanos, que la justicia no es independiente y que hay presos políticos. La otra es un proyecto que patrocinan Irán y otros aliados de Venezuela que estipulan cooperación técnica y asistencia en materia de derechos humanos, que diluye toda crítica.

Aún así, de acuerdo a lo consultado por Clarín con fuentes a cargo de las negociaciones, el Gobierno de Fernández quiere dejar en su posición fuertemente asentada su posición de que rechaza los bloqueos y las sanciones contra Venezuela como modo de presión, tal como promueven los Estados Unidos. 

Las fuentes consultadas señalaron que la posición más aproximada a esta cuestión es la que plantea el llamado Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, en el que tiene una fuerte participación la Unión Europea, que no sólo sostiene que en ese país se cometen abusos a los derechos humanos. Sin embargo la UE mantiene su propio esquema de sanciones contra Caracas y ahora critica las elecciones legislativas que para el 6 de diciembre quiere llevar a cabo el régimen de Maduro. El gobierno argentino las apoya. 

Ahora, el Gobierno insiste en que no está de acuerdo con las definiciones de «crímenes de lesa humanidad» cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y varios ministros como dictaminó en septiembre una misión de expertos de la ONU, y que la Argentina apoyó en 2019 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el embajador era Carlos Foradori.

Aún así, esta segunda declaración, según supo Clarín de altas fuentes, no contendría la definición de «crímenes de lesa» humanidad aunque incorpore el trabajo de la misión, cuyo mandato se deben prorrogar o no los países que integran el Consejo de DDHH (Argentina es uno) para que siga investigando los abusos cometidos por el comando chavista en Caracas.

La crisis venezolana es un punto de conflicto interno para el gobierno de Alberto F. El núcleo duro que sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner -cuya gestión fue aliada al chavismo- considera que Venezuela es víctima de una cruzada estadounidense, y que sufre un asedio internacional mientras que la cuestión de los derechos humanos no es un asunto más grave que los abusos en otros países de la región.

Esta fue de hecho la posición expuesta esta semana por el nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, quien pidió «no estigmatizar» a Venezuela. Fueron palabras catalogadas como «tristes» por el subsecretario para los Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly durante una conversación con la AmCham en la que participó Clarín. Raimundi ya había dicho lo mismo cuando se trató su pliego para ser diplomático ante el Senado en febrero. Pero ahora incomodaron al Presidente y al Canciller porque en sus definiciones más militantes que diplomáticas, dio entender  que también criticaba el «informe Bachelet», lo que debió salir a aclarar.  Puesto en el cargo por la familia Kirchner, Raimundi reemplazó en la OEA a Daniel Raimondi, diplomático senior, castigado por ser vicecanciller de Jorge Faurie.

Desde que asumió además, el Gobierno se abstuvo de condenar a Maduro y gobierno en la OEA, donde libra una «guerra fría» contra su secretario general, Luis Almagro, a quien consideran que está «al servicio» de los intereses de Estados Unidos. Fernández no apoyó su reelección a principios de año

A mediados de julio, el Gobierno había apoyado las denuncias del reporte de Bachelet , pero el propio Presidente Fernández recibió críticas del núcleo duro K. La presión viene por todas partes, ya que esta semana el embajador de los Estados Unidos Edward Prado le planteó a Solá durante un almuerzo que para su país la crisis humanitaria de Venezuela era una preocupación, al igual que las violaciones a los derechos humanos. Prado también la necesidad de apoyar el trabajo de Bachelet. 

Y el viernes Amnistía Internacional Argentina tomó el mismo camino. «Argentina debe demostrar con hechos su condena a las violaciones de derechos humanos en Venezuela», señalaba un comunicado abogando por el apoyo a la tarea y al informe de la Alta Comisionada y a la continuidad de la misión. «Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos o la responsabilidad del gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablado de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia», dijo Mariela Belski, directora ejecutiva del organismo internacional, en alusión al discurso de Raimundi en la última reunión de la OEA.  

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