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Cuatro municipios opositores buscan comprar pistolas Taser para las policías locales

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La decisión está en el despacho del gobernador bonaerense Axel Kicillof. A pesar de el pronunciamiento favorable del ministro de Seguridad, Sergio Berni, sobre la utilización de las pistolas Taser, resulta improbable que en Provincia se aprueben compras de armas de electrochoque.

No estaría en las partidas disponibles en 2020 para la fuerza. Los giros financieros de Nación a Buenos Aires, por 35.000 millones de pesos, destinados a Seguridad, no involucrarían esas compras. “No descartamos esa previsión futura, pero los fondos son escasos y hay otras prioridades”, es una explicación. La otra es ideológica, aunque reservada a ámbitos más herméticos del oficialismo.

El tema tuvo su más alta exposición el último día de setiembre, cuando el policía federal Juan Pablo Roldán resultó muerto de una cuchillada en el barrio porteño de Palermo. Su atacante, una persona con trastornos psicológicos que también terminó muerta por disparos de los agentes de la PF. “Se habrían salvado dos vidas”, en caso de utilizar la Taser, alegaron. Berni fue de los primeros en respaldar su uso para ese tipo de episodios. Incluso en abierta polémica con la ministra del área, Sabina Frederic, a quien pidió el traspaso de las 90 pistolas disponibles en Nación sin uso aparente. La Ciudad Autónoma está a un paso de incorporarlas al sistema de seguridad. Lo anunció el vicejefe de CABA, Diego Santilli.

En la Provincia el primer rebote surge del Conurbano. Hay cuatro municipios de la oposición que enviaron proyectos a los Concejos Deliberantes para avanzar con las compras. Lanús, Tres de Febrero, La Plata y Vicente López presentaron la propuesta de nueva ordenanza. El trámite, una vez aprobado por el CD, se eleva al ministerio de Seguridad para la aprobación final. Los cuatro distritos disponen de mayorías simples para las sanciones respectivas. Después, habilita una resolución de Berni. No hace falta normativa especial de la Legislatura.

“Creemos en sumar nuevas herramientas y tecnología que permitan dar mayor seguridad a los agentes, y protección a terceros contra episodios delictivos”, explica Julio Garro (La Plata). El jefe comunal ya había solicitado una dotación de pistolas en la gestión María Eugenia Vidal. En 2019 el entonces ministro Cristian Ritondo, incluyó los pedidos. El proyecto estaba en sintonía con los protocolos acordados en 2019 por Nación, con la ministra Patricia Bullrich.

En Lanús, Néstor Grindetti, tendrá la aprobación del proyecto por apenas un voto de diferencia. Serán 50 dispositivos de electrochoque “con la finalidad de crear una cuadrilla especial de agentes de seguridad municipales y policías locales que tendrán funciones específicas en la estación de Lanús y zonas de alto tránsito”. Existen evidentes contrastes. La idea de Frederic era destinar esas pistolas a unidades de elite de las fuerzas federales, desplazándolas del uso cotidiano, precisamente, en terminales de gran afluencia de público, como estaciones ferroviarias o aeropuertos, tal como se había diagramado durante la gestión Macri-Vidal y readapta Grindettti.

Habría, además, una laguna técnica en ese proyecto porque los agentes de seguridad municipal son una fuerza con poder disuasorio, sin uso de arma, y la Taser reviste tal carácter, aunque no sea letal.

Sólo la Policía bonaerense que reporta a un comando y la Policía local, vestigio de la creada en 2014 por Alejandro Granados, en la gestión de Daniel Scioli, pueden portar armamento.

Aún así, Jorge Macri (Vicente López) manifestó vía Twiter: “Imitando la iniciativa de Grindetti en Lanús, creemos que las pistolas Taser, que se usan en una docena de países, son una herramienta fundamental para reducir lesiones en situaciones delictivas, tanto en efectivos como en terceros”.

En la administración Kicillof demuestran cautela sobre la aplicación. La misma prudencia que manifestaron los intendentes oficialistas del Gran Buenos Aires consultados por este diario. Los agobia el delito callejero y contra la propiedad. Tanto como la recesión económica que secó de recursos a las comunas. La mayoría de las cuales tendrá dificultades para pagar sueldos en tiempo y forma. Asumen como razonable la utilización de las Taser. Aprueban. En Ezeiza, por ejemplo, donde gobierna Granados, destacan como un aporte la incorporación de este elemento disuasorio. Hasta ahí. Remiten al ministerio de Seguridad para la conveniencia de una resolución general que protocolice el uso, reglamente las características de intervención y quienes estarían habilitados para la portación.

Hace unos días, el propio Berni aportó con el detalle: “Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza, lo que a uno le permite usar la legítima defensa”. Hasta el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, manifestó su apoyo.

Después, el funcionario bonaerense (y el legislador) aplacó el empeño. Había pasado el amotinamiento policial y la pelea con Frederic, encargada de derogar el uso de las Taser. Ahora, la expectativa es por la asignación de un porcentaje, no establecido, de los 35.000 millones de pesos a los municipios dentro del Plan de Seguridad anunciado por Kicillof.

Por eso, sólo la oposición mantiene la agenda. Hay algo más que el presupuesto de las 200 Taser para cuatro municipios. A razón de cincuenta por comuna que pedirán a los Concejos Deliberantes. ¿El valor? Hasta 3.000 dólares por unidad, según la calidad del material. Más el costo por la provisión de proyectiles. En el diagrama del Plan de Kicillof están los patrulleros, armamento convencional, refacción y obra en comisarías, dispositivos de cámara de seguridad, entre otras previsiones. Es otro paquete, de mucho mayor volumen.

Por cuerda separada, a fines de octubre ingresará el proyecto de Presupuesto 2021. La pulsión, hasta entonces, estará entre el lateral avance declamativo de los intendentes de JpC por las Taser y el silencio de la Gobernación, que, de todos modos, observa con prejuicio la continuidad de la prudencia declarativa de Berni en temas de armas.

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